Isabel Allende Bussi
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado
Senadora por la Región de Valparaíso
Según el informe de la OCDE, Valuation of Biodiversity Benefits (2001), el medioambiente es uno de los cuatro principales ejes impulsores del bienestar social, tan importante como el estado de la economía, la justicia social y la salud de la población. Es más, la contribución de los ecosistemas al bienestar humano –concepto conocido como servicios ecosistémicos– es fundamental para el adecuado funcionamiento del mundo como lo conocemos.
Entre estos servicios se incluyen la regulación del clima, la creación de aire puro, la seguridad hídrica, la polinización, la protección ante desastres naturales como plagas y la recreación estética y espiritual, entre varios otros. Pues bien, hay estudios que explican que el valor de todos los servicios ecosistémicos del planeta asciende a casi el doble la producción económica de todo el mundo. Esto quiere decir que los problemas de la Tierra son también los problemas de la gente. Debemos cuidar el patrimonio natural de todos los chilenos porque en el largo plazo significa más crecimiento para el Chile que queremos.
Como país que basa su economía en la explotación de recursos naturales y siendo uno de los más vulnerables al cambio climático, alcanzar un modelo de desarrollo sustentable es fundamental para Chile. La falta de adaptación al cambio climático permitió la existencia de terribles incendios forestales el año 2017 y, además, el cambio climático ha causado la sequía más extensa y profunda del último tiempo entre los años 2010 y 2016.
Este tipo de situaciones nos muestran una y otra vez que Chile necesita progresar y fortalecer su institucionalidad ambiental. Hoy día las distintas funciones estatales respecto a la gestión de la biodiversidad están fragmentadas y aisladas en diversos órganos administrativos que actúan descoordinadamente. Es necesario que un solo órgano del Estado reúna las atribuciones que permitan gestionar nuestro patrimonio natural sustentablemente. Necesitamos saldar nuestra deuda con la creación de una institución moderna que sea capaz de proyectar políticas a mediano y largo plazo, con una gestión adaptativa, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.
La institucionalidad ambiental chilena se diseñó contemplando un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas e incluso la OCDE ha solicitado formalmente a Chile en más de una ocasión crear el Servicio de Biodiversidad. Será este nuevo organismo del Estado el que estará a cargo de desafíos a nivel país que no se abordan en otros proyectos de ley, como el del Servicio Nacional Forestal.
Un ejemplo de desafío a los que se enfrenta nuestro país es la falta de información en biodiversidad. Por ejemplo, de las más de 35 mil especies nativas descritas, sólo cerca de mil -menos del 3%- se encuentran clasificadas de acuerdo a su estado de conservación. Esto quiere decir que el Estado de Chile aún no hace seguimiento oficial de estado de salud y conservación del 97% de las especies que habitan en el país. Mediante esta ley de biodiversidad, Chile desarrollará una plataforma nacional de información que esperamos pueda seguir la “bio-alfabetización” que países como México, Colombia y Costa Rica, han desarrollado desde hace muchos años.
El verdadero camino al crecimiento y desarrollo es uno en que toda la sociedad obtiene bienestar de la naturaleza en un marco que busca la prosperidad integral y perdurable, es decir, sustentable. Por ello, el camino al desarrollo no pasa por debatir falsamente entre crecimiento y cuidado de la naturaleza, sino que más bien va por entender que la conservación de nuestro patrimonio ambiental potencia el crecimiento. Es por eso que hago un llamado al gobierno a aprobar este proyecto fundamental para el país y el mundo.