Existe una creciente demanda de alimentos a nivel mundial que tiene relación con las necesidades de una población que se estima superará los nueve mil millones de personas para mediados de siglo. Nuestra agricultura es parte de este escenario y el Ministerio de Agricultura, que es el organismo del Estado encargado de fomentar, orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país para avanzar hacia un sector agroalimentario y forestal competitivo, sustentable, innovador y moderno, está trabajando permanentemente para proveer estos alimentos desde la sustentabilidad; vale decir, apoyar el desarrollo de una agricultura que equilibre la productividad con el desarrollo social y el medio ambiente, manteniendo la capacidad de los recursos naturales de los territorios para garantizar el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
Para ello se han definido ejes de trabajo donde se ha colocado un especial énfasis, estos son: agua y cambio climático, modernización y uso de nuevas tecnologías en la agricultura, asociatividad y desarrollo rural.
Con relación al agua, y especialmente en el contexto de cambio climático que estamos viviendo, es fundamental que la agricultura haga un uso más eficiente de este recurso, permitiendo con ello mejorar e incluso incrementar la superficie regada. Para ello a través del Ministerio de Agricultura y sus servicios relacionados, las agricultoras, agricultores y asociaciones de regantes de la Región del Biobío, pueden acceder a recursos para estudios, programas y proyectos de riego y drenaje, lo que junto a las diferentes investigaciones y estudios que se realizan sobre adaptabilidad al cambio climático en diferentes cultivos, contribuyen al desarrollo de la agricultura en un marco de sustentabilidad e inclusión.
Otro de los ejes de trabajo del Ministerio de Agricultura, es el Desarrollo Rural, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en los territorios rurales, generando condiciones adecuadas para su desarrollo integral. Lo anterior se espera alcanzar a través de la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural, recientemente firmada por el Comité de Ministros el 20 de Enero pasado, la que aborda diferentes ámbitos, como son el bienestar social, oportunidades económicas, la sustentabilidad medioambiental y la cultura e identidad. El enfoque es territorial, es decir resguardando y poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial de los diferentes territorios, se identifican las particularidades y oportunidades actuales y futuras para impulsar y ampliar la base económica local mediante el fomento de diversas actividades competitivas (no sólo agrícolas), fomentando el valor agregado y la interacción entre actores públicos y privados. Con ello se busca promover un dinamismo económico basado en las ventajas comparativas de cada territorio rural, y así lograr consolidar su sistema agroalimentario, turismo, conservación, entre otros, para alcanzar un desarrollo sostenible.
Finalmente, la Asociatividad hace posible que las agricultoras y agricultores, trabajando juntos mejoren su competitividad participando de mejor manera en la cadena comercial aumentando la oferta en los mercados locales e internacionales. Parte de esta competitividad es el desarrollo de una agricultura más sustentable, a través de la asociatividad se logra la reducción de gasto energético en transporte, logística, intermediación y otros aspectos. Así los productores de distinto tamaño pueden beneficiarse disminuyendo costos, eliminando intermediarios, accediendo a fuentes de financiamiento de mayor especialización, y mejorando la condición de venta, al llevar a cabo negociaciones de mayor volumen inherente a la economía de escala.