Guido Girardi
Senador de la República de Chile
Presidente de la Comisión Desafíos del Futuro
Respaldamos la decisión del Presidente Sebastián Piñera de realizar en Chile, en enero de 2020, la Cumbre del Clima (COP25), instancia que busca limitar el incremento de la temperatura global y mitigar los efectos del cambio climático.
Hasta ahora todas las COP no han logrado sus principales objetivos, la temperatura sigue aumentando y en los próximos 20 años subirá 2° que es más de todo lo subido desde 1850 a la fecha (1,5°) con las consecuencias que ya sabemos. Avanzamos hacia un desastre y no hay conciencia de ello.
En ese escenario Chile puede dar señales de un compromiso real con el medio ambiente y liderar un cambio profundo. Tener el desierto más irradiado del planeta nos permite ofrecer energía barata y limpia a toda la humanidad; contamos con litio y cobre –con fundiciones solares y sin huella de carbono- para la electromovilidad mundial. Sin embargo, para que no sea sólo pirotecnia, se requiere coherencia con la política medioambiental interna.
No es buena señal negarse al Tratado de Escazú –compromiso ambiental de América Latina y el Caribe- por la responsabilidad global que implica enfrentar un problema mundial. La contradicción es evidente.
No apunta en la dirección correcta mantener una institucionalidad ambiental de papel, sin dientes ni muelas, donde los requisitos técnicos se supeditan a los criterios políticos y dejan, finalmente, en manos de los tribunales de justicia las calificaciones medioambientales de los proyectos productivos.
Se requiere reformular el Servicio de Evaluación Ambiental, eliminar el Comité de Ministros – una mera instancia discrecional- y que las universidades regionales realicen la evaluación técnica de los proyectos los que, por su nivel de sofisticación, muchas veces el ente público no tiene capacidad de evaluar. Y si cumplen con los requisitos técnicos, se toma la decisión política, pero no al revés. Actualmente es como obtener licencia de conducir y dar los exámenes después.
También hay que mejorar la Ley de Bases de Medio Ambiente, hacer un buen proyecto de borde costero, avanzar en materia de delito ambiental –que de existir habría evitado muchos desastres del pasado- hay que empoderar al Ministerio Público y darle las atribuciones en materia penal, porque tiene experiencia y capacidad intrusiva, por sobre la Superintendencia de Medio Ambiente.
Hay que avanzar en una institucionalidad que deje a todos tranquilos al resolver. Hoy tanto los buenos como los malos proyectos están bajo “sospecha”.
Se requiere una ley integral de cambio climático que entre otras cosas debe establecer el recurso agua como un bien nacional de uso público -con prioridad para consumo humano, saneamiento básico y alimentación- a perpetuidad para todos los chilenos y no sólo para grupos económicos y especuladores. Chile es el único país en que el agua está privatizada y los anuncios del ministro de Obras Públicas profundizan la privatización.
Los glaciares -principales reservas de agua del planeta- también deben ser bienes nacionales de uso público y ser desafectados por ley y no simple decreto. Hay que crear un servicio de biodiversidad que permita un marco global de mayor compromiso ambiental en todos los ámbitos: áreas protegidas, las sin ese rango -que tienen los mayores problemas- y los ecosistemas marinos.
Por ese camino el Presidente puede contar con nuestro apoyo en la COP 25. Esperemos que no sean sólo fuegos de artificio.