Dr. Ricardo Figueroa Jara.Académico Facultad de Ciencias Ambientales
Investigador Centro Eula
Universidad de Concepción.
La gestión integrada de cuencas (GIC) es una herramienta que ha sido utilizada por todos los países desarrollados, y también por naciones con economías en transición de América Latina, como un modelo único y exitoso que permite la gobernanza descentralizada y participativa de los recursos hídricos disponibles para las diversas actividades que este importante recurso sustenta.
Esta se constituye así en una herramienta de información sobre la cantidad temporal, uso del agua disponible, alerta de crecidas, etcétera, facilitando un verdadero mecanismo de adaptación al cambio climático.
Chile, en su camino hacia el desarrollo, ha intentado responder a las presiones que ha ido imponiendo la OCDE en sus recomendaciones 2005 y 2015. Estas son claras e indican que el país debe caminar hacia la gestión integrada de cuencas, dejando entrever que un modelo de mercado basado en los derechos individuales sobre un teórico bien común como lo es el agua, existente en Chile desde 1981, no es sustentable en las visiones modernas del acceso al agua como derecho humano.
Es más, la propuesta para una gestión integrada de cuencas estuvo en la agenda del primer gobierno de la ex Presidenta, Michelle Bachelet (2006), misma propuesta que desapareció en el gobierno siguiente del Presidente Sebastián Piñera, y de la cual no se volvió hablar en segundo gobierno de Bachelet, donde sí se estableció una amplia discusión sobre las modificaciones del Código de Agua, que en definitiva no permite la gestión cuando los caudales son centralizados a un administrador común, la Dirección General de Aguas.
Esta última institución, lejos de gestionar, debe velar por el cumplimiento de los usos y no usos del derecho otorgado. Esto en la práctica incentiva la explotación del recurso por sobre la necesidad primaria, que es asegurar el recurso vital a la población y los recursos biológicos que sustenta. Sin embargo, a pesar de las modificaciones del año 2005 para impedir la especulación, hoy sigue siendo un activo que puede ser un gran negocio para quien posee el derecho.
La cantidad ya no es la misma cuando se han sobreexplotado los caudales superficiales disponibles, y sobre la calidad mejor no hablar, ya que después de casi 20 años de discusión sobre unas normas secundarias de protección de aguas superficiales, estas aún son escasas a nivel país. Las que existen, siguen la lógica territorial natural de cuenca y subcuencas para el control.
Esto es lo correcto, pero difícil de aplicar sobre un agua desterritorializada que puede ser libremente explotada o salir de la cuenca a través de canales de regadío o de trasvases bajo el mismo precepto de “derecho de aguas”, como si el mismo ecosistema “cuenca hidrográfica” en su dimensión ecológica no los tuviera, y que es un aspecto relevante de la seguridad hídrica.
Como si llevarse el agua no implique otros elementos vivos (biodiversidad), elementos disueltos y aspectos socio-culturales de la cuenca, como si el agua misma no fuera parte del territorio. De esta forma los ríos pueden ser secados o perder su capacidad de dilución, y entonces las normas de protección no se pueden aplicar. Esto, debido a que al ser superadas las normas les sigue, según la ley, un plan de descontaminación donde participan todos los usuarios directos de la cuenca, y en este caso, ¿cómo aplicaría fuera de la misma, si el agua está saliendo hacia otro sistema cuenca-receptora?
De esta forma se crea una doble incertidumbre, de la cuenca de donde proviene el agua que requiere gestionar de manera planificada para los diversos usos (GIC), incluyendo el uso natural, y de la o las cuencas que se ven favorecidos con el recurso y que realizan una gestión de explotación, creando inclusive nuevas necesidades sobre lo que naturalmente no se tiene.
Ambos sistemas disputando derechos sobre un bien no común. Tampoco es posible mirar el territorio desde la autogestión integrada a partir de sus recursos y aptitudes. Es decir, desde la visión de cuenca como receptora, acumuladora y proveedora de agua, controladora e integradora de sus tratamientos, gestión de riberas, llanuras de inundación, arborización, etc.
¿Cómo hablar entonces de seguridad hídrica dentro de límites indefinidos y sobre un bien no común?