Camila Carrasco Hidalgo
Directora Fundación La Alameda
La evidencia demuestra que la diversidad de genes, especies y ecosistemas en el mundo han disminuido. Harrop y Pritchard (2011) indican que “una cuarta parte de plantas del mundo está en peligro de extinción, la abundancia de vertebrados se ha reducido en un tercio en los últimos treinta años, los bosques continúan fragmentándose y la diversidad genética se está reduciendo”.
Si además consideramos que la disminución de la biodiversidad afecta el funcionamiento del ecosistema de los que depende la humanidad, como la creación de medicamentos y otros elementos necesarios para el bienestar de la sociedad, se entiende que la respuesta internacional ha sido promover tratados para enfrentar este problema.
La disminución de la biodiversidad es causada por la actividad económica, los cambios en el uso de la tierra, la sobre explotación de recursos, el aumento de la contaminación, el cambio climático y la biopiratería. Esta última, implica que se comercialice con recursos genéticos que proporciona el medio ambiente, sin reconocer que estos provienen de conocimientos tradicionales y de la sabiduría comunitaria. Según Reyna (2018) cerca del 70% de más de 7.000 productos farmacéuticos derivados de plantas involucran este tipo de conocimiento, por lo tanto, nace el debate sobre la protección del conocimiento asociado a comunidades indígenas como un elemento que asegura su sostenibilidad.
En 1992 surge la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) que reconoce la importancia de conservar recursos biológicos para el desarrollo económico socialmente sostenible y tiene tres objetivos principales: Conservar la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución equitativa de beneficios derivados de los recursos genéticos.
Este último, fue tratado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002) donde se pidió promover y salvaguardar la distribución de recursos genéticos entre las partes interesadas, aunque fue el protocolo de Nagoya (2010) que evidenció los problemas en países del sur: No cuentan con beneficios económicos derivados de proyectos de bioprospección, aumento de casos de biopiratería y falta de apoyo legal para frenarlo. Por lo tanto, este protocolo busca regular a nivel internacional actividades de bioprospección promovidas con fines comerciales y no comerciales, así como regular la privatización y la comercialización de nuevos medicamentos basados en descubrimientos de productos naturales.
Lo anterior, implica el compromiso de los gobiernos y la interacción con las comunidades indígenas para enfrentar la biopiratería e incluir los saberes que tienen comunidades. Es decir, la gobernanza de recursos genéticos tiene importantes desafíos entre la protección de la biodiversidad y del conocimiento ancestral v/s el aprovechamiento de los recursos en función de los avances tecnológicos y científicos.
A pesar de que 168 gobiernos han firmado este protocolo, Chile no lo ha hecho aún. El uso de la biodiversidad en la ciencia y en la tecnología sin regulaciones permite el uso de patentes y un control monopólico desigual sobre la utilización de recursos genéticos. Son los gobiernos quienes tienen la oportunidad de limitar la biopiratería a través de sus instrumentos e instituciones, pues tienen la autoridad para determinar el acceso a recursos genéticos y, de esta manera, sus decisiones conllevarán a que estos no se transformen en otras zonas de sacrificio.
La CDB reconoció la dependencia de los pueblos indígenas con los recursos biológicos, en términos de sus conocimientos tradicional. El protocolo de Nagoya establece obligaciones para asegurar la distribución equitativa de los beneficios, el cumplimiento del consentimiento previo e informado y la elaboración de un marco normativo nacional de acceso de los beneficios que incluyan su participación de estos actores.
Chile está en deuda con nuestra diversidad, sin embargo, en el contexto que vive el país, es una oportunidad para visibilizar esta otra cara de la moneda de la realidad ambiental y, por lo tanto, es un buen momento para exigir la adopción de medidas que aseguren que los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos lleguen a comunidades locales dueñas de ese conocimiento ancestral.
Existen desafíos importantes para limitar la biopiratería. Por una parte, los retos legales y marcos institucionales para lograr un proceso transparente e inclusivo con los actores no estatales. Los gobiernos tienen que garantizar la participación efectiva como también el otorgamiento o no de beneficios que nacen del uso de recursos genéticos.
Por otra parte, las autoridades son responsables de informar y establecer derechos y deberes sobre los beneficios, otorgando facilidades para indígenas y comunidades locales. Chile debe avanzar hacia un compromiso que frene la biopiratería y consolide la gobernanza de la biodiversidad. El país debe involucrarse en este protocolo y al mismo tiempo, tiene que visibilizar, proteger y hacer parte a las comunidades que cuentan con el conocimiento tradicional sobre recursos genéticos.
Palabras clave: Biopiratería, recursos genéticos, zonas de sacrificio, pueblos indígenas, Protocolo Nagoya.