“La pobreza extrema, la desigualdad y la injusticia aumentan”, dice Michelle Bachelet y llama a los líderes mundiales a encontrar una solución inclusiva y sostenible a la crisis causada por la pandemia de COVID-19.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dio cuenta este lunes de graves retrocesos en los derechos humanos en el mundo durante un informe sobre el papel del Estado en la respuesta a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.
En la inauguración de la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Michelle Bachelet lamentó el “espacio democrático y cívico erosionado” en diversos lugares del mundo y afirmó que “la pobreza extrema, la desigualdad y la injusticia están aumentando”.
En este contexto, consideró que los líderes mundiales deben encontrar una solución clara para salir de la compleja crisis de la pandemia de COVID-19.
“Se trata de avanzar hacia un futuro inclusivo, ecológico, sostenible y resiliente o, de lo contrario, colapsar”, advirtió Bachelet.
Para la Alta Comisionada, el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos socavó la resiliencia de los sistemas de salud, así como los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación ante las emergencias sanitarias.
Situaciones preocupantes
A la numerosa lista de países en los que había reportado este año situaciones preocupantes de las garantías fundamentales, como Brasil, Chile , China, Ecuador, Irán, Libia, Perú, Arabia Saudita, Siria y Estados Unidos, en esta ocasión Bachelet agregó Afganistán, Bielorrusia, Etiopía y Sri Lanka, entre otros.
De América Latina, incluyó a Colombia y México debido a “cuestiones recientes muy preocupantes” y adelantó que en la presente sesión del Consejo de Derechos Humanos se expondrán los casos de Nicaragua y Venezuela.
Jeimmy CelemínManifestantes marchan por las calles de Bogotá en Colombia.
Abusos de las fuerzas de seguridad en Colombia
Sobre Colombia se refirió a las protestas iniciadas el 28 de abril pasado en un contexto de crisis económica preexistente y profundas desigualdades sociales agudizadas por la pandemia de COVID-19.
“Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, recordó.
Bachelet dijo que si bien la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, se han registrado varios casos de violencia y reiteró su condena a todas las formas de agresión, pidiendo respeto al derecho de asamblea pacífica y llamando al diálogo para resolver la crisis.
Detalló que del 28 de abril al 16 de junio, su Oficina recibió denuncias de 56 muertes (54 civiles y dos policías) en el contexto de las protestas – principalmente en la ciudad de Cali -, así como de 49 presuntas víctimas de violencia sexual.
También indicó que su equipo documenta abusos contra los derechos humanos por parte de agentes no estatales y analiza el efecto en los derechos humanos de los bloqueos continuos.
Que los responsables rindan cuentas
Por otra parte, acogió con beneplácito el anuncio de una política de tolerancia cero para los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad hecho por el presidente colombiano Iván Duque e instó a las autoridades a que garanticen investigaciones rápidas, efectivas e independientes de todas las denuncias de violaciones y abusos de las garantías fundamentales perpetradas desde el 28 de abril, recalcando que los responsables deben rendir cuentas.
“La plena aplicación del Acuerdo de Paz, incluido el apoyo al histórico proceso de justicia transicional, sigue siendo fundamental en la respuesta a los actuales disturbios. El cumplimiento de estas promesas vitales al pueblo de Colombia contribuirá a abordar las causas fundamentales y a aumentar la confianza pública en las autoridades”, enfatizó la Alta Comisionada.
CINU México/Antonio NietoMichelle Bachelet con familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. (Foto de archivo)
Violencia política en México
Con respecto a México, Bachelet expresó alarma por el alto nivel de violencia política registrado en el contexto electoral de los comicios intermedios celebrados el pasado 6 de junio.
Se refirió a los por lo menos 91 políticos y miembros de partidos políticos asesinados, entre ellos 36 candidatos electorales, todos abatidos a partir septiembre de 2020, cuando comenzaron las campañas.
La titular de la Oficina de derechos humanos citó asimismo, una serie de ataques y amenazas que pusieron en peligro la vida de algunos políticos y sus partidarios, al igual que a otros funcionarios públicos.
Aseveró que todos los partidos políticos resultaron afectados y que las mujeres enfrentaron violencia de género, incluida la violencia sexual y campañas de difamación.
Garantizar que no vuelva a ocurrir
“Es fundamental asegurar la rendición de cuentas por estos actos y garantizar su no repetición. En el futuro, también aliento a las autoridades a que se abstengan de utilizar un lenguaje que socave a quienes expresan opiniones disidentes o que de alguna manera ponga en duda la independencia de los órganos autónomos, incluidas las instituciones electorales”, puntualizó.
Finalmente, se mostró complacida con la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México aceptando como legalmente vinculantes para las autoridades las recomendaciones de acción urgente del Comité contra Desapariciones Forzadas.