Conformes se manifestaron en la Agrupación Puro Ibáñez, de Puerto Ingeniero Ibáñez, al conocer la renuncia de Red Hill (que opera por mandato de la minera australiana Laguna Gold) a la resolución de calificación ambiental (RCA) que aprobó un proyecto de 101 prospecciones a 3,5 kilómetros de la localidad.
La declaración de impacto ambiental había sido aprobada a fines de octubre por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, acto administrativo que fuera revertido por la Corte Suprema a fines de mayo al acoger un recurso de protección presentado por vecinos y que obliga al Estado a realizar el proceso de participación ciudadana que fuera negado por el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Claudio Aguirre.
La noticia fue recibida con satisfacción por la organización, entendiendo que la labor por un desarrollo sustentable en la comuna de Río Ibáñez no termina al momento del retiro del proyecto: “No vamos a bajar los brazos frente a cualquier otra amenaza ambiental que pueda existir en nuestra localidad” manifestó la presidenta de Puro Ibáñez, Mirza Hernández. Por ello, su llamado fue “a seguir alertas frente a esto, a informarnos, a seguir el apoyo a la red y continuar atentos a cualquier situación que pueda ocurrir y con la que nos podamos ver afectados”.
Para el socio Juan Huala esto es un triunfo producto de la unidad social: “Estamos felices, contentos. Sentimos que es un objetivo que se logró solo y únicamente gracias a la participación ciudadana” indicó.
En su opinión, la relevancia de la decisión se sustenta en que “la Patagonia es un paraíso y es la fuente de naturaleza y biodiversidad que tenemos en el país y una de las más importantes en el planeta. Entonces tenemos que protegerla y salvaguardarla, y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el compromiso y esa es la lucha que queremos hacer desde Puro Ibáñez”.
En este sentido, agradeció Huala “a la Red Anti Mineras y a todos los actores y organizaciones que estuvieron con nosotros, que nos apoyaron en este camino que no fue sencillo. A las organizaciones que supieron estar a la altura, estar en las instancias necesarias”.
Marlina Orellana, quien fuera la primera presidenta de la Agrupación Puro Ibáñez y una de las suscriptoras del recurso de protección acogido por la Corte Suprema, recibió con satisfacción la noticia: “Estamos felices por este desenlace. Lo consideramos un triunfo ciudadano”.
En su opinión, es “un claro ejemplo de que una comunidad organizada debe ser escuchada y tomada en cuenta a la hora de decidir sobre la ejecución de proyectos cercanos a sus pueblos”, y envió un mensaje a las autoridades, llamándoles a “buscar alternativas económicas sustentables y sostenibles en el tiempo, y que generen aportes a toda la comunidad y no solo a un sector”.
En las últimas semanas, Laguna Gold, controladora de El Toqui, ha retirado dos proyectos tramitados en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Uno de 146 prospecciones en Alto Mañihuales, que se mantenía en evaluación y sobre el cual debía responder a múltiples observaciones, y ahora Terrazas, renunciando a la RCA que lo aprobó.
En el retiro del primero el argumento fue no contar con recursos económicos para seguir con la tramitación ambiental. En la renuncia del segundo no entregaron razones, aunque se produce a pocos días de la decisión de la Corte Suprema de revertir el proceso, realizar participación ciudadana y someter nuevamente a evaluación la iniciativa, lo cual necesariamente implicaría para quebrada compañía incurrir en gastos extra.
Esto es coherente con la situación de tres declaraciones de impacto ambiental también aprobadas y sobre las cuales la empresa no ha renunciado a sus derechos: Katterfeld (100 prospecciones), Santa Teresa (97 prospecciones) y la ampliación de la vida útil del tranque de relave Concordia. De esta forma, mientras no renuncie, tales aprobaciones se mantienen como activos de la insolvente sociedad.
Lunes 10 de junio de 2019.
Fuente: El Ciudadano.