El virus no discrimina, pero su impacto sí. Más allá de la crisis económica y social, la pandemia es una crisis humana. Por ello, la respuesta y la recuperación al COVID-19 tiene que hacerse desde el respeto a los derechos humanos. El titular de la ONU propone seis puntos que permitirán crear un mundo mejor.
El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió este jueves que la pandemia del coronavirus no solo es solo una crisis económica y social, sino que también representa una crisis humana que corre el peligro de convertirse en una crisis de derechos humanos.
Lo avisaba António Guterres en un video que acompaña a la publicación de un informe que destaca cómo los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación del COVID-19.
“Hemos visto cómo el virus no discrimina, pero sus impactos sí lo hacen – al exponer profundas debilidades en la prestación de servicios públicos y desigualdades estructurales que impiden el acceso a los mismos. Debemos asegurarnos de que se aborden adecuadamente en la respuesta“.
Guterres señaló que, en el actual contexto de crisis, donde crecen el nacionalismo, el populismo y el autoritarismo, algunos países pueden utilizarlo como excusa para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia.
“Esto es inaceptable”, subrayó el Secretario General quien destacó que nos encontramos en un momento en el que los “Gobiernos deben ser transparentes, receptivos y responsables”, sin olvidar que “el espacio cívico y la libertad de prensa son fundamentales” y que las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado “tienen que desempeñar funciones esenciales”.
“Y en todo lo que hagamos, no lo olvidemos nunca: La amenaza es el virus, no las personas… la mejor respuesta es la que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y el estado de derecho”.
ONU/Eskinder DebebeEl Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, graba un mensaje de vídeo sobre la pandemia de COVID-19.
Por ello, resumió estratégicamente en seis puntos su iniciativa:
1- Acceso universal a la atención sanitaria
Proteger la vida de las personas es una prioridad. La prioridad es salvar vidas, y para ello, el acceso universal a la atención sanitaria es imperativo. Pero la crisis sanitaria ha desencadenado una crisis económica y social que está golpeando duramente a los individuos, familias y comunidades. Este impacto proviene de la propia enfermedad, pero también de las medidas necesarias para combatirla que se enfrentan a factores subyacentes como las desigualdades y la debilidad de los sistemas de protección.
Muchos países han adoptado, dentro de los recursos disponibles, medidas fiscales, financieras y económicas para mitigar los efectos negativos de COVID-19 en sus poblaciones. Entre los ejemplos se incluyen:
- El suministro de reservas de agua a los barrios marginales
- La Suspensión de los desalojos de viviendas por impago de alquileres durante la crisis
- Mantener los empleos y los salarios mediante medidas económicas específicas, en algunos casos similares a la obtención de ingresos universales, y apoyar a los empleadores y las empresas
- Ofrecer o ampliar las licencias por enfermedad pagadas a los trabajadores o de las prestaciones por desempleo
- Asegurar un refugio de emergencia para las personas sin hogar.
- Ampliar las respuestas a la violencia en el hogar para las víctimas de abusos.
- Proporcionar atención infantil a los trabajadores de servicios esenciales
2- La respuesta debe ser equitativa
El virus no discrimina; pero el impacto si. Por eso, las respuestas deben ser inclusivas, equitativas y universales, pues de lo contrario no podrán vencer a un virus que afecta a todos, independientemente de su condición. Si el virus perdura en una sociedad, sigue siendo una amenaza para todas las sociedades, por lo que las prácticas discriminatorias nos ponen a todos en peligro.
Ejemplos de buenas prácticas basadas en los derechos humanos en algunos países:
- Concesión temporal de derechos de residencia a todos los migrantes y solicitantes de asilo en situación irregular, dándoles pleno acceso a la atención de sanitaria nacional a medida que el brote se intensifica, reduciendo así los riesgos para la salud pública en general
- Adopción de medidas específicas para proteger a los grupos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidades, las personas sin hogar y los jóvenes que viven en instituciones, o suspender la detención de migrantes irregulares
- En todas las regiones algunos gobiernos han adoptado medidas para mitigar los efectos de COVID en las poblaciones carcelarias, y otros han puesto en libertad a algunos reclusos
OCHA/Giles ClarkeRecuento de hombres en un centro de detención en la ciudad libia de Benghazi.
3- Todos debemos ser parte de la respuesta
La participación efectiva en la respuesta requiere que la gente esté informada, que participe en las decisiones que la afectan y que vea que las medidas que se tomen son necesarias, razonables y proporcionadas para combatir el virus y salvar vidas.
Este es un momento en el que, más que nunca, los gobiernos necesitan ser abiertos y transparentes, responder y rendir cuentas a las personas que tratan de proteger. Se debe facilitar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, así como del sector privado y de las empresas.
- Muchos países han instituido sesiones informativas diarias para la prensa a fin de informar a la población sobre la situación y la respuesta
- Algunos gobiernos han autorizado o creado un comité parlamentario independiente o dirigido por la oposición, que se reúne públicamente en línea, para examinar las medidas del ejecutivo durante la crisis
- La sociedad civil y las empresas han sido muy creativas en las innumerables formas de tratar de mitigar los efectos y mejorar la protección, entre ellas se encuentran la asignación de horarios específicos de apertura de las tiendas para las personas de más edad, la organización de redes de apoyo comunitario para las personas vulnerables o el aplazamiento del cobro del alquiler para las personas sin ingresos
4- Proporcionalidad de las medidas
La amenaza es el virus, no la gente. Las fuerzas del orden desempeñan un papel importante en la lucha contra la enfermedad y en la protección de las personas. Pese a que se puedan invocar situaciones de emergencia, otorgar amplios poderes al Ejecutivo, concedidos rápidamente con una supervisión mínima, conlleva riesgos.
Las respuestas de seguridad excesivas socavan la respuesta sanitaria y pueden exacerbar las amenazas existentes para la paz y la seguridad o crear otras nuevas.
La mejor respuesta es la que tiene por objeto responder de manera proporcionada a las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos en el marco del estado de derecho. Este es un momento para la paz, para centrarse en la lucha contra el virus.
Las declaraciones de emergencia deben ser proclamadas oficialmente y:
- Sólo se aplicarán en la medida estrictamente requerida por las exigencias de la situación
- No han de ser incompatibles con otras obligaciones del derecho internacional.estar limitadas en el tiempo
- No han de discriminar
- No han de permitir la suspensión de ciertos derechos específicos, como el derecho a la vida
5- Solidaridad internacional
Ningún país puede superar esto solo. La solidaridad internacional es esencial en la respuesta mundial: ningún país puede vencer esto solo y algunos países están mejor equipados para responder que otros. Así como ningún país puede permitirse el lujo de dejar atrás a las personas, el mundo no puede permitirse el lujo de dejar atrás a un país si se quiere vencer al virus.
6- Reflexionar para crear un futuro mejor
Cuando nos recuperemos, debemos ser mejores que antes. ¿En qué mundo queremos vivir cuando todo esto termine? La forma en que respondamos ahora puede ayudar a dar forma a ese futuro, para bien o para mal. Es fundamental considerar el largo plazo al planificar nuestras respuestas a corto plazo. Los derechos humanos nos ayudan a responder a las prioridades inmediatas y a desarrollar estrategias de prevención para el futuro.
El informe del Secretario General destaca la importancia de que todos los actores, especialmente los Gobiernos, garanticen que las leyes y normas internacionales de derechos humanos, humanitarias y de refugiados estén en el centro de todas las respuestas de COVID-19.
El sistema de las Naciones Unidas y muchos de los relatores especiales de la Oficina de la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha elaborado una lista de consejos y orientaciones con este fin.
Entre ellos:
- Utilizar el máximo de recursos disponibles a nivel nacional e internacional para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención sanitaria como un derecho humano para todos sin discriminación, incluso en diferentes no relacionadas a la COVID-19; y garantizar la protección del derecho a la vida en todo momento
- Garantizar que los paquetes de estímulo y otras respuestas para mitigar los efectos económicos de la pandemia se centren en las personas y apoyen adecuadamente a los grupos más afectados por la pérdida de sus medios de vida, y más en general a las personas y grupos sin acceso a las redes de seguridad social
- Velar por la seguridad de los ingresos y la asistencia social específica para las personas más marginados o vulnerables. Garantizar la disponibilidad de alimentos, agua y saneamiento, y una vivienda adecuada
- Asegurar que los planes de respuesta y recuperación nacionales y locales identifiquen y pongan en marcha medidas específicas para combatir los efectos del virus en determinados grupos e individuos, como los migrantes, las personas desplazadas y los refugiados, las personas que viven en la pobreza, las que no tienen acceso a agua y saneamiento o a una vivienda adecuada, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas de edad, las personas LGBTI, los niños y las personas detenidas o en instituciones
- Garantizar que la información fiable y precisa llegue a todas las personas, poniéndola a disposición en diferentes formatos e idiomas fácilmente comprensibles, incluidas las lenguas indígenas y las de las minorías, adaptándola a las personas con necesidades específicas, como las personas con discapacidad visual y auditiva, y difundiéndola a las personas con capacidad limitada o nula de lectura, o que carecen de acceso a Internet y a las fuentes habituales de los medios de comunicación