Ciencia y TecnologíaMedio Ambiente

Investigadores UdeC evalúan herramientas de gestión de riesgos en servicios de agua potable rural

4 minutos de lectura

Jeannette Valenzuela Mella 

El proyecto está a cargo de un grupo de investigadores de las facultades de Ciencias Ambientales, Medicina y Ciencias Sociales, y de los centros EULA-Chile y de Biotecnología.

 Los servicios de agua potable y saneamiento rural  (SSR) han experimentado  un avance sustantivo en los últimos años; sin embargo,  aún existen una serie de factores que impiden un uso seguro y eficiente del recurso.

Las comunidades rurales requieren de herramientas de gestión para hacer frente a los diferentes desafíos vinculados a la operación de los SSR (actualmente conocidos como APR) y, por otro lado, la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, vigente desde 2017, genera un escenario más complejo, con nueva exigencias en esta  materia.

En este contexto surge el proyecto del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (Fonis)Evaluar la implementación del enfoque PSA y PSS en comunidades rurales de la Región del Biobío, para la prevención de enfermedades relacionadas con el agua, que dirige la ingeniería química y académica de la Facultad de Ciencias Ambientales, Carolina Baeza Freer.

Este estudio entregará un importante aporte a la identificación de las fuentes de riesgos asociado a los SSR de cuatro localidades piloto: Caleta Tumbes (Talcahuano), Tomeco (Yumbel), Villa Mercedes (Quilleco) y Pehuén (Lebu).

“Si bien los SSR no consideran las  fuentes de riesgos asociados a la operación y gestión de sus sistemas, aunque cumplan con las normativas vigentes, no podrán enfrentar adecuadamente los problemas que pueden afectar a la salud de las comunidades servidas por dichos sistemas», señala la Dra. Baeza Freer.

Por ello, enfatiza, es relevante que los SSR cuenten con apoyo técnico y personal calificado que les permita identifica y dar solución efectiva a estos problemas para minimizar los riesgos en salud.

Dra- Carolina Baeza/DirCom UdeC

La investigadora comenta que son varias las deficiencias, brechas o condiciones que pueden generar problemas en el uso del recurso, como la falta de herramientas de gestión para operar eficientemente los sistemas de agua potable y saneamiento rural, de acuerdo a la realidad local, cultural y territorial, y la escasa información sobre el estado de las fuentes de captación de agua.

A estos factores se suman la ausencia de metodologías para identificar los riesgos para la salud en sistemas de agua potable y saneamiento en sectores rurales y un bajo conocimiento de la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales y de su significancia operativa, explica la académica.

Deficiencias 

“Estudios previos han identificado que a lo largo de los SSR en nuestro país existen deficiencias importantes asociadas mayoritariamente a razones operacionales,  gestión interna, falta de mantención y mejoras, ocasionadas por falta de financiamiento y/o falta de planes de mediano y largo plazo, y escasez hídrica”, señala la Dra. Baeza.

Estas deficiencias -agrega- pueden ocasionar un riesgo en la salud de las personas que se abastecen de estos sistemas, debido a la baja disponibilidad de agua segura y deficientes condiciones sanitarias existentes en las zonas rurales.  

La investigadora consigna que el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud plantea impactos en la salud de las personas tales como enfermedades infecciosas y diarreicas asociadas al consumo de agua y alimentos contaminados originados por eventos hidrometeorológicos extremos.

“No obstante, se reconoce que en las últimas décadas han existido inversiones en infraestructura para la población rural concentrada y semi concentrada”, indica la especialista.

Este proyecto toma como base las definiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que considera como peligro ”cualquier actividad, amenaza o agente biológico, químico, físico o radiológico que pueda causar daño a los seres humanos o el ambiente”.  

En ese contexto, un evento peligroso es un incidente o situación que puede hacer que se materialice ese peligro, mientras que el  riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso, detalla la investigadora.

“La OMS ha generado herramientas basadas en la evaluación del riesgo, que buscan identificar y cuantificar los peligros proporcionando información sobre estos con la finalidad de realizar acciones para minimizar los impactos en salud. El establecer este enfoque de gestión del riesgo proporciona un relevante apoyo en la toma de decisiones sobre el control de los peligros identificados, considerando diferentes aspectos sociales, científicos, tecnológicos, económicos, legales y políticos”, agrega.

En el ámbito de agua potable y saneamiento, la OMS entrega dos herramientas basadas en la gestión del riesgo: los planes de Seguridad del Agua (PSA) y de Seguridad del Saneamiento (PSS), que son los que están en la base de este proyecto y que serán aplicados en las localidades piloto para su evaluación.

Equipo en terreno/Proyecto Fonis

El equipo de investigadores del proyecto han estado trabajando en el diagnóstico socio ambiental de la población rural y de su relación con los sistemas de agua potable y saneamiento y, a partir de sus resultados, evaluarán la factibilidad de poner en marcha las metodologías que propone la OMS.

Trabajo en terreno

De este modo, desde mediados del año pasado se han llevado a cabo visitas a las localidades piloto con el fin de levantar información en terreno, con campañas de muestreo de calidad del agua, realizando en paralelo actividades de capacitación para los SSR y la población vinculada a ellos.

Además de avanzar en la implementación de las herramientas propuestos por la OMS, el proyecto contempla la creación de guías y protocolos técnicos de aplicación en los SSR, así como capacitaciones, talleres y cápsulas radialespara informar, analizar, discutir y concientizar a la comunidad y actores clave sobre la evaluación de riesgos asociados a estos sistemas de agua y en torno a medidas para minimizar su impacto en la salud humana.

La iniciativa de 24 meses está en marcha desde marzo de 2021 y en ella participan investigadores de las facultades de Ciencias Ambientales, Medicina y Ciencias Sociales, y de los centros EULA-Chile y de Biotecnología.

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