Los profesores Salvador Millaleo y Verónica Figueroa Huencho, junto a la estudiante Makarena Ríos Palape, valoran la elección de los 17 representantes de pueblos originarios en el órgano que tendrá la misión de redactar una nueva Constitución, pero advirtieron de los numerosos obstáculos que limitaron la participación de la población indígena a poco más de un 20 por ciento. Por otra parte, destacan que la configuración de la Convención Constitucional abre el camino para una serie de demandas compartidas por este grupo de la población, un trabajo que será apoyado por la Universidad de Chile a través de la Plataforma Constitucional Indígena y la plataforma UChile Constituyente, entre otras iniciativas de nuestro plantel.
22,81 por ciento del padrón indígena votó escaños reservados para pueblos originarios, de acuerdo al Servicio Electoral de Chile (Servel), una participación baja en comparación al 43,35 por ciento de electores del padrón nacional que concurrieron a las urnas el pasado 15 y 16 de mayo. Integrantes de la Universidad de Chile de ascendencia indígena plantean que si bien esperaban que esta convocatoria fuera mayor, debe ser vista en función de los múltiples obstáculos que hubo para que las personas de pueblos originarios pudieran sufragar.
Verónica Figueroa Huencho, profesora del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la U. de Chile y vicepresidenta del Senado Universitario, plantea que esta elección representa un hito tanto para Chile como para los pueblos originarios que participaron de forma inédita en este proceso. Sin embargo, enfatizó en los problemas que hubo asociados a la conformación del padrón específico. “Era un padrón que fue construido no solamente con prisa, también era desconocido por parte de la población de pueblos originarios. Eso después se evidenció en el mismo proceso eleccionario. Por ejemplo, de parte de los vocales recibimos varias denuncias, a través de distintos canales, que indicaban que no se les había capacitado”.
La participación de pueblos originarios se vio mermada por esta debilidad además en el proceso de difusión, agrega Makarena Ríos Palape, estudiante de Sociología de nuestro plantel de origen Aymara, quien se desempeñó como vocal de mesa en el Liceo José de San Martín de Santiago. “Había gente en el padrón que votaba por escaños indígenas y al momento de enfrentarse a un vocal no estaban bien informados sobre la forma en que tenían que votar en la papeleta indígena. Yo trataba de apoyar, pero en la capacitación tampoco se informó bien, y fue de manera bastante improvisada”, relata. Incluso, comenta, “en nuestro local llegó un chico con apellido mapuche que salía como diaguita. A él se le negó finalmente el voto por el pueblo originario que le correspondía”.
El académico de la Facultad de Derecho e impulsor de la Plataforma Constitucional Indígena de la U. de Chile, Salvador Millaleo, plantea que se esperaba una mayor participación, “pero hay que tener en cuenta que fue una votación inédita, que no tuvo ningún tipo de promoción por parte del Servel o del gobierno. No hubo una campaña que permitiera entender cómo se iba a votar por escaños reservados. También hay que tener presente una serie de dificultades, como las de desplazamiento. Entonces, no hubo realmente un esfuerzo para favorecer que quienes pudieran votar supieran cómo hacerlo. Luego están todos estos problemas, que no fueron pocos, de los vocales de mesa no proporcionaban la papeleta verde de voto indígena. Hubo varias debilidades en lo que fue el apoyo del Estado a la hora de posibilitar los votos por los escaños reservados”.
Plurinacionalidad, autonomía y territorialidad
Respecto a los 17 representantes que ocuparán los escaños reservados para pueblos indígenas, la profesora Figueroa y el profesor Millaleo, destacan que existen ideas comunes en los programas de los candidatos elegidos. La principal está referido a la definición constitucional de Chile como un Estado plurinacional, en el que se reconozca la diversidad de naciones que conviven bajo un mismo sistema jurídico y constitucional, y donde el Estado garantiza esta convivencia a través de una relación intercultural de igualdad que impida la dominación de una nación sobre otra.
“Hay muchas coincidencias en los programas. Prácticamente en todas las propuestas está avanzar hacia un Estado plurinacional como un piso mínimo de discusión, por lo tanto, entendemos que van a posicionar esas propuestas dentro de la Convención. Y si uno mira cómo quedó compuesta la Convención, uno puede tener la esperanza de que estas propuestas van a tener un eco, va a haber una caja de resonancia para poder posicionarlas. Lo otro es que la mayoría de estas candidaturas aboga por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, tal como está establecida en la declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas”, comenta Verónica Figueroa.
Sobre este punto, el profesor Millaleo detalla que el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas tiene relación con el reconocimiento de poderes públicos por parte del Estado “para que las organizaciones indígenas ejerzan estos poderes en un espacio determinado, en el cual toman decisiones que les son propias. Estos poderes se reconocen precisamente para que los pueblos originarios puedan, a través de ese poder, mantener sus formas de vida”.
Otro punto que comparten la mayoría de los programas de los representantes del mundo indígena tiene que ver con la necesidad de que se reconozcan y recuperen los territorios indígenas. Esta demanda sobre la territorialidad apunta a “los hábitat que han sido usados ancestralmente por los pueblos indígenas y con los que tienen un vínculo que no es solo económico y de ocupación, sino que también es espiritual. Esto implica reconocer derechos a estos pueblos sobre esos territorios, incluyendo el acceso a sus recursos naturales”, indica Salvador Millaleo.
Correlación de fuerzas
Ante la configuración de fuerzas dentro de la Convención Constitucional y la incidencia de la bancada indígena en otros temas, Makarena Ríos Palape, expresa que “los pueblos indígenas no estamos acostumbrados a participar en este tipo de procesos, tenemos otras formas históricas y culturales de funcionar. Sin embargo, estamos haciendo el ejercicio de entrar en este espacio para dialogar y poner nuestros conocimientos al servicio de ese diálogo. Esperamos que eso pueda ser bien recibido, podamos llegar a un encuentro y no se repliquen lógica racistas que se dan en otros espacios. Creo que es posible generar consensos amplios con otros sectores, de acuerdo a cómo se configuró la Convención. Hay muchos puntos de vista en común”.
“Aquí hay propuestas específicas de los pueblos indígenas, pero lo ideal es que los constituyentes indígenas sean partícipes en la discusión de todos los temas, lo que no puede pasar es que se configure una especie de comisión indígena, que podría existir, pero no puede ser excluyente en la participación de otros temas fundamentales”, enfatiza Verónica Figueroa, quien plantea que el diálogo con todas las fuerzas políticas dentro de la Convención debe abordar otras discusiones sobre el modelo de desarrollo, el agua y los recursos naturales, entre muchos otros temas trascendentales que pondrán sobre la mesa las y los constituyentes.
Salvador Millaleo sostiene que lo más probable es que se constituya una bancada indígena unida, lo que será clave para el éxito en las demandas que presenten. “Lo fundamental es que puedan organizarse y tener estrategias claras para conseguirlo, pero en la configuración actual de la Convención creo que eso puede estar al alcance de la mano. No hay nadie que tenga la capacidad de vetar o bloquear las demandas de los pueblos originarios”. Por otra parte, plantea que la participación no puede estar restringida a los temas indígenas. “Quizás el aspecto más duro, pero que en este caso sabemos que no va a estar vedado, va a ser el cambio de modelo económico. Para los pueblos originarios no existe mayor agresión que un modelo económico que es depredador de la naturaleza, y por ello va a haber una importante actividad por crear un modelo distinto, que sea más respetuoso y equilibrado”.
El rol de la Universidad de Chile
La Universidad de Chile ha tenido un rol central en el camino hacia esta Convención Constitucional, una labor que seguirá desplegando a través de distintas iniciativas como la plataforma UChile Constituyente, que agrupa la contribución de sus distintas unidades en este momento histórico. Una de ellas es la Plataforma Constitucional Indígena que la Facultad de Derecho impulsa para fortalecer la participación de los pueblos originarios en este proceso, a través del apoyo que brindará a los representantes de pueblos indígenas.
Salvador Millaleo lidera esta plataforma impulsada junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien adelanta que una de las tareas que viene en esta nueva etapa del proceso constituyente es difundir las ideas comunes que están en los programas de los candidatos electos para familiarizar estas propuestas con la opinión pública y el resto de los constituyentes. Junto a esto, añade, se irá tomando contacto con los representantes para generar nuevas instancias de diálogo, “de tal manera que vayan estableciéndose las bases para las propuestas que se van a presentar. Hay una serie de temas, como los derechos de la naturaleza, que van a requerir trabajo específico. Entonces, el objetivo es apoyar, generar seminarios y equipos de trabajo”, señala.
Plantea, asimismo, que el papel de la Universidad de Chile es clave en esta instancia. “Me alegra que en toda la Universidad se estén desarrollando iniciativas y creo que es necesaria una buena coordinación entre todas. Hemos tenido un rol en promover que existiera una nueva Constitución. El hecho de que se hayan elegido académicos de la Universidad como Fernando Atria no es casualidad, él es uno de los grandes impulsores de una nueva Constitución. Esto quiere decir que hemos estado inmersos en esta discusión desde hace mucho tiempo, pero tenemos que mantener esto y hacer una reflexión colectiva, institucional, para ver cómo la Universidad aporta”, concluye.
En esta línea, Verónica Figueroa afirma que la Universidad de Chile, como institución formativa, de formación ciudadana, y como institución pública del Estado, debe nuevamente ponerse al servicio del país y liderar la discusión en este proceso. Agrega que además “tiene una deuda, ya que contribuyó a formar a gran parte de la elite que a lo largo de la historia de Chile ha planteado en estas constituciones idearios que han excluido a los pueblos indígenas. Hoy, cuando la Universidad tiene además una comunidad representativa de esa diversidad social y de pueblos originarios, tiene que ponerse a disposición de la Convención Constitucional”.
Por último, Makarena Ríos Palape, quien actualmente desarrolla su tesis de pregrado en mujeres indígenas y feminismo, destaca el hecho de que hay varios constituyentes elegidos que provienen de nuestro plantel. Por otra parte, indica, “sería interesante complementar al trabajo general de la U. de Chile asociado a la Convención Constitucional la mirada de los estudiantes indígenas, que no somos pocos. Somos varios dentro del colectivo de jóvenes indígenas para quienes la Universidad significó un espacio de reconocimiento y de reencuentro con nuestras culturas. Esta sería una oportunidad maravillosa para dar cuenta de eso, de generar más espacios para los procesos de identificación de los jóvenes indígenas y desde ahí incidir en procesos históricos”.
Texto: Cristian Fuentes Valencia
Prensa UChile