Fundación Terram
Comunicado de 130 organizaciones socioambientales de todo el país, 28 constituyentes y 5 líderes ambientales que manifiestan su preocupación y repudio ante el amedrentamiento en contra de Diego Ovalle Valenzuela, vocero del Movimiento Socioambiental Antuko Resiste.
Las 130 organizaciones socioambientales de todo el país, los 28 constituyentes y los 5 líderes ambientales aquí firmantes manifiestan su preocupación y repudio ante la escala de amedrentamientos que se han sucedido a defensores de la naturaleza en todo el país. Hoy denunciamos el cobarde actuar en contra de Diego Ovalle Valenzuela, vocero del Movimiento Socioambiental Antuko Resiste.
Durante la jornada de la noche del miércoles 23 de junio a las 21:45 hrs. frente al hogar del vocero socioambiental Diego Ovalle Valenzuela, ubicado en Antuco, se percibieron 3 balazos, evidenciándose así una grave escalada de acciones de amedrentamiento en contra de distintos defensores medioambientales en el país.
Diego Ovalle Valenzuela además de trabajar firmemente en la protección del medio ambiente en Antuco, donde ha denunciado el avance indiscriminado de las forestales contra el bosque nativo, y de la industria ganadera y lechera que estarían impactando el río Rucúe, es parte de la Red por los Ríos Libres.
Escalada contra los defensores ambientales
Junto con llamar la atención ante esta grave situación que afecta a nuestro compañero Diego Ovalle Valenzuela, las organizaciones aquí firmantes, recordamos que durante este primer semestre de 2021 también hemos sido testigos de otros amedrentamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental, cuestión que se viene repitiendo sostenidamente, debido a la impunidad que prevalece en Chile para quienes cometen este tipo de actos.
Recientemente, se han hecho públicas nuevas amenazas de muerte contra Verónica Vilchez, dirigenta de Modatima, en las instalaciones del APR de San José en la comuna de Cabildo, las cuales se suman a los rayados aparecidos en el mismo lugar en febrero de este año.
Otro caso es el de Michael Lieberherr, estudiante de periodismo situado en la comuna de Choapa, quien recibió amenazas de muerte de manera telefónica en donde le dicen “que se encontraba vigilado y que debía salir de la ciudad donde se encontraba residiendo” mientras realizaba una investigación sobre la posible responsabilidad de empresas mineras en los desastres ambientales que afectan a diferentes localidades rurales.
Antes, el 21 de marzo, Uriel González activista por la defensa del agua, fue abordado en Santiago por desconocidos, quienes armados con cuchillos lo secuestraron, agredieron, amenazaron y lo amedrentaron diciéndole “No te metai con el agua”.
Estas situaciones de amedrentamiento a dirigentes socioambientales, no son las únicas ni hechos aislados, y se suman a la impunidad en la que han quedado los casos de violación a los derechos humanos post estallido social, todo en un contexto de estado de excepción.
Los territorios, las comunidades y los defensores ambientales han resistido durante años y décadas la arremetida de proyectos de gran escala en materia energética, forestal, minera o de salmonicultura por sus graves impactos y para proteger bienes comunes como el agua.
Esta resistencia ha aumentado el malestar de quienes desarrollan actividades extractivas y con ello han utilizado el modus operandi de amenazar y amedrentar a quienes que defienden la naturaleza y el sostén de vida que esta proporciona, sin embargo, la política de persecución no la toleraremos y en todos estos casos se han realizado las denuncias por las vías formales.
Como organizaciones de la sociedad civil y ante la escalada de situaciones que vulneran la seguridad de los defensores ambientales llamamos al Gobierno a que firme el Acuerdo de Escazú, como medida de protección a los defensores del medio ambiente, al parlamento a visibilizar y tomar las medidas pertinentes ante estos actos y la opinión pública les convocamos a estar alertas y a exigir justicia y el término de estas graves amenazas a las que se están viendo sometidos nuestros compañeros y compañeras de causa.
Todas las organizaciones abajo firmantes nos negamos a aceptar y tolerar estas prácticas que van en contra de un Estado de derecho y de nuestra democracia. Visibilizaremos cada amedrentamiento y apoyaremos a quienes han sido vulnerados, incluso apoyando en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional.
No claudicaremos en la defensa y protección de los territorios, de los bienes comunes y seguiremos avanzando, resistiendo, organizados y unidos más que nunca, ante los cobardes actos de amedrentamiento que no permitiremos queden impunes.