A inicios de semana un grupo de diputados de la Democracia Cristiana presentó un proyecto de ley que busca que la vacunación en el país sea obligatoria. ¿La razón? Los legisladores esgrimen -dentro de sus argumentos- que así se podría alcanzar el llamado “efecto rebaño”, de inmunidad colectiva. En paralelo, sigue la inoculación de funcionarios de la salud en Santiago y regiones, quienes son el grupo prioritario en el plan del Gobierno, que se inició a fines de diciembre con la vacuna de Pfizer.
“Debe ser obligatoria o buscar algunas vías similares como han estudiado otros países, como que los registros públicos de quienes no quieran vacunarse o restricciones de desplazamiento a quienes no porten su credencial de vacunación al día”, aseguró el diputado (DC) Gabriel Silber, uno de los autores de un proyecto de ley –presentado esta semana – y que busca regular el proceso de inoculación contra el coronavirus en el país.
Dentro de los argumentos de los parlamentarios están que es necesario llegar con rapidez al máximo de la población posible y que es una situación que compete a toda la sociedad y no individualmente.
“Si esto no se hace por decreto presidencial, se puede hacer vía modificaciones al Código Sanitario y ahí establecer esta obligatoriedad. Tanto como artículo permanente -ojalá- o como artículo transitorio mientras dure la pandemia”, señaló el diputado, Matías Walker.
Y, es que efectivamente, el presidente Sebastián Piñera podría hacer ineludible la inoculación. “El artículo 32 del Código Sanitario establece una facultad para que el Presidente de la República, por medio de un Decreto Supremo, pueda establecer la vacunación obligatoria“, afirma Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Público, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Hoy el plan del Gobierno dicta que la vacunación será voluntaria y comenzará en los grupos de riesgo (funcionarios de la salud, FFAA, y adultos mayores) para posteriormente seguir con el resto de la población y a medida que vayan llegando al país las vacunas. Sin embargo, el abogado Cristóbal Osorio, plantea que, de cambiar y convertirse en un proceso obligatorio, las personas que no respeten la normativa, se arriesgarían a multas e incluso, los propios Servicios de Salud podrían presentar recursos de protección y judicializar los casos.
Campaña comunicacional y persuasión
Desde 1978, Chile cuenta con un Programa Nacional de Inmunizaciones, con vacunas que son obligatorias y que se aplican en los primeros meses de vida de los niños y niñas: Hepatitis, Poliomielitis, Sarampión y Rubeola, entre otras.
Ante el debate que se ha generado en medio de la pandemia, para el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la U. de Chile, Flavio Salazar, es necesario concientizar a la población de la importancia de recibir la vacuna contra el coronavirus. Además, plantea que para que sea efectivo, se necesita que se vacune la gran mayoría de la población, sino “no tenemos el efecto rebaño deseado y la vacuna no cumple su función de frenar la pandemia y generar un nivel mayor de normalidad“, asegura.
El vicerrector agrega que el método para lograrlo “tiene que ser a través del convencimiento, de una campaña de información apropiada, porque el rechazo hacia la vacuna no solamente está limitado a los grupos anti vacunas, sino que hay una duda general de la población -que son entendibles- por lo corto de los procesos y por la falta de información más específica”.
Visión que comparte, María Cecilia Hidalgo, académica de la Facultad de Medicina, Premio Nacional de Ciencias Naturales (2006) y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. “Es mucho mejor persuadir que obligar. Creo que hay que hacer una campaña muy buena, sólida, masiva para tratar de persuadir a las personas de que la vacuna es buena, que no tiene riesgos”, sostiene la doctora.
Pero, también plantea que “solo si después de una campaña muy extensa y muy bien hecha todavía persiste este movimiento fuerte anti vacunas y alcanza una parte importante de la población, entonces ya estaríamos pensando en tomar medidas más drásticas como obligar a vacunarse”, advierte.
¿Debate ético?
Acerca de la posibilidad de una vacunación forzada, Raúl Villarroel, académico del Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile, pone sobre la mesa, dos situaciones que sería necesario tener en consideración: “Una eventual colisión de derechos fundamentales, como serían el derecho a la vida y el derecho a la libertad de conciencia”, sumado a “la autonomía de las personas, que se fundamenta en el derecho constitucional de libertad de conciencia y cuya manifestación paradigmática es el consentimiento informado”.
El especialista en ética y bioética, asegura que “sería posible formularse la interrogante respecto de qué pasaría si la vacuna produjera un efecto nocivo a la salud de la población”. Sobre esto, plantea que el Estado no puede efectuar un examen previo de tolerancia a cada persona, por no existir la técnica o por carecer de recursos para aplicarlas.
Asimismo, agrega que se necesita ampliar el debate y sumar todas las voces antes de decidir. “Siendo incierto el balance entre riesgos y beneficios, se imponen serias interrogantes no fáciles ni simples de resolver, por lo que la ampliación de la base de participación en la discusión a través de la incorporación de una mayor cantidad de voces en el debate siempre será un requisito para la validación de cualquier medida sanitaria de este tipo“, afirma.
Maritza Tapia, periodista Prensa U. de Chile. Fotos: Alejandra Fuenzalida.