Con las universidades paralizadas, los investigadores se están manifestando –y reuniendo con los legisladores para averiguar si la ciencia puede ayudar a resolver las desigualdades socioeconómicas.
Por Emiliano Rodríguez Mega
Revista Nature
Traducción Felipe Contreras
Revista Página V
Unos pocos segundos después que estallara un cartucho de gas lacrimógeno cerca de los pies de Marcelo Jaque, respirar se hizo imposible. Jaque, astrónomo de la Universidad de La Serena en Chile, corrió con su pareja hacia un sitio seguro mientras los manifestantes empezaban a asfixiarse, vomitar o quedar inconscientes. Lo que en momentos previos fue una demostración pacífica se convirtió en caos a medida que fuerzas policiales trataban de dispersar a la multitud.
La demostración en La Serena el 21 de octubre fue parte de una convulsión nacional que había comenzado tres días antes debido a un aumento en el pasaje del metro en Santiago, la capital chilena, lo que hizo estallar manifestaciones masivas a lo largo del país. El aumento de 30 pesos chilenos (US$ 0.04) fue la gota que rebalsó el vaso para gente molesta con décadas de desigualdad socioeconómica y corrupción en el gobierno. Manifestantes apuntan a escándalos por fraude tributario, el abusivo costo de la educación y protección de la salud, y la falta de dignidad con la que grupos minoritarios han sido tratados como ejemplo de los problemas existentes.
Desde entonces los enfrentamientos se han vuelto violentos, con reportes noticiosos sobre algunos manifestantes incendiando edificios gubernamentales y fuerzas policiales y militares utilizando gases lacrimógenos, cañones lanza aguas y balines de goma para dispersar a las multitudes. Los enfrentamientos muestran escasos signos de apaciguarse.
Investigadores en Chile comparten sus preocupaciones y frustraciones que han hecho estallar las protestas –y que muchos, como Jaque, han integrado-. Pero también reconocen que la comunidad científica nacional también es un grupo privilegiado, y posee cierta responsabilidad en ayudar a perpetuar la actual situación política y social. Esto ha motivado a que algunos investigadores se reunieran con actores del gobierno para ayudar a abordar los problemas socioeconómicos de Chile.
“No son 30 pesos, son 30 años”, dice Carolina Rojas, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, quien apoya las protestas. Las políticas gubernamentales han ampliado las brechas socioeconómicas entre los chilenos desde 1990, cuando el país salió de una brutal dictadura. El 1% de la población más rica del país recibe el 33% de los ingresos nacionales, mientras que el 70% de los trabajadores chilenos reciben $500 o menos por mes. La madre de Rojas, una retirada profesora de escuela primaria, recibe una pensión de sólo $150, dijo ella.
Una respuesta violenta
Desde fines de octubre, varias universidades han cerrado sus puertas en respuesta a preocupaciones por la seguridad y a un toque de queda de ocho días impuesto por el gobierno –además de permitir a los estudiantes participar en las protestas-. La revuelta también ha provocado el cambio de sede de una cumbre climática mundial programada del 2 al 13 de diciembre en Santiago hacia Madrid, España. “Mentalmente, es difícil trabajar estos días”, dice Jaque.
Más preocupante para todos, incluso investigadores, es la violencia en ascenso. En su último informe, publicado el 6 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile reportó que más de 1.700 civiles fueron hospitalizados por lesiones en las manifestaciones. El instituto también alega que fuerzas de seguridad han asesinado, torturado y abusado sexualmente a manifestantes. El líder de la policía nacional ha negado que agentes policiales hayan violado los derechos humanos durante las protestas. Más de 1.000 agentes de seguridad a lo largo del país han quedado lesionado como consecuencia de las manifestaciones, según la policía.
La violencia no ha detenido las protestas, pero muchos están aterrados. “Creo que todos tenemos miedo”, dice Facundo Gómez, astrofísico de la Universidad de La Serena, la cual canceló las clases el 21 de octubre y aún no ha podido reiniciarlas. El 28 de octubre, Gómez y sus colegas publicaron una carta en las redes para protestar que el 22 de octubre se detuvo a tres estudiantes de la institución, quienes fueron posteriormente “torturados, humillados y amenazados con ser lanzados al río”, conforme a un comunicado del consejo estudiantil universitario.
Claudio Gutiérrez, científico computacional de la Universidad de Chile en Santiago que ha participado en las protestas, también se preocupa por la seguridad de su familia. “Tengo tres hijos, de 16, 18 y 20”, dijo él. “Estoy temeroso porque todos cierran sus puertas todos los días cerca de las 2pm para unirse a las manifestaciones”.
Buscando un camino hacia adelante
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, revirtió el alza en el pasaje del metro posterior al inicio de las primeras revueltas. Pero los manifestantes están demandando cambios más amplios y profundos al sistema político y económico del país. Muchos de ellos incluso están presionando por una nueva constitución para reemplazar la actual, la cual fue implementada durante la dictadura.
Por lejos, el único intento de los legisladores para iniciar el diálogo con los ciudadanos ha sido una serie de reuniones con investigadores formada por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado chileno. Comenzando a fines de octubre, cerca de 50 científicos hablaron con los senadores en la comisión sobre cómo abordar los problemas socioeconómicos del país.
Todos acordaron que el cambio requerirá contribuciones de una sección transversal de la sociedad, pero que la comunidad científica debe hacer su parte. Algunos investigadores mencionan que reformar el financiamiento de la ciencia podría ayudar. Una idea emergente incluye el cambio en cómo son evaluados los científicos para el financiamiento estatal, de forma que se prioricen investigaciones que impacten positivamente al país a nivel nacional o local, dice Gutiérrez. Esto motivaría a que más investigadores trabajen en proyectos que beneficien a los chilenos, tales como resolver la actual crisis hídrica en el país o estudiar las poblaciones más pobres cercanas a las grandes ciudades para ayudarlas, dijo él.
Otros, como Cecilia Hidalgo, bioquímica de la Universidad de Chile y Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, ven el momento como oportunidad para aumentar el gasto estatal en investigación y brindar apoyo a la ciencia en el país. Hacia 2017, el último año con información disponible, Chile gastó aproximadamente un 0.4% de su producto interno bruto en ciencia y tecnología, en comparación a un 0.6% promedio entre los países de América Latina y el Caribe.
Pero algunos apuntan a que esto sólo podría beneficiar a los científicos. “¿Aumentar el presupuesto para qué?” se pregunta Gutiérrez. “¿Para que 10 o 15 grandes centros de investigación sigan publicando y haciendo acuerdos con agencias internacionales, y el resto del país permanece en el mismo estado?”
Rojas cree que las protestas van a cambiar a Chile de forma permanente, aunque no puede decir cómo. Es imperativo que la comunidad científica decida cómo participar de la mejor forma en el futuro de Chile, dijo ella. “No podemos dejar que el país se derrumbe”, agregó Rojas. “Eso podría significar postergar proyectos o publicaciones. Pero me parece que el país vale más la pena”.