Recurso de Protección de la Sociedad Nacional de Agricultura para invalidar Dictamen de Contraloría sobre planes de manejo otorgados por Conaf fue rechazado en la Corte de Apelaciones. Seguimos avanzando hacia un país que protege a sus comunidades y ecosistemas nativos.
Desde el año 2018, agrupaciones de la zona de Las Cabras en la VI Región comenzaron a movilizarse porque en su territorio se estaba autorizando la tala indiscriminada del bosque nativo para habilitar cultivos de paltos. Producto de esta cuestionable situación, la comunidad y la diputada Alejandra Sepúlveda emprendieron acciones que llevaron a la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados el año 2019, la que se denominó “Comisión Especial Investigadora relativa a los actos de CONAF y otros órganos del Estado”.
A través de esta comisión, se buscó investigar irregularidades en torno a los procedimientos de corta de bosques nativos para habilitación de terrenos agrícolas. A esta comisión asistieron representantes de la comunidad afectada, donde expusieron su preocupación por este tipo de acciones, y se cuestionó la posibilidad de que el Estado permitiera este tipo de prácticas que son capaces de reemplazar bosques adultos de boldos y quillayes por plantaciones de paltos en un contexto de megasequía en la zona central. Luego de la exposición de varios actores invitados, la Comisión resolvió a favor de las reclamaciones ciudadanas, incluso sugiriendo cambios profundos a las instituciones y normas del sector forestal.
Posterior a ello, la Diputada Alejandra Sepúlveda junto a la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), presentaron una solicitud a la Contraloría General de la República para que se pronunciara sobre la legalidad de estas autorizaciones. En marzo del año 2020 la Contraloría emitió un dictamen que declaró que es incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, como señala la Ley de Bosque Nativo (2008).
Además, se solicitó a CONAF adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente pronunciamiento. Esta medida fue acatada por CONAF en abril, instruyendo el término de ingreso de solicitudes de Planes de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas.
Producto de esta acción, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) interpuso un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones por “actos arbitrarios e ilegales” contra la propia Contraloría y contra CONAF por acatar el dictamen.
En este documento, las grandes empresas agrícolas solicitaron revertir el dictamen señalando que los proyectos agrícolas que se han implementado han sido en tierras improductivas, y que en forma permanente y creciente se está proyectando habilitar suelos para plantar especies alimenticias productivas, enriquecedoras de suelo y de la economía, limpiándolos de aquellas especies que, o son malezas, o son arbustos de ningún valor ambiental, económico o paisajístico. Es decir, se reconoció explícitamente que nos encontrábamos frente a una evidente sustitución de bosque y matorrales nativos.
Esto fue tajantemente refutado por investigadores e investigadoras, quienes en el mes de julio presentaron un informe firmado por 76 científicos(as) de universidades y centros de investigación de todo el país, indicando que en el recurso de Protección de la SNA no tiene argumentos sólidos ni evidencia científica que respalde lo que señalan. Es más, las acciones de cambios de uso de suelo tienen un efecto significativo y negativo sobre los ecosistemas nativos, el resguardo de la calidad de las aguas y el cuidado y mantención de los suelos.
En esta instancia, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y municipalidades decidieron hacerse parte del proceso para que la Corte de Apelaciones respaldara el Dictamen emitido por la Contraloría. Es decir, esto no se trataba de un problema aislado, sino que de un problema país que se arrastra hace años, promovido por la fragilidad, parcialidad, negligencia e incapacidad de la institucionalidad y legislación ambiental, construida con gran influencia de grandes poderes económicos de Chile, esos que financian campañas políticas transversalmente.
Después de un largo proceso, el 12 de noviembre del año 2020 la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por la SNA en contra del dictamen de Contraloría. Sin duda que este es un gran hito para quienes consideramos que el cuidado y protección del medioambiente no debe estar supeditado a los intereses económicos cuyo objetivo es el mero lucro. Sin embargo, esto aún no está zanjado, ya que la SNA tiene un plazo de 5 días hábiles para interponer un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A través de este comunicado, las organizaciones de la sociedad civil y personas que hemos participado activamente en este proceso manifestamos nuestra profunda admiración a las comunidades que han liderado esta pelea, y hacemos un llamado no solo a hacer seguimiento a este caso, sino también a seguir denunciando, y a motivarse a defender el buen vivir en los territorios y un desarrollo donde prime el bien común. Nos comprometemos a seguir colaborando y apoyando a las comunidades, incentivando a que ellas se hagan protagonistas del desarrollo, protección y conservación de sus territorios.
Firmantes:
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN)
ONG FIMA
Fundación TERRAM
Alejandra Sepúlveda, Diputada
Xavier Palominos, abogado