Al cumplirse el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París, el tratado internacional que compromete a los gobiernos a reducir los gases que producen el calentamiento global, Greenpeace denuncia que “la emergencia climática aumenta y sólo hay promesas vacías por parte de las autoridades”.
“La falta de ambición del gobierno para frenar el cambio climático obliga a la ciudadanía a resguardarse través de la Nueva Constitución. Estamos en un momento histórico para lograr la primera constitución diseñada para asumir y hacer frente a la crisis climática”, señalaron en Greenpeace.
El objetivo de los 197 países que suscribieron el Acuerdo de París era claro: sumar los esfuerzos que estuvieran en sus manos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero e impedir que la temperatura media del planeta supere en 1,5 grados el aumento de la temperatura a final del siglo y evitar así los peores impactos de la crisis climática.
Matías Asun, Director de Greenpeace en Chile enfatiza que: “Los efectos de la crisis ambiental y climática se hacen ya sentir fuerte en el país. Desde que se firmó el Acuerdo de París los compromisos no han estado a la altura y las emisiones de gases de efecto invernadero globales continúan aumentando exponencialmente lo que hace cada vez más difícil llegar al límite de 1.5 grados celsius. En Chile, hacernos cargo de las desigualdades que se multiplican y agravan producto de la crisis climática es el desafío de este siglo. La falta de lluvia no hace más que agravar el problema de la propiedad del agua, concentrada en unos pocos, como mejor ejemplo. Construir un país resiliente, justo y preparado para enfrentar la crisis climática resulta fundamental”.
Y agrega: “El gobierno ha tenido la oportunidad de comprometerse a un cierre urgente de las centrales y operaciones que operan con carbón, por ejemplo, reduciendo su impacto en emisiones, pero especialmente poniendo fin a las zonas de sacrificio y sin embargo se ha garantizado su existencia por más de dos décadas, perdiendo una oportunidad de liderazgo e influencia internacional real y no sólo de discursos para la galería. Aún no estamos a la altura, ni en la COP ni en Escazú ni en los compromisos del Acuerdo de París, y esa es la razón por la cual hay una movilización creciente de la sociedad civil que ha puesto en el centro de la agenda las desigualdades e injusticias sociales y ambientales“.
“Hoy tenemos delante una oportunidad para actuar frente a la falta de ambición de los gobiernos para proteger el medioambiente y a las personas, resguardando los derechos sociales y ambientales a través de una Nueva Constitución Ecológica, que suelte las aguas y que ponga la vida primero. Estamos ante una oportunidad histórica de tener la primera constitución democráticamente construida para asumir y hacer frente a la crisis climática, que permita y obligue a actuar”.
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que acaba de presentar hace unos días un avance del informe sobre el Estado del Clima Mundial durante el año 2020. No solo no hemos conseguido frenar el implacable aumento de las temperaturas sino que este año va camino de ser el segundo más caluroso desde que tenemos registros.“
El descuido ambiental, por parte del gobierno se evidencia en Chile en múltiples formas: tanto en materia de protección de fuentes de agua, como son los glaciares, en una estrategia de neutralidad de carbono pero basada en plantaciones forestales pero que secan los ecosistemas y aumentan el riesgo de incendios aumentando nuestras emisiones, en detener los escándalos y violaciones a la normativa de la industria del salmón en las aguas que sirven de hogar y santuario a ballenas, delfines y una biodiversidad única en el planeta.
Nuestro emblema patrio ante los ojos internacionales es que somos el único país que tiene el agua privatizada, un estandarte de desigualdad e injusticia social y ambiental donde este vital elemento está concentrado y acaparado en propiedad de unos pocos privados negándosele a cientos de miles de familias y ecosistemas el sostén más básico. Incluso en la peor pandemia y en el actual rebrote, hemos visto como no hay voluntad de gobierno para soltar el agua y asegurar su suministro suficiente y seguro, que es justamente una de las prioridades de restitución de justicia y dignidad que pide la ciudadanía y que una forma de cambiar eso es a través de la nueva carta fundamental.
Cuando en el resto del mundo se reclama que no se han cumplido los compromisos de acción de Paris, en Chile sabemos que eso impacta en desigualdad, injusticia y degradación ambiental y esa deuda sigue pendiente”, finalizaron desde Greenpeace.