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UNICEF pide que se libere a los niños detenidos ante el riesgo de contagio por el coronavirus

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La agencia de la ONU para la infancia indica que hay miles de menores de edad detenidos en espacios superpoblados. También recuerda que las medidas de emergencia relacionadas con los objetivos de salud pública deben cumplir estrictamente con los derechos humanos internacionales.

Ante la rápida extensión y el peligro que comporta contraer el coronavirus COVID-19 en los centros de detención, la directora ejecutiva de UNICEF llamó este lunes a los Gobiernos y a las autoridades de las instituciones penitenciarias a liberar a todos los menores que puedan regresar con seguridad a sus familias o dispongan de una alternativa adecuada.

Henrietta Fore cifró en cientos de miles el número de menores detenidos que pueden contraer la enfermedad al encontrarse recluidos.

“Muchos son retenidos en espacios confinados y superpoblados con un acceso inadecuado a la nutrición, la atención sanitaria y los servicios de higiene, condiciones que son muy propicias para la propagación de enfermedades como COVID-19. Un brote en una de estas instalaciones podría ocurrir en cualquier momento”, destacó.

Los derechos de los niños a la protección, la seguridad y el bienestar deben respetarse en todo momento, sobre todo durante crisis como la que el mundo afronta hoy en día.

Además, la pandemia o las medidas de contención pueden causar falta de personal o de atención en esos centros que incrementan las posibilidades de los menores de ser abandonados o víctimas de abusos y de violencia de género.

“Hacemos un llamamiento a los gobiernos y otras autoridades de detención para que liberen urgentemente a todos los niños que puedan regresar con seguridad a sus familias o tengan una alternativa apropiada. Entre esas alternativas se incluyen las familias lejanas u otros cuidados de carácter familiar o comunitario”, afirmó.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también pidió una suspensión inmediata de nuevas entradas de niños en centros de detención.

Fore recordó que UNICEF, junto a la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, y las principales organizaciones de derechos del niño, académicos y organismos de las Naciones Unidas, publicaron recientemente una guía sobre las principales medidas que pueden adoptar las autoridades para proteger a los niños y niñas privados de libertad durante la pandemia.

La máxima responsable de UNICEF indicó que su organización se compromete a ayudar a las autoridades en las tareas de preparación para liberar a los menores.

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“Los derechos de los niños a la protección, la seguridad y el bienestar deben respetarse en todo momento, incluso y especialmente durante crisis como la que el mundo afronta hoy en día. La mejor manera de defender los derechos de los niños detenidos en medio de una pandemia peligrosa es su liberación segura”, señaló.

Recomendaciones de la guía

Las medidas de emergencia relacionadas con los objetivos de salud pública deben cumplir estrictamente con los derechos humanos internacionales, las leyes y las normas, que estipulan que:

  • Toda respuesta debe ser proporcionada, necesaria, con plazos determinados y sujeta a revisión, no discriminatoria en relación con el riesgo evaluado y basada en el interés superior de los niños.
  • Los Estados no deben utilizar las medidas de emergencia de forma que se restrinjan o supriman ilegalmente los derechos de los niños, incluida la privación de su libertad, teniendo en cuenta que algunos derechos no pueden suspenderse.
  • Los Estados deben prestar especial atención a las situaciones de especial vulnerabilidad singulares de las niñas y los niños que son objeto de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, los niños con discapacidad, los niños migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y sin hogar, los niños indígenas, los niños de comunidades de minorías étnicas, los niños en situación de calle, los niños vinculados a grupos armados y fuerzas armadas y cualquier otro grupo vulnerable o marginado.
  • Los Estados deben garantizar que las medidas de emergencia adoptadas para prevenir, contener o responder al virus no supongan la detención continua de niños que en otras circunstancias deberían ser liberados o un aumento del número de niños privados de libertad

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