Alfonso de Urresti
Senador de la República por la Región de Los Ríos
Hasta no hace mucho, hablar de humedales era tema de expertos, ajeno a quienes vivían en las ciudades, porque los que tomaban las decisiones sobre el territorio eran siempre otros. Pero eso cambió, pues la naturaleza forma hoy parte del plan de vida de muchas familias.
El cuidado del medio ambiente es ahora un bien común y no solo de aquellos preocupados de salvar ballenas y rechazar centrales nucleares. A la mayoría le interesa la calidad del aire, el reciclaje, disminuir el uso del plástico y ahora los efectos del cambio climático.
Es en ese contexto que un actor antes secundario de la vida en las ciudades cobra protagonismo: el humedal urbano. Porque a ese espacio que antes terminaba convertido en pantano o vertedero ilegal, hoy se le percibe jugando un rol vital para la existencia de una gran biodiversidad.
Un hito cercano en esta nueva mirada de los humedales se genera con la contaminación del Humedal Carlos Andwanter, en Valdivia, por la acción de la empresa Celco, que el 2004 movilizó a miles de personas reclamando por la muerte de los cisnes de cuello negro y la afectación de las aguas del Río Cruces.
De ahí en adelante el diálogo ha sido distinto. Se trata de una conversación sostenida por la organización de muchos ciudadanos que han entendido que el humedal no solo puede ser un buen vecino, sino que se trata de un integrante más de la comunidad, uno que merece respeto y cuidado, como los niños, los animales y las flores.
Así lo han entendido también muchas ciudades y municipios que, como en la Región del Biobío, han integrado progresivamente grandes humedales, que dejaron hace rato de ser un problema y hoy son parte de la definición urbanística, turística, recreativa y social de amplios territorios y comunidades.
Gracias a estas experiencias, que se replican en el país, hoy tenemos ordenanzas que buscan proteger los humedales, administraciones que han establecido como Reserva Natural Municipal a algunos de ellos, mientras otros aspiran a convertirse en Santuario de la Naturaleza. En tanto, el Ejecutivo trabaja en los 40 humedales incluidos en su plan nacional de protección.
Pero seguimos siendo testigos de cómo algunos siguen intentando deshacerse de los humedales que entorpecen sus proyectos inmobiliarios. En este escenario de preocupación ciudadana y resistencia privada, surgió el proyecto de ley para proteger los humedales urbanos y periurbanos, que presentamos a mediados de 2017.
Tras su paso por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, de haber escuchado al anterior y actual gobierno, a científicos y profesionales, municipios y a la sociedad civil, esta iniciativa se encuentra en su segundo trámite en la Cámara de Diputados. Confiamos en su pronta aprobación, porque se trata de una herramienta con la que hoy no contamos.
El mes pasado participé en la COP13 de la Convención Ramsar, este año dedicada a los humedales urbanos, ratificando nuestra convicción, pero también constatando la preocupación de organismos como la Unesco que ha otorgado a algunos la categoría de Patrimonio de la Humanidad.
Este camino de protección de los humedales no es nuevo. Estudios revelan que los huilliches, antes de los españoles, se relacionaban activamente con ellos. La diferencia es que ahora se trata de un camino sin retorno, porque lo que está en juego es el futuro y porque se ha entendido que no son las ciudades las que tienen humedales, sino que son los humedales los que han permitido la existencia de ciudades.