La entidad señaló que el anuncio del ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, para ser candidato en la Convención Constituyente “no se ajusta a la línea de constituyentes que buscan avanzar a favor de las demandas ambientales”.
La organización ambientalista Greenpeace, hizo un llamado a los candidatos de la Convención Constituyente “a proponer cambios reales para la redacción de una nueva Carta Magna y no perpetuar los intereses particulares que distintos sectores políticos y gobiernos han tenido durante décadas frente a la emergencia climática y en particular la crisis hídrica que hoy afecta al país”.
Actualmente, Chile es el 18vo país con mayor riesgo hídrico del mundo, y el 1° en toda América, según el World Resources Institute, donde el 98% del agua es para usos industriales, agrícolas, forestales y mineros y el 2% restante del agua es para el consumo de la población.
El llamado es a pocos días de conocer nuevos candidatos a la Convención Constituyente y justo cuando se cumple un año desde que el Senado desechara asegurar el agua para las personas y los ecosistemas en la Constitución, contabilizando 24 votos a favor y 12 en contra, pero que al no cumplirse la regla de los dos tercios necesarios para su aprobación (29 votos a favor), la idea de legislar fue rechazada.
En este contexto y ante los nuevos anuncios de candidatos para la Convención Constituyente, como el realizado ayer por el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, Greenpeace aseguró que “una persona que tiene conflictos de interés por los más de 300 litros en derechos de agua que él mismo ha reconocido, hace cuestionar su candidatura y su posición frente a la situación hídrica que hoy vive Chile, donde el agua está en manos de grandes empresarios, los mismos responsables de tener al país completamente seco. Alguien con este historial no se ajusta a la línea de constituyentes que buscan avanzar a favor de las demandas ambientales”.
“Haber votado la Convención Constitucional implica elegir a aquellos constituyentes que se encarguen de los temas que la actual Carta Magna no ha permitido avanzar, como los más de nueve años que llevan estancadas las conversaciones por el Código de Aguas y los más de 15 años para la protección de glaciares, ambas normativas fundamentales para la vida y los ecosistemas. Que el agua deje de ser un problema entre grandes empresas, está en manos de los constituyentes, por eso es fundamental que la ciudadanía priorice en la votación de abril próximo a quienes demuestran compromiso con los derechos fundamentales para todos los chilenos y chilenas”, enfatizó Matías Asun, director de Greenpeace en Chile.
La organización además destacó los resultados de su estudio “Chile Gota a Gota: pandemia, desafíos y percepciones de la crisis hídrica”, donde 97% de los encuestados dice que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución y 76% identificó que el responsable de la falta de agua en Chile, entre otros factores, son las leyes que no priorizan el agua para el consumo humano ni reconocen este bien común como un derecho.
Greenpeace inició en 2020 la campaña Suelta el Agua para recuperar y priorizar el agua para las personas y el medioambiente, evidenciando la gravísima situación de crisis hídrica que afecta al país producto de la privatización de facto de las aguas y las graves consecuencias que ello está generando, agravadas además, por la crisis climática y la pandemia de Covid-19. Actualmente más de 100.000 personas ya se han sumado a la petición.