El Acuerdo de Escazú, principal tratado en América Latina y el Caribe sobre acceso a la Información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, fue ratificado por la Cámara de Diputados este miércoles 11 de mayo.
Como un importante respaldo a la visión de un modelo de desarrollo donde la calidad de vida y la sustentabilidad tengan un papel fundamental, calificó esta noticia el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Flavio Salazar.
“Celebramos que se haya avanzado con celeridad esta iniciativa, considerando además que se le mantuvo por tanto tiempo estancada por decisión de la administración anterior. De esta forma nos situamos en un estándar internacional en lo que se refiere a la protección del medioambiente y las comunidades”, comentó.
En materia de derechos humanos, el ministro manifestó que “un aspecto fundamental de este acuerdo es la protección de los derechos humanos de los activistas ambientales, que en muchos lugares del mundo han sufrido la vulneración de sus derechos e incluso han sido víctimas de desapariciones y asesinatos por defender legítimas causas en favor de los ecosistemas”.
Junto a esto, destacó el importante papel que juegan la ciencia y el conocimiento en este acuerdo “que se basa en la amplia evidencia que se ha acumulado en temas, sociales y los saberes de las comunidades. Por lo tanto, este tratado permite una integración de conocimientos orientados hacia la sustentabilidad y representa un paso adelante para una sociedad más respetuosa con los seres humanos y su entorno”.
El acuerdo, ratificado por 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, avanza al debate en comisiones del Senado. En caso de aprobarse, Chile se convertiría en el país número 13 en ratificar el acuerdo después Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.