Matías Pascuali Tello
Profesor Investigador Centro de Derecho Regulatorio y Empresa
Universidad del Desarrollo
El día 14 de abril, la OCDE presentó su estudio anual “Going for Growth,” que señala prioridades de políticas públicas recomendadas a los países miembros. Esta edición viene marcada principalmente por la Pandemia Mundial del Covid 19.
Este informe anual se publicó por primera vez en 2005 y ofrece una descripción general de la evolución de las políticas estructurales en los países de la OCDE desde una perspectiva comparada. Con base en un amplio conjunto de indicadores de políticas estructurales y desempeño, cada edición evalúa los avances recientes en la implementación de reformas de políticas para mejorar la productividad y la utilización de la mano de obra que se identificaron como prioridades en la edición anterior. Estos indicadores permiten a los países evaluar su desempeño económico y sus políticas estructurales en una amplia gama de áreas, tales como tributación, empleo, educación, entre otras.
Respecto de Chile, se señala que, a pesar de haber sido fuertemente golpeado por la pandemia, se enfrenta a una recuperación gradual de su economía para los próximos 2 años, pronosticando un retorno a sus niveles pre-pandemia para fines del año 2022.
Sin embargo, en materia tributaria se establece que es necesario apuntar a ciertos cambios que busquen políticas impositivas tendientes, principalmente, a establecer un sistema tributario más efectivo en relación con las transferencias que éste posibilita y a generar una mayor redistribución que permita una recuperación equitativa.
Dentro de las medidas tributarias que se proponen figuran:
– Reforzar el carácter redistributivo de los impuestos personales, bajando los montos en que se aplica cada tramo de impuestos
– Establecer beneficios directos en dinero
– Tomar medidas temporales que busquen la protección de trabajadores desempleados y que se apliquen inmediatamente al momento de que el desempleo llegue a ciertos niveles
De estas medidas, la más interesante es la primera, ya que importa discutir los tramos del Impuesto Global Complementario, principalmente el monto de las rentas que gatillan los tramos más altos (que es una medida entendible que creo gozaría de cierta popularidad); pero también revisar el tramo exento, que es un tema que no se ha discutido, pero que si consideramos la situación comparada, tenemos un tramo exento bastante alto.
Por ejemplo, hace un par de semanas Nueva Zelanda modificó sus tasas de impuestos personales aumentando las tasas de los tramos más altos, lo que fue fuertemente comentado en el ambiente político, señalando (nuevamente) a Nueva Zelanda como el ejemplo a seguir.
Sin embargo, nada se ha dicho respecto a que en Nueva Zelanda las rentas anuales equivalentes a 10.000 dólares de los Estados Unidos pagan una tasa de un 10,5 % de impuestos, monto que en Chile está exento de impuestos.
Este es el monto que propone la OCDE modificar rebajando o eliminando el tramo exento, esta medida puede generar una recaudación, pero políticamente sería muy impopular, ¿se atreverían nuestros parlamentarios a seguir en este caso las propuestas de la OCDE? O sólo las escuchan cuando las propuestas afectan a los super ricos.