La COVID-19 ha sido un catalizador de la violación de los derechos de las personas con discapacidad y sus aspiraciones a vivir de forma independiente no solo por los efectos del propio coronavirus sino por haber sido excluidas de la respuesta política a la pandemia. El titular de la ONU destaca que es absolutamente necesario incluirlas en la toma de decisiones para hacer frente a esas desigualdades y amenazas.
Incluso en circunstancias normales, los mil millones de personas con discapacidad en todo el mundo tienen menos probabilidades de disfrutar del acceso a la educación, la atención médica y los medios de subsistencia o de participar y ser incluidos en la comunidad, pero con la pandemia de COVID-19 se han exacerbado las desigualdades preexistentes.
“La COVID-19 ha sido un catalizador de la violación de nuestros derechos y aspiraciones a vivir de forma independiente y está claro que las personas con discapacidad se han visto afectadas por la falta de acceso a la información y al cuidado”, aseguró este lunes Idriss Alzouma Maiga, representante de la sociedad civil durante la inauguración de la 13ª sesión de la Conferencias de los Estados Parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Maiga recordó que esa Convención se construyó sobre la base de que “no debía hacerse nada sobre nosotros sin nosotros”. Sin embargo, denunció: “hemos sido excluidos de la respuesta por parte de nuestros líderes gubernamentales”.
Debemos asegurar la plena participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de toma de decisiones.
Por ello, explicó que la amenaza que tienen por delante las personas con discapacidad no es solo la amenaza de la COVID-19 sino “la amenaza de las decisiones políticas que cambian las decisiones anteriores y nos deja aún más excluidos. Eso no es igualdad, esas decisiones representan una discriminación”.
“La solución ante esta amenaza es sencilla: las personas con discapacidad deben participar a todos los niveles en la toma de decisiones a la respuesta política de esta pandemia. Nosotros debemos decidir”, concluyó.
La pandemia agrava la exclusión
El relator de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Gerald Quinn, ahondó en la denuncia de su exclusión por las parte de las instituciones públicas cuando indicó que “el anterior encuadre existente de las personas con discapacidad como objeto y no como sujetos se ha hecho más patente durante la crisis” del COVID-19.
Previamente, el Secretario General de la ONU se había hecho eco de esa exclusión en la toma de decisiones y, por ello, declaró que la visión y las aspiraciones de las personas con discapacidad deben tenerse en cuenta en un mundo post COVID-19.
“Esta visión y esas aspiraciones solo se lograrán mediante una consulta activa con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. Debemos asegurar la plena participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en los procesos de toma de decisiones”, afirmó António Guterres.
“La pandemia está agravando estas desigualdades y produciendo nuevas amenazas”, observó Guterres, que recordó que, ya en mayo, lanzó una estrategia para que la acción contra la pandemia incluyera a estas personas.
UNMIL/Staton WinterAtletas liberianos empujan sus sillas de ruedas durante un carrera popular de diez kilómetros en Monrovia.
“Promover la inclusión de las personas con discapacidad significa ante todo reconocer y proteger sus derechos. Estos derechos abarcan todos los aspectos de la vida: el derecho a ir a la escuela, a vivir en la propia comunidad, a acceder a la atención médica, a formar una familia, a participar en la participación política, a poder practicar deportes, a viajar, y tener un trabajo digno”, aseguró.
El titular de la ONU indicó que la Organización quiere liderar con el ejemplo y para ello puso en marcha el año pasado la estrategia para la inclusión de la discapacidad en la sistema de las Naciones Unidas, que ya “está teniendo un impacto tangible”.
“Solo trabajando juntos (gobiernos, entidades de la ONU, sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, el sector privado y las comunidades de expertos) podremos implementar eficazmente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y abordar los obstáculos, las injusticias y la discriminación”, concluyó el titular de la ONU.
Compromiso del sector privado con el desarrollo sostenible
Por su parte, la enviada especial del Secretario General para esta cuestión, Maria Soledad Cisternas, tuvo unas palabras dirigidas especialmente al sector privado al que pidió que “adopte un compromiso político con el desarrollo sostenible”, por ejemplo, aumentando la accesibilidad en los lugares de trabajo para lograr la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad.
También les invitó a que canalicen parte de sus inversiones para contribuir a un desarrollo sostenible invirtiendo, por ejemplo, parte de sus ganancias en mejorar la accesibilidad en los lugares públicos.
En la sesión de inauguración de la Conferencia también participó el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Gallegos, quien se sumó a los llamados para que se escuche la voz de las personas con discapacidad.