Felipe Contreras
Cientista político UdeC
Revista Página V
El 12 de diciembre de 2015 y con motivo de la COP21 realizada en París, Francia, los 195 estados miembros de las Naciones Unidas acordaron la firma de un texto que comprendió los acuerdos alcanzados entre los participantes de esta convención, con el objetivo principal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que han intensificado el cambio climático antropogénico y sus consecuencias en el medio ambiente.
El Acuerdo de París tiene como objetivos principales: la limitación del aumento de la temperatura promedio global a un máximo de 1.5°C, en comparación a la temperatura promedio global del periodo preindustrial; instar a las partes del acuerdo a establecer programas locales de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales son revisados y actualizados en periodos de cinco años; facilitar la cooperación técnica y financiera entre las partes, especialmente con los estados de menores recursos; lograr que las partes ejecuten políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, y facilitar una rápida transición hacia la neutralidad de carbono y la adopción plena de un paradigma de desarrollo sostenible.
Qué ha sucedido desde la adopción del Acuerdo de París a finales de 2015, es lo que se discutió el 27 de noviembre en el seminario “El Acuerdo del Clima de París: Cuatro Años Después”, convocado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y realizado en la Corporación Cultural Alianza Francesa de Concepción.
Este seminario fue liderado por la abogada y profesora de Derecho Ambiental, Verónica Delgado Schneider, y el Doctor en Historia de las Relaciones Internaciones y académico del Programa de Estudios Europeos, David Mataix.
A noviembre de 2019, 195 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han firmado el acuerdo, de las cuales 187 son parte del mismo acuerdo.
Muchos países que han firmado el acuerdo se encuentran en la discusión de respectivas leyes de cambio climático, o ya las han promulgado y están aplicándolas. Muchos países que aún discuten sus proyectos de ley al respecto o ya tienen leyes vigentes en la materia, han fundamentado su acción por diferentes razones, ya sea, seguridad nacional, un menor costo en prevención que en el enfrentamiento de las consecuencias –paradigma adoptado por Brasil y México-, o la necesidad urgente de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, ha habido un escaso progreso en el logro de las metas estipuladas en el acuerdo y en las medidas adoptadas por los países ratificadores; en otras palabras, el mundo está experimentando fenómenos climáticos más extremos y más frecuentes en el tiempo –entiéndase olas de calor, sequías, tormentas más intensas, olas polares, etc.-; incendios forestales más frecuentes y destructivos; destrucción de hábitats naturales, y extinción masiva de animales a nivel global.
La situación empeora si consideramos la falta de un liderazgo global comprometido en la lucha contra el cambio climático. Líderes mundiales de alto peso como Donald Trump, Vladimir Putin y Jair Bolsonaro niegan el consenso científico sobre el cambio climático, e insisten en aprovechar los daños ambientales como oportunidades para obtener ventajas geopolíticas y promover industrias altamente contaminantes e insostenibles en el tiempo, y todo esto lo hacen obedeciendo a paradigmas políticos y económicos del siglo XX que ya no son aplicables en el siglo XXI.
Adicionalmente, los gobiernos más comprometidos con la causa han tenido fuerte resistencia de sectores de la ciudadanía a la implementación de medidas drásticas como un mayor gravamen al carbono y mayores impuestos a productos contaminantes como los combustibles fósiles, aun cuando muchos de ellos no tienen acceso a medios de transporte y producción de bajas y/o nulas emisiones de carbono y accesibles en términos monetarios, y además, algunas medidas les obligan a cambiar drásticamente estilos de vida inalterados durante décadas.
En el caso de Chile, si bien se ha destacado el avance en materia de implementación masiva de energías renovables no convencionales en la matriz energética, siendo esto un ejemplo a seguir no sólo en el resto de Latinoamérica sino que también a nivel mundial, aún quedan muchas materias pendientes.
Varios informes internacionales sobre el desempeño ambiental chileno han señalado las graves falencias del país a la hora de mantener el equilibrio de la biósfera chilena, además que las normas jurídicas sobre medio ambiente, incluyendo el anteproyecto de ley de cambio climático, son insuficientes para efectuar una adecuada protección de los ecosistemas en el país.
Con motivo de la COP25, la cual debió trasladar su sede de Santiago a Madrid debido al estallido social que afecta a Chile desde mediados de octubre, el Estado ha desistido de presentar en la instancia su plan de reducción de emisiones, además que la academia y organizaciones internacionales han criticado la baja ambición en la actualización de las NDC (contribuciones determinadas a nivel nacional) para la COP25.
¿Qué hacemos al respecto?
Considerando que la transición hacia una economía con cada vez menos carbono y un paradigma de desarrollo sustentable puede acelerarse, y existen recursos y condiciones favorables para efectuarlo, es necesario implementar una mayor socialización de este cambio de paradigma, con un fuerte énfasis en la población sobre los 50 años de edad, acompañado de campañas educativas de fácil comprensión para quienes no poseen una instrucción adecuada sobre la materia.
Por otro lado, el mercado debe disponer de una mayor oferta de productos y servicios con huella de carbono baja y neutral, y a un precio accesible, de forma que no se alteren de manera drástica los hábitos de consumo, y los consumidores adquieran conciencia sobre el impacto ambiental, todo aquello sumado a que los medios de producción en la totalidad de los sectores económicos sean cada vez más sostenibles en materia ambiental.
Los movimientos sociales por un medio ambiente saludable han logrado un gran impacto a nivel mundial, especialmente por su alta convocatoria entre niños, adolescentes y adultos jóvenes, y el apoyo incondicional de científicos, activistas políticos y sociales, destacados deportistas y celebridades de la cultura y el entretenimiento. Estas movilizaciones, lideradas por muchos activistas, entre ellos, la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, han logrado poner la lucha contra el cambio climático en el centro de la agenda política mundial; esto ha obligado a gobiernos y grandes empresas a adoptar medidas concretas para reducir de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero tanto a escala global como nacional.
Otra acción primordial en la lucha contra el cambio climático es promover la educación sobre la materia y combatir la propaganda de desinformación al respecto, donde las distintas campañas de concientización ambiental realizadas en medios masivos, deben refutar la información falsa divulgada por la propaganda de desinformación.
El consenso científico sobre el cambio climático antropogénico debe prevalecer en la toma de decisiones por parte de actores públicos y privados para satisfacer las demandas de la población en relación a la materia.
Finalmente, y complementando lo anterior, también debe promoverse la implementación de medidas basadas en la naturaleza, es decir, ejecutar proyectos de restauración de espacios naturales a nivel local, nacional e internacional, con el objetivo de restaurar los hábitats naturales que han sido afectados por la acción humana.
Mientras más rápido se avance en la ejecución de las medidas previamente descritas, mayor será el margen de tiempo para la población humana en el combate al cambio climático, y se podrán evitar consecuencias dañinas no sólo para los ambientes naturales y la biósfera en general, sino que también para prolongar el desarrollo de la población humana en la Tierra.