Los hechos de violencia sucedidos el fin de semana, donde una marcha terminó con manifestantes quemando las pertenencias y carpas de inmigrantes en la ciudad nortina, mostró la cara más cruda del racismo en nuestro país. Tanto organizaciones sociales como académicos y académicas de la U. de Chile responsabilizan al gobierno de los hechos por construir y fomentar un discurso de odio contra los migrantes, de no cumplir los convenios internacionales en derechos humanos y de impulsar una política insuficiente y totalmente restrictiva que no se hace cargo del problema de fondo.
Lorena Zambrano, dirigenta social ecuatoriana, sabe perfectamente lo que es estar sin casa en un país extranjero. Le ocurrió a ella misma en Iquique, cuando -en agosto de 2016- efectivos de Carabineros realizaron un violento desalojo del campamento en el que habitaba en Alto Hospicio, acción que la hizo quedar durmiendo en la intemperie, en pleno desierto, junto a otras 1.300 familias.
La experiencia de Lorena se ha ido repitiendo hasta el cansancio en los últimos años en el norte del país y tuvo quizás su cara más cruda el pasado sábado 25 de septiembre, cuando un día después del desalojo que hiciera la policía y funcionarios de la PDI de un centenar de migrantes que estaban instalados en la céntrica Plaza Brasil de Iquique, manifestantes de la llamada marcha “No + Migrantes” terminaron quemando las pertenencias y carpas de extranjeros, un acto racista que dio la vuelta al mundo.
“Es muy triste porque siempre ha habido un rechazo al extranjero, pero nunca con este nivel de violencia. Llevo 11 años viviendo en Chile y hoy vuelvo a salir a la calle con temor. Estamos siendo perseguidos y, por eso mismo, estamos siendo muy cuidadosos con los videos y fotos porque hasta amenazas de muerte nos han llegado”, cuenta Lorena Zambrano, quien es integrante de la Asociación de Migrantes y Promigrantes (AMPRO), una de las organizaciones que está llevando ayuda a los migrantes desalojados en Iquique.
“Estamos apoyando con las donaciones económicas y en víveres que nos llegan de gente privada y así poder entregar alimentación, y también estamos gestionando con otros colectivos algunas hospederías que han querido abrir sus puertas para recibir algunos migrantes, pero es todo muy complejo. Nos preocupa la gente en situación de calle y quienes han decidido moverse a otros lugares del país”, dice la dirigenta.
Para Lorena, quien hoy vive en el campamento Barrio Transitorio de Emergencia Renacer de Alto Hospicio junto a unas 250 familias, quienes por sus propios medios han logrado tener acceso a luz y negociar tener medios de transportes que los lleven a la ciudad- la discriminación que viven los extranjeros en Iquique es una de las más complejas que ha visto e involucra no solo a grupos extremistas, sino también a ciudadanos corrientes e incluso migrantes que como ella se han podido establecer en Chile.
“Los aires aquí están divididos. Una porción apoya la migración y otra no porque la asocian con delincuencia. Pero nosotros, como migrantes, también desaprobamos totalmente las personas que vienen a hacer daño y nunca hemos incentivado que vengan porque sabemos lo difícil que es, que si no trabajas te mueres de hambre”, dice Lorena. “Imagínate que los mismos que marchaban a nuestro lado durante el estallido social hoy son quienes nos dan la espalda, y quienes nos agreden y nos queman nuestras cosas. Es nacionalismo puro que les salió ahora por la ignorancia. La deshumanización que vivimos es brutal”, agrega.
Sin embargo, para la dirigenta, la responsabilidad de los actos violentos cometidos durante la jornada del sábado y que han continuado con otras agresiones en la vía pública, no son de personas individuales sino del gobierno. “Hubo conversaciones previas en las que se acordó catastrar a los compañeros que estaban en la calle para darles una solución, como también canalizar ayuda laboral y para agilizar trámites legales, pero nada se respetó. Se supone que esta vez el gobierno sí pondría atención, pero se burlaron nuevamente de nosotros, nos sentimos humillados, ultrajados, nuestra dignidad puesta en juego”, acusa Zambrano.
Al igual que la dirigenta social, académicas y académicos de la U. de Chile también responsabilizan al gobierno de no respetar la legislación vigente ni los acuerdos internacionales en Derechos Humanos, como también de implementar una política migratoria totalmente restrictiva y que no da espacio ni oportunidad para la integración de extranjeros en la sociedad chilena.
Para María Emilia Tijoux, académica y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, lo que pasó ahora en Iquique tiene que ver con una estrategia política del gobierno con miras a las elecciones. “Justo cuando se abre la campaña presidencial, Piñera llama de nuevo a ‘’ordenar la casa’, decreta expulsiones y una gran cantidad de gente se siente llamada, que no son necesariamente de derecha, sino personas comunes y corrientes, miles de personas con banderas aymaras, mapuches, feministas, es realmente muy preocupante porque este discurso populista siempre ha sido la base del facismo”.
El día anterior a la marcha anti migrante, la socióloga de la Universidad de Chile -junto a Eduardo Cardoza, del Movimiento Acción Migrante, y a la académica Constanza Ambiado– publicó una columna en Le Monde Diplomatique, titulada “El permanente sufrimiento de ser migrante en Chile”, en donde expone una serie de antecedentes de otros desalojos a migrantes que han tenido como consecuencia una ciudad hirviendo por la polarización.
Más tarde, el domingo 26, la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de nuestro plantel, junto a las otras Cátedras de Derechos Humanos y Amanda Labarca -de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones- difundieron la declaración “Contra el castigo racista a las personas migrantes”, que insta al gobierno a respetar e implementar los compromisos internacionales que ha suscrito en materia de refugio, protección de niños y niñas y adolescentes y promoción de la regularidad de las personas migrantes.
“Lo venimos anunciando desde febrero con la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, que esto iba a llevar a consecuencias muy graves. Se está construyendo acá la imagen de una población migrante que es causante de todos los problemas de la gente del norte, sobre todo se está armando un discurso de odio muy potente que proviene del gobierno y es difundido por los medios de comunicación oficiales, y los discursos de odio siempre terminan en acciones violentas”, afirma Tijoux.
El doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, coincide con la visión de la académica y asocia lo que sucedió en Iquique con otros casos de racismo en el sur del país. “Es algo que ya vimos en medio de la pandemia, cuando desalojaron las municipalidades de Ercilla y Curacautín, y donde también hubo presencia de personas que participaron en actos racistas. Un día son los mapuche, otro día los migrantes venezolanos. Esto habla de una sociedad que incorporó este discurso individualista, donde mi bienestar pasa por deshacerse del otro que pueda competir en acceder a beneficios del Estado e implica una ruptura cultural muy profunda en Chile”, plantea.
Dentro de las competencias que le caben, el académico enfatiza que el Estado tiene la responsabilidad de velar por los derechos humanos de quienes están sujeto a su jurisdicción, por su bienestar, salud, seguridad y seguridad física, independiente de la condición migratoria en que se encuentren, cuestión que el actual gobierno está incumpliendo.
Por otra parte, el sociólogo e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, Luis Eduardo Thayer, va más allá y acusa al gobierno de aplicar una política migratoria “inviable e irracional”, que tiene por consecuencia la “estigmatización de las personas migrantes”. En esta línea, plantea que “no se han tomado las medidas necesarias para que las personas puedan integrarse con las condiciones mínimas y, a su vez, el gobierno rehúsa regularizar a las personas que ya han entrado al país por pasos no habilitados y que son más de 50 mil personas desde 2017. En varias oportunidades, los tribunales de justicia han dicho que las expulsiones masivas ejecutadas por el gobierno son ilegales, ya tienen que ver con infringir la ley de extranjería, pero no se les ha dado a estas personas el derecho a defenderse o litigar”, señala el académico.
Integración y trabajo regional
Para los expertos y expertas abordar el problema migratorio en este punto álgido de crisis no es fácil y requiere cambiar drásticamente el enfoque y el trato que se le ha dado al proceso en nuestro país, evitando de partida las expulsiones. “Colombia le entregó un millón 500 mil visas temporarias a venezolanos que habían cruzado la frontera de manera irregular porque entendió que estas personas no iban a volver a su país. Entonces, les dio la oportunidad para integrarse, buscar un lugar para vivir, buscar trabajo. Aquí en Chile ni siquiera les permiten moverse dentro del país, es de una irresponsabilidad e irracionalidad enorme porque está basada en la idea de que la frontera es clausurable y no se asume que no se puede tener el control total de ella”, afirma Luis Eduardo Thayer.
La profesora asistente de la Facultad de Derecho de la U. de Chile e investigadora del Centro de Derechos Humanos de nuestro plantel, Rita Lages, apela además a la necesidad de realizar un trabajo mancomunado en la región para resolver de fondo la crisis. “Hay incluso países que son muy exigentes y restrictivos en la entrada de personas extranjeras, pero una vez que lo hacen son bastante más abiertos en sus políticas, como Canadá, Australia, Suecia, en cuanto a la integración al mercado laboral, acceso a la educación, al espacio y bienes públicos, donde los extranjeros tienen más posibilidades de desarrollarse como seres humanos”, dice Lages.
La académica sostiene, además, que “Chile -como un país que es política y económicamente más estable que el resto- debería hacerse más responsable de asumir un cierto rol protagónico sobre ciertas situaciones de la región, sobre todo en el tema de los refugiados. Esto es como la pandemia y se debe tratar de forma colectiva y con esfuerzos de todos los países, ya que estamos hablando de millones de personas afectadas”.
En tanto, Claudio Nash advierte que primero se debe atacar la emergencia y hacerse cargo de la vulnerabilidad de los migrantes que hoy están siendo agredidos y, al mismo tiempo, tomar medidas de largo plazo que -al igual que plantea Lages- “involucre la coordinación de todos los países que están recibiendo migrantes de la crisis humanitaria que se ha desatado en Venezuela. Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y Chile deben reaccionar en conjunto”.
Por su parte, Lorena Zambrano apela a algo aún más profundo: “Re-edúquemonos, no discriminemos, no tengamos temor de lo diferente, porque las nuevas generaciones que hoy crecen en Chile están cruzadas, hay una pluriculturalidad que no se quiere aceptar y que históricamente está. Rebelarnos ante nuestra propia identidad, mezclada como pueblo, es ya estar negando todo lo que viene a futuro”, resume.
Denisse Espinoza – periodista Vexcom