El controversial Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico podría representar una camisa de fuerza respecto a las materias que se discutirán en la redacción de una nueva Constitución. Académicos de la Universidad de Chile analizan los límites que este acuerdo impondría al proceso constituyente y los beneficios que eventualmente traería su ratificación, particularmente en el complejo escenario económico actual.
El jueves ocho de marzo del 2018, en una ceremonia encabezada por la Presidenta de la República de la época, Michelle Bachelet, los cancilleres de once países firmaron el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11. En esa oportunidad, el acuerdo fue sellado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam en Viña del Mar.
Casi tres años después, este acuerdo ha sido ratificado por siete de los países firmantes. En Chile, después de ser aprobado en la Cámara, no había comenzado a discutirse en el Senado. Para acelerar el proceso, el Presidente Sebastián Piñera hace una semana le puso suma urgencia al proyecto que, luego, el Senado optó por no poner en tabla debido a que no existe total claridad sobre el impacto que el TPP-11 tendrá en el país y a la división que causa en la opinión pública.
¿Qué busca el acuerdo? Se considera como uno de los más grandes tratados de libre comercio y permitiría a Chile ingresar a un comercio con casi 500 millones de personas, reduciría los aranceles entre los países miembros de manera significativa y fortalecería la alianza Asia-Pacífico. Por otro lado, expertos han señalado que este pacto le quitaría soberanía al país en materias ambientales como los derechos de aguas y recursos genéticos, además de limitar las materias asociadas a pueblos indígenas y fortalecer a los grupos económicos multinacionales.
La discusión en los últimos días se ha centrado en el proceso constituyente que comenzará el 11 de abril, cuando se defina a los encargados de redactar una nueva Constitución. Los principales detractores del acuerdo señalan que, de aprobarse, dejará establecidos límites al redactar la nueva carta fundamental. La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora en medioambiente y derecho internacional de los derechos humanos, Liliana Galdámez, coincide con esta observación, ya que -a pesar de que un tratado no está por sobre la Constitución- el Estado está obligado a cumplir los compromisos internacionales que ratifica.
“Es muy difícil tener una discusión seria en base a un marco normativo que puede modificarse y que puede verse limitado por esta debate que se va a desarrollar, sobre todo en el caso de que se termine aprobando este tratado. Creo que es muy poco prudente hacer esto, no es algo que se puede recomendar en este momento. Luego, si se quiere hacer una discusión bajo los términos de una futura Constitución pues sí, adelante. No considero que se deba avanzar en la ratificación de este tratado, sobre todo sin tener suficiente información sobre el sentido y alcance de cada una de estas disposiciones que no son pocas”, explica la académica.
Uno de los aspectos más polémicos del TPP-11 está relacionado con la propiedad de los recursos genéticos de los países que adscriben. Este tipo de recursos corresponden al ADN que tienen todos los seres vivos, y que puede tener un valor actual o potencial. La profesora Galdámez señala que, si bien el acuerdo reconoce el valor de la conservación de estos recursos, no habla de propiedad. “Esta es la primera Constitución que se va a redactar de forma participativa en Chile, en el contexto de una pandemia y de una crisis ambiental global. Este convenio tiene bastantes disposiciones que tienen impactos en materias ambientales. De ser abordadas en el TPP-11, ya tendrían un marco internacional que podría, eventualmente, limitar la soberanía de los constituyentes y su poder soberano”, recalca.
“¿Qué pasaría si la futura Constitución pretende dar un reconocimiento, por ejemplo, de la propiedad de los recursos genéticos para los pueblos indígenas o para el propio Estado? Este tratado sería, en ese sentido, contradictorio con lo que podría establecer el futuro soberano. Lo propio sería que se desarrollara el debate de los constituyentes respecto de la futura Constitución, y que este acuerdo sea valorado en su momento, pero una vez que esta haya sido efectivamente acordada. Eso es lo que indica la prudencia para que el soberano y el poder constituyente tengan el campo necesario para adoptar decisiones consensuadas en torno a distintas materias”, subrayó la académica.
La mirada económica y su urgencia
El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, Manuel Agosín, sostiene que la economía de un país pequeño como Chile depende de su capacidad de integrarse en mercados internacionales, en especial en tiempos modernos en los cuales las escalas de producción necesarias para abastecer mercados son muy grandes.
El experto en economía internacional y desarrollo económico agrega que “los tratados de libre comercio han sido una política de Estado en Chile hace mucho tiempo y éste es muy importante, ya que tenemos TLC con la mayoría de esos países. En una primera instancia estaba Estados Unidos y Trump, por motivos proteccionistas, decidió restarse, pero a raíz de esto el tratado mejoró considerablemente. Este acuerdo mejora las condiciones para los países como los nuestros. Por ejemplo, en todo el sector agrícola y frutícola hay concesiones bien importantes porque la mayoría de los países asiáticos tienen restricciones al comercio en bienes agrícolas”, señaló el académico.
El profesor Agosín explica que hay varios mitos sobre el TPP-11. El encarecimiento de los fármacos y la poca protección de los trabajadores son algunos de ellos. Sin embargo, el académico considera que los parlamentarios deben leer el documento antes de emitir declaraciones tan tajantes y que al no ratificar este acuerdo Chile se estaría “disparando en los pies”.
“Va a ser muy difícil y larga la salida del COVID-19, hemos perdido en el punto más álgido dos millones de empleos. Ahora estamos un poquito más bajos, pero ahora empieza la segunda ola con las cuarentenas. Nos va a convenir tener todos los acuerdos que podamos tener y no podemos darnos el gusto de promover lo que no nos ayuda”, concluyó.
Arturo Baeza
Prensa UChile