La agencia para la infancia urge a equilibrar el gasto público asignando una mayor partida a los apoyos directos para los niños toda vez que los estímulos fiscales les destinaron apenas el 2% de los estímulos desembolsados para afrontar la crisis durante la primera ola de la pandemia.
Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que los niveles de pobreza infantil se mantendrán por encima de los observados antes de la pandemia del coronavirus durante al menos cinco años en los países de renta alta.
El nuevo informe, divulgado este viernes, insta a los gobiernos a otorgar más recursos de su gasto público a los apoyos directos a la niñez y destaca que los paquetes de emergencia aprobados con motivo de la crisis económica generada por el COVID-19 asignaron sólo el 2% a las familias con niños.
Según la directora de la Oficina de Investigación de UNICEF Innocenti, es imperativo que se tengan en cuenta las necesidades de la infancia cuando se diseñen los presupuestos de los países.
“La cantidad de ayuda financiera asignada directamente a los niños y las familias no es proporcional a las graves consecuencias de la pandemia ni al tiempo que se prevé que esta crisis afectará a los países”, dijo Gunilla Olsson.
De febrero a finales de julio de este año, los países de ingresos altos desembolsaron 10,8 billones de dólares en sus respuestas al COVID-19. De ese total, cerca del 90% se gastó en paquetes de estímulo fiscal dirigidos a empresas, señala el informe.
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Presupuestos excluyentes
Olsson indicó que si bien esa es una parte esencial de la respuesta a la crisis, el apoyo al sector empresarial excluirá inevitablemente a los niños más marginados y a sus familias, es decir, los más desfavorecidos serán los más afectados por esas decisiones.
“A medida que la segunda ola de COVID-19 avanza, se debe buscar un mejor equilibrio”, dijo.
UNICEF apuntó que un tercio de los países de la OCDE y de la Unión Europea que se tomaron en cuenta para el estudio no implementó ninguna política dirigida específicamente a apoyar a los niños en su respuesta a la primera ola de la pandemia.
Entre los países que invirtieron en protección social para los niños y las familias, lo que incluye cuidado, alimentación escolar y asignaciones familiares, la asistencia se mantuvo sólo un promedio de tres meses. UNICEF afirmó que esta ayuda de corto plazo es inadecuada para abordar la duración que se proyecta para la crisis y los riesgos de pobreza infantil a largo plazo.
“Instamos a los gobiernos a incrementar la protección social para los niños, junto con el apoyo empresarial”, insistió Olsson.
UNICEF detalló que las políticas centradas en las familias deben combinar un apoyo incondicional a los ingresos para las más pobres, asignaciones para alimentos, cuidado de niños y servicios públicos, así como exenciones de alquiler o hipotecas a largo plazo.
Para erradicar el hambre hace falta combatir la pobreza. Foto de archivo: FAO
Recomendaciones
El informe incluye una serie de recomendaciones para buscar un equilibrio entre la asistencia que precisan los sectores productivos y las familias con niños durante la segunda ola de COVID-19:
- Permitir aumentos en el gasto en protección social basados en la evidencia de las medidas eficaces para proteger a los niños durante las crisis.
- Relajar los criterios de otorgamiento de ayudas, independientemente de las condiciones del empleo, las contribuciones sociales y la condición migratoria para permitir que todas las familias vulnerables con niños tengan acceso a los beneficios.
- Diversificar las respuestas de protección social para cubrir las distintas necesidades de los niños y sus familias durante la pandemia, lo que abarca el apoyo a los ingresos, la alimentación escolar, el cuidado infantil, la atención médica y las exenciones de servicios públicos y alquiler o hipoteca.
- Garantizar que los planes de recuperación de la crisis del COVID-19 integren políticas diseñadas específicamente para proteger a los niños de la pobreza y mejorar el bienestar de toda la infancia.
- Incluir en los apoyos a las empresas cláusulas que promuevan medidas favorables a las familias, por ejemplo, regulando las licencias y las condiciones laborales para los padres.
- No aplicar criterios de austeridad a los servicios y beneficios que ya existen para niños y familias, ya que esto da lugar a mayor marginación y vulnerabilidad.