El informe se basa en una doctrina introducida en las leyes de California y apunta a desarrollar herramientas más robustas de protección de la naturaleza con miras a la redacción de una nueva Constitución.
«Protección de la naturaleza y una nueva constitución: lecciones de la doctrina del public trust«, se titula el informe recientemente lanzado en el marco del Proyecto Contexto, patrocinado por Chile California Conservation Exchange y la Universidad Diego Portales, el cual contó con la autoría de diversos académicos nacionales e internacionales, entre los que destacan Carl Bauer, Michael Blumm, Verónica Delgado, Matias Guiloff, Dominique Hervé, Guillermo Jiménez, Pablo Marshall y Tomás McKay, además de la colaboración de una serie de abogadas y abogados constitucionalistas y ambientales.
Según el informe, cuyo objetivo es aportar a la discusión constituyente abierta por el Estallido social de octubre de 2019, la doctrina del public trust “puede describirse como una forma de protección de ciertos elementos de la naturaleza, considerados de interés público, mediante el deber activo e irrenunciable del estado (cualquiera sea el órgano) de administrar y/o supervigilar que el uso que de ellos se haga, garantice el beneficio común de la población actual y futura, pudiendo además, limitar las actividades que en ellos se desarrollen, sin derecho a indemnización”.
Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram, quien tuvo la oportunidad de participar en la discusión para la elaboración del documento, destaca que este “es un esfuerzo muy importante de aproximar la doctrina del Public Trust a la realidad jurídica de nuestro país, generando una propuesta constitucional concreta que entrega al Estado la responsabilidad de velar por la correcta administración y preservación de los bienes ambientales, en beneficio de toda la población, incluyendo las generaciones futuras”.
Si bien Estados Unidos y Chile tienen marcadas diferencias institucionales y culturales en términos jurídicos, el informe plantea que, para el caso chileno, la doctrina del public trust podría ser asimilable a “las disposiciones que tratan sobre los bienes nacionales de uso público y las limitaciones a la propiedad privada fundadas en su función social”. No obstante, presentan diferencias, que para el caso del sistema legal chileno se expresa en que “no existe una cláusula legal que establezca de manera clara e inequívoca un deber activo de los órganos del Estado de velar por la protección del medio ambiente, así como por el acceso y uso público de los elementos de la naturaleza, en beneficio común”, agrega el documento.
Más adelante, el informe profundiza en cómo podría ser adaptada y aplicada dicha doctrina a la realidad chilena, donde recomienda fortalecer la protección del medio ambiente a través de “la inclusión de una nueva cláusula constitucional que se inspire en la doctrina del public trust. Esta cláusula establecería un deber irrenunciable del Estado de garantizar (1) la protección, el acceso y el uso de la naturaleza por parte de toda la población, incluyendo a las generaciones futuras y, en caso que lo último resulte imposible, que este uso siempre sea en su beneficio; y (2) la integridad de los ecosistemas”.
Finalmente, se destaca que el alcance de dicha doctrina no se agota a los ámbitos que plantea el informe, sino es extensible a otros temas de gran relevancia en la discusión constituyente, como ocurre con los escenarios futuros producto del cambio climático o las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios.
Descarga el informe completo aquí.
Fuente: Fundación Terram