En países en desarrollo, las suscripciones a teléfonos celulares cayeron por primera vez en la historia de 103 por cada 100 habitantes en 2019, a 99 por 100 habitantes en 2020 (ITU 2020). Sin embargo, a pesar de que el 84% de las personas tiene un teléfono móvil, tan sólo el 69% tiene internet. A partir de este punto, el acceso a tecnologías digitales comienza a ser profundamente desigual.
El subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, analiza en este artículo* cómo la participación electoral está cambiando durante la pandemia de COVID-19.
Si durante el último año has escuchado repetidamente la frase “Estás en mute” durante reuniones virtuales – ya sean de trabajo o sociales – probablemente estás dentro del grupo de personas para quienes la digitalización permite expandir sus opciones de vida. ¿Cuántos personas de América Latina y el Caribe no tienen la misma fortuna?
A pesar de los importantes avances en la cobertura de banda ancha en la región, y el gran porcentaje de personas que poseen teléfono móvil, la mayoría de la población se encuentra lejos de tener las herramientas, conocimientos y oportunidades para hacer uso de la digitalización como motor para mejorar sus condiciones de vida. Es así como la digitalización en la región toma forma de una pirámide invertida que en cada escalón va dejando a millones de personas en América Latina y el Caribe atrás.
Al momento en que el Covid-19 se arraigó en el mundo, el acceso a tecnologías digitales se convirtió, de forma repentina, en uno de los determinantes más importantes del bienestar de las personas. El acceso a internet en los hogares es la principal herramienta con la que las personas han hecho frente a la pandemia, ya que les ha permitido continuar con algunas de sus actividades cotidianas, entre ellas trabajar, estudiar y socializar aun estando en aislamiento.
Sin embargo, la desigualdad digital persiste en América Latina y el Caribe, tanto en el interior de los países como entre ellos. En la región, el acceso a tecnologías básicas ha ganado terreno. Prácticamente la totalidad de las zonas urbanas en América Latina y el Caribe tiene cobertura de banda ancha móvil, y poco más de un 84% de la población tiene ya un teléfono móvil. 
UN Mexico/Alexis AubinUn peatón camina mirando su teléfono móvil por las calles de la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19.
El problema es que, si solo tomamos en cuenta estos dos elementos, la posibilidad de continuar con estudios o actividades laborales de manera remota no es del todo factible. Por lo general, un teléfono móvil solo tiene acceso a internet si paga por un servicio de banda ancha móvil y tenerla con acceso amplio cuesta una cantidad importante de dinero. De hecho, la contracción económica ha obligado a muchas personas a suspender su suscripción de telefonía celular.
En países en desarrollo, las suscripciones a teléfonos celulares cayó por primera vez en la historia de 103 por 100 habitantes en 2019, a 99 por 100 habitantes en 2020 (ITU 2020). Sin embargo, a pesar de que el 84% tiene un teléfono móvil, tan sólo el 69% de las personas reporta hacer uso de internet. A partir de este punto el acceso a tecnologías digitales comienza a ser profundamente desigual.
Siguiendo con la posibilidad de realizar tareas remotas, el principal determinante es que tu hogar cuente con acceso a un servicio de banda ancha fija, aquí la heterogeneidad se vuelve cada vez más relevante.
Una gran desigualdad
En países como Chile y Costa Rica se reporta que más del 85% de los hogares tiene internet, pero en países como Bolivia y Guatemala este porcentaje no llega al 25%. Una vez con acceso a la red en casa, la posibilidad de realizar trabajo o estudios de manera remota requiere en su gran mayoría de una computadora. Ahí, el porcentaje de hogares que cuentan con una es todavía menor. La desigualdad entre países va de 65% y 68% en Argentina y Uruguay, a 17% en países como Honduras, El Salvador y 11% en Haití.
Tomando en cuenta el acceso a internet en el hogar y que éste tenga al menos una computadora podemos ver que la marginación digital —laboral y educativa— en tiempos de confinamiento alcanza a cerca del 60% de la población de América Latina.
En el interior de los países, las desigualdades están muy marcadas por la dimensión urbano/rural. Por ejemplo, la adopción de internet muestra niveles muy superiores en áreas urbanas como lo muestra el caso de Brasil donde, al año 2017, el nivel de adopción era de 65% en áreas urbanas y de solo 33,6% en áreas rurales; o el caso de Ecuador que, al año 2017, el nivel de adopción era de 46% en áreas urbanas y de solo 16.6% en áreas rurales (CAF, 2020).
Antonio HerreraUna niña en el campo de Colombia.
¿Qué se puede hacer virtualmente?
Otro factor relevante es el uso que se le está dando a internet, el cual determina si la persona está siendo capaz de realizar tareas de forma virtual (que antes requerían contacto físico) o en su mayoría solo se utiliza para comunicación básica en redes sociales. Según el “Índice de resiliencia digital del hogar” creado con este objetivo por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) esta “virtualización” aún es limitada.
El índice combina cuatro indicadores: descarga de aplicaciones para la salud, descarga de aplicaciones educativas, densidad de plataformas fintech e intensidad del comercio electrónico para calcular la “resiliencia digital del hogar”. Estos indicadores deben servir como indicador de los países cuya población está más preparada para afrontar la cuarentena sanitaria mediante la digitalización de sus hogares.
En el índice se puede ver la marcada heterogeneidad dentro de la región. El CAF interpreta que, de manera agregada, la posibilidad de los hogares para acceder a información sanitaria, realizar transacciones monetarias, adquirir bienes por comercio electrónico, y contribuir a la educación de niños en países con un índice inferior a 30, es limitada. (Por encima de esa barrera, se encuentran Chile, Brasil, Argentina, Colombia; por debajo, Panamá, México, Perú, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia.
Si bien el punto de partida es garantizar el acceso digital de manera horizontal en la sociedad, para que éste pueda ser aprovechado aún se requiere tanto de una mayor capacitación de la oferta laboral como de una transformación paralela de parte de la demanda.
En América Latina y el Caribe, la proporción promedio de trabajos que se puede realizar desde casa es tan solo del 20%, inferior a la de otras economías de similar ingreso. Esta varía entre el 14% de Honduras y el 27% de Uruguay. Esta proporción es del 41% en los Estados Unidos (G4T Julio 2020).
Un motivo para el optimismo
Un motivo para el optimismo es que la pandemia ha obligado a que las personas con recursos suficientes profundicen sus habilidades y herramientas digitales** y, por otro lado, a que se construya un consenso de que el Estado asuma la tarea de una digitalización incluyente como una de sus más importantes prioridades.
Desde el inicio de los confinamientos ha habido un gran esfuerzo por parte de los sectores tanto público como privado para aliviar los obstáculos presentados por la enseñanza a distancia y el trabajo remoto.
Las compañías de telecomunicaciones han tenido un rol fundamental en expandir el acceso a la conectividad y a los recursos educativos digitales.
A lo largo de la región se han implementado nuevas iniciativas para enfrentar estos retos, mismos que permitieron avances o, por lo menos, el mantenimiento de la conectividad, en especial para poblaciones de ingreso medio-bajo. Esta inercia positiva debe rebasar la coyuntura de los confinamientos y apuntalarse un motor de largo plazo para tirar de la productivad nacional y regional.
*El artículo original ha sido editado para adaptarlo a los requerimientos técnicos de la plataforma Noticias ONU.
** Se estima que tan solo entre enero y marzo, 2020 las descargas de aplicaciones que facilitan trabajo remoto (como Zoom, Skype, Microsoft Teams, etc) se multiplicaron 20 veces.