Nuestro país está en pleno proceso de redacción de una nueva constitución, camino que abre muchas posibilidades. Derechos del agua, protección de la biodiversidad, zonas de sacrificio, mitigación y adaptación a la crisis climática, conservación de ecosistemas, energías limpias y pueblos originarios, son algunas de las temáticas que preocupan a la ciudadanía, y cuya factibilidad de hacerse carne en la nueva carta magna fue evaluada por un grupo de científicos nacionales.
¿Cómo abordar el reto de redactar una constitución que asegure el desarrollo de las generaciones actuales y futuras?, que incluya la noción de los ecosistemas, no sólo como una cuestión medioambiental, sino como algo intrínsecamente relacionado con la sociedad en que vivimos y el desarrollo económico.
Profesionales de distintas disciplinas sociales y ambientales abordaron este tema en una reciente publicación científica en la revista Sustainability, donde realizan una serie de recomendaciones que buscan complementar iniciativas de norma para la nueva constitución.
El trabajo, realizado por académicos de la P. Universidad Católica de Valparaíso, el Centro de Acción Climática, el Laboratorio ECOS, IEB Chile, los centros CERES, CIIR y CAPES de la UC, tuvo dos objetivos: analizar los principales conflictos socioambientales en Chile y cómo éstos se relacionan con la actual constitución del país, y la posible redacción de una constitución que aborde estas temáticas.
En opinión de los investigadores, los conflictos socioambientales en Chile están marcados por profundas desigualdades, tanto en las externalidades negativas como en los beneficios del desarrollo económico. Por ejemplo, en Puchuncaví, es conocido que la población y su entorno han sido severamente afectados por la contaminación, no obstante, el desarrollo económico en las localidades aledañas está dentro de los peores a nivel regional.
Según el estudio, situaciones similares ocurren en distintas industrias del país, con problemas como desigualdad en el acceso al agua, degradación de los suelos, sobreexplotación de recursos y desplazamiento de comunidades rurales e indígenas. Estos conflictos están estrechamente vinculados a la normativa constitucional vigente, “siendo una de las principales razones”, acotan, “la transferencia de derechos de propiedad sobre tierras y aguas sin consideración del bien común”.
A través del articulado que consagra “la libre apropiación de bienes comunes como un principio general constitucional”, señalan que la actual Constitución generada en dictadura privilegia el derecho a la propiedad privada por sobre la protección de los recursos naturales como una regla general de nuestro sistema legal, llevando a la abismal inequidad territorial existente en el acceso de las personas a estos recursos y su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
“Un escenario de injusticia ambiental ocurre cuando ciudadanos y ciudadanas sienten vulnerabilidad en su salud y sus vidas debido a su situación socioeconómica, en particular por el territorio donde viven”, explica Tomás Ibarra, académico UC, uno de los autores. “Nuestro análisis de conflictos socioambientales en Chile muestra múltiples casos sobre cómo personas y comunidades tienen derecho a una protección desigual por parte de regulaciones ambientales y de salud pública, sólo por el hecho de nacer o vivir en determinados territorios a lo largo del país”, afirma. Esta heterogeneidad de conflictos y las diversas industrias involucradas, sugiere que los conflictos medioambientales responden a un problema sistémico, más que a problemas particulares de cada zona.
Derechos territoriales: principio clave para la constitución
Como aporte a la discusión, el documento sugiere considerar la confección de una Constitución con una perspectiva ecológica, más allá de lo medioambiental, incluyendo los derechos territoriales en la nueva Carta Magna, “como un principio crucial para alcanzar justicia socioambiental en Chile”.
El texto señala que los derechos territoriales son los derechos soberanos que ejerce el Estado sobre su territorio, que comprende la superficie terrestre, el espacio marítimo y el espacio aéreo. Estos derechos reconocen la heterogeneidad ecosistémica y cultural del país, así como la posibilidad de una jurisdicción local para los temas socioambientales.
La propuesta busca conciliar la naturaleza con la sociedad, en vez de tratarlas por separado. Actualmente, se promueven los derechos de la naturaleza para protegerla por su valor intrínseco y por otro lado, los derechos de propiedad, que permiten el desarrollo económico de la sociedad, pero ambos no están conectados. La implementación de derechos territoriales estaría mediando a ambos derechos a través de un sistema que debe considerar el contexto de cada territorio.
Esto último cobra especial importancia dada la heterogeneidad de los ecosistemas a lo largo de Chile, lo que haría difícil aplicar los derechos de la naturaleza de forma homogénea en todo el territorio nacional. “Por ejemplo”, argumentan los investigadores, “la gestión del agua no puede ser la misma en el norte de Chile (con una disponibilidad de agua de menos de 500 m3 por persona al año) que en el sur de Chile (30.000 m3 por persona al año)”.
La heterogeneidad también está presente en el clima, los suelos, la biodiversidad y aspectos culturales. Además, teniendo en cuenta que las industrias en Chile son muy dependientes de los recursos naturales, una restricción general de estos recursos podría tener un efecto drástico en la economía. “Consideramos que una perspectiva centrada en territorios heterogéneos, incluyendo sus componentes, estructuras y vínculos entre ellos, sería el enfoque más adecuado para abordar las cuestiones socio-ambientales”, señalan los autores.
Los científicos explican además, que las decisiones ya no deberían enfocarse únicamente en la protección de los derechos de propiedad privada regulada por la normativa medioambiental, sino centrarse también en cómo el ejercicio de esos derechos puede afectar al medio ambiente. Es por esto que los derechos territoriales deberían estar consagrados en la nueva constitución, y no sólo en una ley, ya que no deberían estar por debajo de la jerarquía de los derechos de propiedad.
Mirada ecosistémica, social y cultural
Bajo el análisis de los autores, la nueva constitución chilena debe considerar los ecosistemas del país en la administración territorial y la capacidad de estos para sostener actividades económicas, siempre considerando la protección del medio ambiente, la biodiversidad y las funciones ecológicas.
La pérdida de biodiversidad ya no es un problema puramente medioambiental sino que económico, ya que los servicios que entregan los ecosistemas equivalen a 1,8 veces el PNB mundial. De hecho, en 2018, el Foro Económico Mundial (FEM) identificó la pérdida de biodiversidad como uno de los cinco principales riesgos para la economía. “Abogamos por una perspectiva de largo plazo en la nueva Constitución, bajo la cual el desarrollo económico no se produce a expensas de los ecosistemas, sino que reconozca su dependencia hacia éstos”, señala el documento.
Por otro lado, el vínculo entre las personas y la tierra es un rasgo crucial de la identidad nacional. Detrás del principio de los derechos territoriales, está también la equidad territorial, que se traduce en la equidad social al proporcionar a todos los ciudadanos oportunidades de acceso a los recursos y servicios básicos para que todos puedan desarrollar su potencial, independientemente del territorio en el que residan.
Ordenar el territorio, de cordillera a mar
Para hacer una contribución real, los autores sugieren establecer estos derechos territoriales a través de la ordenación territorial, basándose en los límites de las cuencas hidrográficas, las que, según un reporte nacional elaborado en 2014, ascienden a 129 a lo largo de Chile. Los límites de las cuencas hidrográficas promueven una perspectiva geográfica desde las montañas a los océanos, respetan el paisaje y la interdependencia de los ecosistemas. Además, es una forma eficiente desde el punto de vista técnico y económico para abordar los problemas del agua, el suelo y la gestión de los recursos.
“Por ejemplo, la reciente ley sobre humedales urbanos, ha sido un avance en protección medioambiental, pero falla al considerar los humedales como islas, desconectados de otros ecosistemas. ¿Qué pasaría si aguas arribas del humedal, hay una gestión hídrica deficiente, o que priorice en sobremedida las actividades económicas? Probablemente, no se podría asegurar la supervivencia del humedal. En cambio, un ordenamiento territorial en base a cuencas permitiría un uso racional del agua para actividades productivas a la vez que mantiene la conservación de ecosistemas claves, como los humedales. Por lo tanto, no se trata de restringir, sino de actuar de manera sabia y consciente por el bien común” señala Pedro Mondaca de la PUCV.
En el trabajo, los autores proponen un ordenamiento que agrupa estas cuencas según los ecosistemas donde intervienen, generando, así, áreas que podrían ser gestionadas de forma similar. En el artículo, los investigadores presentan 7 potenciales ecorregiones (Altiplano andino; Desierto de Atacama; Bosque matorral y esclerófilo; Bosque valdiviano; Estepa andina; Bosque sub-antártico, y Campos de hielo patagónicos), concentradas en 5 macrozonas: macrozona Norte, Norte-Centro, Central, Centro-Sur y Sur Austral. Así, aunque cada cuenca tendrá sus propias necesidades específicas, podrían actuar coordinadamente en cada macrorregión. “De esta forma, se remediaría también la excesiva centralización del país. Por ejemplo, se han promovido grandes áreas de conservación en el sur, pero muy poco en el norte y centro, los cuales también tienen altos valores naturales y culturales que la gente de allí quiere proteger” agrega Pablo Díaz del Centro Ceres.
Los derechos territoriales como principio estratégico podrían ser la base para el desarrollo sostenible y la justicia social-ambiental en Chile, equilibrando las necesidades de las personas con los límites ambientales y ecológicos. “Imaginamos que la planificación territorial ayudaría a conseguir un desarrollo socioeconómico de las distintas regiones del país, el manejo responsable de los recursos naturales, justicia ambiental y una mejora en el bienestar de sus habitantes”, concluyen.
«Social-Environmental Conflicts in Chile: Is There Any Potential for an Ecological Constitution?» también contó con la participación de los investigadores Maite Berasaluce y Pablo Díaz (autores principales), de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV); Paulina Rodríguez, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Juan Luis Celis (IEB) y Pedro Mondaca, también de la PUCV.
Texto: Comunicaciones CAPES y CEDEL
Créditos imágenes: El Mostrador / El Keltehue