Por Camila Carrasco y Juan Luis Manosalva
Centro de Políticas Públicas UCT
Publicada en El Mostrador
A principios de agosto se publicó el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El escrito presenta una alerta sobre la amenaza climática que vive el planeta y, al mismo tiempo, entrega recomendaciones sobre qué decisiones tomar ahora para limitar esta crisis en el futuro. Dichas recomendaciones deberían ser consideradas por todas las autoridades, especialmente en Chile, que es un país vulnerable a la emergencia climática y sufre el fenómeno de la mega sequía.
La sequía estructural que afecta a nuestro país, junto con apurar el paso de la desertificación, ha provocado escasez hídrica en varios territorios. Por ejemplo, La Araucanía sufre un fuerte déficit de precipitaciones, de hecho, desde julio de 2017 hasta junio del 2021, pasó de un periodo moderadamente seco a niveles extremadamente secos.
Como consecuencia de esto, aparecen otros peligros asociados, como los incendios forestales. El registro histórico en La Araucanía desde el 2010 hasta el 2020 refleja un aumento sostenido de la cantidad de ocurrencias de incendios forestales, y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 destaca que el número de incendios de gran magnitud, desde las regiones de Valparaíso hasta La Araucanía, se han incrementado en un 27% respecto al promedio histórico.
Es un hecho. La crisis hídrica golpea con fuerza a la antiguamente denominada IX región. Según la Casen 2020, el 66% de las familias del sector rural no tiene acceso al agua de la red pública, es la región más pobre de Chile y, junto con Arica y Parinacota, tiene el segundo mayor porcentaje de pobreza extrema (5,9%; el promedio nacional es 4,3%).
Según el INE (2017), en las 32 comunas de la región existen 91.916 viviendas en zonas rurales, 13.014 son dependientes del abastecimiento de agua por camiones aljibes, 51.879 usan cuerpos de aguas superficiales y subterráneas y 26.299 tienen acceso a agua por red pública.
De las viviendas abastecidas por camiones aljibes, la comuna que registró un mayor porcentaje es Cholchol, con un 41%, seguido de la comuna de Saavedra, que registró un 36%, y Temuco con un 31%. Con todo, sólo el 34% de la población rural cuenta con conexión a la red de alcantarillado, mientras que un 66% es dependiente de aguas superficiales y pozos, por lo tanto, propensos a las precipitaciones anuales.
A pesar de todo esto, la región nunca ha sido decretada zona de sequía por la Dirección General de Aguas (DGA), incluso cuando las declaraciones de escasez hídrica corresponden al 74% de todos los instrumentos empleados para salvaguardar las riquezas hídricas.
Son dos las oportunidades principales para hacerse cargo de esta preocupante realidad. Por una parte, está la situación del Código de Aguas. Cabe recordar que, en el actual Código, el Estado entregó derechos de aprovechamiento de aguas a perpetuidad, es decir, sus propietarios pudieron arrendar, comprar o vender sus derechos, independientemente de las necesidades del país, de las comunidades y de los equilibrios ambientales.
Ante esto, la discusión en el Congreso Nacional sobre el nuevo Código de Aguas surge como una solución para enfrentar la vulnerabilidad y la crisis hídrica que vive el país y La Araucanía, por lo tanto, se espera que en el debate parlamentario prime el interés público y no los conflictos de interés.
Por otra parte, se aproxima la discusión de los contenidos de la nueva Constitución, donde el debate sobre el agua seguramente estará en primer plano. Esto es una oportunidad para la recuperación del agua para las personas, los ecosistemas, el medio ambiente y la naturaleza.
Es esperanzador pensar que una nueva Constitución mandate un marco regulatorio que garantice una gestión integrada y eficiente, una gobernanza del agua como pilar esencial en un rediseño institucional y de políticas públicas y que las regiones puedan enfrentar con herramientas concretas, y desde una perspectiva descentralizada, la escasez de riquezas hídricas.