El gerente comercial de Arrigoni Ambiental, Leonardo Curotto, sostiene dos factores claves en el éxito de la ley: capacidad para procesar residuos y la disminución de desechos por parte de la ciudadanía. “Echo de menos en la legislación un instrumento que fomente algún grado de responsabilidad al consumidor”, dice el experto.
La Ley 20.920 o popularmente conocida como REP (Responsabilidad Extendida al Productor) es un instrumento político y social que establece por primera vez un marco normativo para cumplir un sistema de gestión de residuos. Es decir, quién instala un producto en el mercado, deberá encargarse de los desechos generados en el proceso de comercialización y posterior consumo de éste.
La cuenta regresiva para una Ley REP en funcionamiento terminará cuando se aprueben y promulguen todos los reglamentos que fijan las cuotas de recuperación y valorización de los productos prioritarios: aceites y lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, pilas, neumáticos y envases y embalajes. A la fecha, sólo se ha publicado el reglamento sobre neumáticos, categoría que entra en vigencia el 1 de enero de 2021, fijando metas de recolección del 50% y 25% de valorización para ese año y con una proyección del 90% al 2028. El reglamento para envases y embalajes se encuentra en revisión y próximo a publicación.
Leonardo Curotto, biólogo y gerente comercial de Arrigoni Ambiental, empresa que ofrece servicios orientados a la seguridad ambiental y el tratamiento de residuos REP con modelos de economía circular, comenta que la nueva legislación es una ventaja evidente si se compara con el actual sistema precario, donde la única gestión de residuos consiste en enterrar los desechos en rellenos sanitarios o vertederos. “El sistema de metas y la obligación de declarar son herramientas para que el desempeño ambiental -referente al manejo de residuos- mejore obligatoriamente de la mano de nuevas tecnologías y procesos que, hasta ahora, no tenían oportunidad de competir con los costos alternativos que ofrece un relleno sanitario”, explica el experto.
Instrumentos como la Ley REP son ocupados en 36 países y en cada lugar se le han hecho numerosas adaptaciones y mejoras. Si bien no existe una fórmula exacta para el correcto funcionamiento de la ley, Curotto explica que sí hay dos factores predominantes: la capacidad para procesar los residuos y la disminución en la generación de desechos por parte de los consumidores.
“Uno de los grandes temores en la implementación de la Ley REP es no contar con la capacidad para procesar los materiales recuperados. En Estados Unidos y Canadá han tenido que recurrir a India o China para reciclar lo que ellos no pudieron. Esto en Chile, puede ser un problema o una gran oportunidad. La necesidad de mayor infraestructura e ideas innovadoras serán un motor para crear nuevos modelos de negocios y tecnologías para el reciclaje”, explica el ejecutivo de Arrigoni Ambiental.
Respecto al rol que cumple la ciudadanía en la disminución de la generación de residuos, el biólogo sostiene: “Echo de menos en la legislación un instrumento que fomente algún grado de responsabilidad al consumidor. Si bien, empresas y municipios son determinantes en el sistema de gestión para recolección y valorización, también es importante enseñar a la ciudadanía a cambiar los hábitos de consumo, descarte y determinar su rol en el modelo de gestión.”.