Blanca Rivera Flores,
Andrés Arriagada,
Ovidio Melo y
Claudia Quiroz
Programa de Capacitación Nacional a Organizaciones de Usuarios del Agua
Comisión Nacional de Riego (CNR) Universidad de Concepción
En Chile las mujeres han sido históricamente excluidas de la gestión del agua. Pese a que nuestra sociedad evoluciona hacia relaciones más equilibradas entre hombres y mujeres, en esta materia no se transita en esta dirección, manteniéndose hasta el día de hoy marcados desequilibrios de género.
El agua para uso doméstico, industrial y principalmente para riego, ha disminuido su disponibilidad hasta niveles que ponen en riesgo el desarrollo económico y la permanencia de las familias en el medio rural.
Si el déficit de agua afecta con fuerza a gran parte del territorio nacional, los encargados de su gestión deben adoptar medidas efectivas que permitan cuidar este recurso. Cabe entonces preguntarse ¿Quiénes son los responsables de las soluciones?, o mejor dicho ¿Somos todos igualmente responsables de la pérdida de los equilibrios ambientales, de la destrucción de los recursos naturales y de la escasez hídrica? Ciertamente no.
Desde una mirada de género, sabemos que nuestras relaciones con la naturaleza no son neutrales, son modeladas por la cultura y reflejan también nuestras diferencias. Dos aspectos centrales definen esta relación: Una de ellas surge cuando nuestra sociedad empieza a visualizar la naturaleza como algo inerte y profano lo cual permitió manipular, gestionar y explotar sus recursos, sin miedo a sufrir represalias de orden divino (Carolyn Merchant, 2015).
Por otro lado, la subordinación existente en nuestra estructura social, de un género sobre otro, involucra también a todo aquello que se considera femenino, sea un cuerpo, un recurso, una actividad. Así dominar a las mujeres resulta equiparable al dominio que se establece sobre la naturaleza.
Gestión del agua en Chile
Esta asimetría se constata en estudios internacionales que indican que del total de personas que han debido desplazarse por efectos del cambio climático, el 80% son mujeres (WEN, 2015). En nuestro país estas disparidades se expresan muy claramente cuando analizamos la gestión del agua en Chile.
De acuerdo a nuestra legislación, el agua se considera un “bien nacional de uso público”. A partir 1981, la reforma al Código de Aguas permitió privatizar los derechos de aprovechamiento del agua posibilitando su compra y venta creando un mercado del agua, el cual se basó en la idea de que “el acceso al agua es un bien económico” (Eduardo Baeza, 2018).
El Estado entregó gratuitamente a particulares, derechos de aprovechamiento de aguas a perpetuidad, por lo que sus propietarios pudieron arrendar, comprar o vender sus derechos, independiente de las necesidades del país, de las comunidades y de los equilibrios ambientales.
Los propietarios de los derechos para poder utilizar el agua de un mismo río o de un mismo canal, requieren organizarse en las denominadas organizaciones de usuarios de aguas (OUA). Estas son organizaciones privadas sin fines de lucro, encargadas de la administración, distribución y la resolución de conflictos. En estas organizaciones las decisiones se toman de acuerdo a la cantidad de derechos de aprovechamiento de aguas que posee cada usuario, adquiriendo mayor representatividad los que tienen más agua en desmedro de los que tienen menos.
Pero, quiénes son los propietarios actuales de los derechos de aprovechamiento de aguas?, ¿Quiénes integran las OUA? ¿Quiénes las dirigen? Los datos que se manejan hoy son estimativos. Si consideramos solo los derechos de agua cuyos propietarios son personas naturales y nos preguntamos cuántos de estos derechos están en manos de mujeres, las cifras obtenidas hasta hoy son muy claras: muy pocas. Simplemente las mujeres fueron marginadas de acceder a este bien nacional, que se suponía pertenecía a todos y todas.
Las cifras de la desigualdad
Poseer derechos de aprovechamiento de aguas presenta barreras invisibles para las mujeres. La antigua costumbre de registrar las propiedades a nombre del jefe de familia o a nombre del hijo mayor ha sido un obstáculo importante.
También los prejuicios históricos como son limitar a las mujeres al espacio doméstico, hacerlas depender de las decisiones del padre, marido o del hermano, o considerar que tener bienes económicos vuelve independiente y empodera a las mujeres.
A esto se suma la falta de educación, el poco acceso a la información y baja disponibilidad de recursos monetarios. Legalmente no existió ningún impedimento para que las mujeres fueran asignatarias de derechos de aprovechamiento de aguas, pero en la práctica los mecanismos de exclusión operaron calladamente generando un escenario desigual, que resulta hasta hoy, difícil de modificar. La distribución de los derechos de aguas en los ríos LLuta, Copiapó Hurtado y Las Toscas, refleja claramente esta desigualdad.
Las diferencias también se encuentran en las acciones o volúmenes de agua que están en manos de las mujeres. En las cifras se observan desequilibrios desproporcionados que pueden alcanzar concentraciones de hasta un 77% de acciones en manos de hombres y 23% en manos de mujeres, como es el caso del Río LLuta. En todos los casos las mujeres que acceden a la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas, es bajo y las cantidades de derechos que poseen son aún más bajas, con excepción de Las Toscas.
Las mujeres están impedidas de participar en las OUA y asumir un cargo, si no están inscritas en el registro de comuneros, o que asistan en representación de un titular, quedando así marginadas de la toma de decisiones. Los directorios de las OUA, pueden adquirir gran incidencia en el espacio rural especialmente cuando escasea el agua o cuando los directorios están integrados por grandes empresas.
Aunque las mujeres pueden verse afectadas directamente por las decisiones que adopte el directorio, las posibilidades de asumir un cargo directivo, son muy limitadas. Los datos obtenidos nos demuestran que los porcentajes de mujeres que acceden a los directorios de sus OUA son aún más bajos que las acciones que poseen.
No solo los prejuicios limitan a las mujeres, sino también los obstáculos derivados de falta de información, pocos conocimientos específicos en temas de aguas, falta de redes de contacto, entre otros. Estas restricciones podrán superarse en parte si se avanzara en una Ley de Cuotas, tal como la que hoy se discute en el Cámara respecto de las sociedades anónimas.
Soraya Pavleón Castro, ex presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Lluta, relata su experiencia: “La vida en el campo es drástica porque hay demasiadas cosas que hacer y las responsabilidades en la junta de vigilancia son a tiempo completo. Me tocó un tiempo difícil porque había una minera que quería instalarse al comienzo de la cuenca”.
“Generamos un movimiento regional que logró frenar la minera. Ese fue el resultado de nuestra gestión… pero para eso me lo tuve que leer todo, cada uno de los documentos punto por punto. Por eso le recomiendo a cualquier mujer que quiera asumir un cargo, que se lo lea todo”, aseguró Pavleón.
Medidas de equilibrio
Una iniciativa interesante, dentro de las acciones impulsadas por la Comisión Nacional de Riego, ha sido el programa de Capacitación Nacional a Usuarios del Agua, el cual ha enfatizado la necesidad de visibilizar el tema, desarrollar contenidos de género y efectuar discriminación positiva en los cursos de capacitación, lo que se ha traducido en un 44% de participación de mujeres en los cursos realizados. Avanzar hacia una igualdad de género en la gestión de los recursos hídricos resulta hoy ineludible para nuestro país.