El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación participó junto a la subsecretaria de la cartera, Carolina Gainza, en la ceremonia en la que el Presidente Gabriel Boric firmó el proyecto de ley que ratifica la adhesión al tratado de democracia ambiental de Latinoamérica y el Caribe. En la oportunidad, las autoridades de MinCiencia destacaron el aporte de la comunidad científica para empujar la temática en el debate público.
Este viernes, en el Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda -y en compañía de autoridades y representantes de la sociedad civil,- el primer mandatario Gabriel Boric firmó el mensaje presidencial para aprobar la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el principal tratado de democracia ambiental de Latinoamérica y el Caribe.
Desde la ceremonia, donde asistió como invitado junto a la subsecretaria Carolina Gainza, el ministro de CTCI destacó la relevancia de este hito para el país. “Es el cumplimiento de una promesa que realizó el Presidente Boric, la cual se está concretando. La firma tiene mucha importancia desde el punto de vista de lo que tiene que decir la ciencia en los temas medioambientales. La generación de un nuevo modelo de desarrollo inclusivo, respetuoso con los Derechos Humanos y sustentable en el país requiere de acciones que conversen con los distintos conocimientos”, aseguró.
“Este tratado refleja un trabajo de mucho tiempo, de muchas áreas científicas, desde la protección de la naturaleza, a las ciencias sociales, que permiten una integración de saberes que van a favorecer un mundo más sostenible, amigable y respetuoso de la vida, la biosfera y las comunidades”, agregó el secretario de Estado.
En tanto, la subsecretaria Carolina Gainza destacó que “nuestro país no solo tiene paisajes únicos, también posee ecosistemas que no existen en ningún otro lugar del mundo y eso debemos cuidarlo. Desde MinCiencia aportaremos para que el acceso a la información sea una realidad. En Chile tenemos expertos que realizan investigación, existe un sistema de CTCI que cuenta con información medioambiental valiosa (por ejemplo, ITPs como CIREN, INFOR e IFOP, y centros de investigación como el CR2). Nos esforzaremos para que todos estos datos sean de acceso fácil y abierto, sin restricciones de uso, y asegurando la infraestructura necesaria”.
Ratificado ya por 12 países, el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.