Tres relatores de la ONU afirman que los peligros radiactivos de la operación se han subestimado y podrían suponer un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente durante más de 100 años, poniendo en riesgo así el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras de Japón.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos manifestaron este jueves su profunda decepción por la reciente decisión adoptada por Japón por la que pretende verter en el océano agua contaminada procedente de la destruida central nuclear de Fukushima. Los especialistas afirman que el vertido podría afectar a millones de seres y a los medios de vida en la región del Pacífico.
“El vertido de un millón de toneladas de agua contaminada en el mar supone un riesgo considerable para el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras de Japón“, dijeron los expertos independientes* nombrados por el Consejo de Derechos Humanos.
Los tres relatores especiales de la ONU trasladaron su preocupación al Gobierno japonés debido a las posibles amenazas para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse del vertido de agua radiactiva en el océano Pacífico. Sin embargo, las respuestas del Gobierno Japonés sugieren que el agua tratada y almacenada en los tanques no está contaminada.
“La decisión del Gobierno es muy preocupante, dadas las advertencias sobre el efecto de tal vertido en la vida de tantas personas y en el medio ambiente en general. Llega tras años de debates y preocupaciones planteadas por las comunidades locales, en particular la comunidad pesquera, que ya se vio gravemente afectada por el desastre de 2011, las ONG medioambientales, los países vecinos y la sociedad civil. La decisión es especialmente decepcionante, ya que los expertos creen que existen soluciones alternativas al problema“.
Carbono-14 y otros isótopos radiactivos
Los relatores afirmaron que el agua puede contener cantidades de carbono-14 radiactivo, así como otros isótopos radiactivos como el estroncio-90 y el tritio.
Igualmente, afirmaron que la tecnología de tratamiento del agua conocida como ALPS no ha logrado eliminar por completo las concentraciones radiactivas en la mayor parte del agua contaminada almacenada en los tanques de la central de Fukushima Daiichi.
“La primera aplicación del ALPS no logró limpiar el agua por debajo de los niveles reglamentarios y no hay garantías de que un segundo tratamiento tenga éxito”, dijeron, y añadieron que la tecnología no eliminó tampoco el tritio radiactivo ni el carbono 14.
Pese a que Japón indica que los niveles de tritio son muy bajos y no suponen una amenaza para la salud humana, los científicos advierten de que el tritio presente en el agua se une de forma orgánica a otras moléculas, desplazándose a lo largo de la cadena alimentaria y afectando a las plantas, los peces y los seres humanos.
Afirman que los peligros radiactivos del tritio se han subestimado y podrían suponer un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente durante más de 100 años.
“Recordamos a Japón sus obligaciones internacionales de prevenir la exposición a sustancias peligrosas, de realizar evaluaciones de impacto ambiental de los riesgos que pueda tener el vertido de agua, de prevenir los daños ambientales transfronterizos y de proteger el medio ambiente marino”, afirman los expertos.
El vertido cuenta con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica
Este martes el Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que trabajará estrechamente con el Gobierno de Japón en el vertido al mar del agua que sirvió para enfiar la antigua central nuclear.
El director general del Organismo dijo que el método escogido por Japón es “posible técnicamente y está de acuerdo con las prácticas internacionales”.
Rafael Mariano Grossi explicó que la agencia de la ONU está preparada para “brindar apoyo técnico y revisar el cumplimiento seguro y transparente del plan”.
*Los expertos: Marcos A. Orellana, relator especial sobre tóxicos y derechos humanos; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; David Boyd, relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.