Fue el pasado lunes 13 de junio cuando Chile adhirió el Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el decimotercer país en ser parte de este proceso que es uno de los compromisos adquiridos por el Presidente Gabriel Boric, enfatizando que quiere ser el primer gobierno ecológico y que es un tratado necesario para enfrentar las crisis ambiental y climática.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú (AE), tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Se trata, por tanto, de un acuerdo sobre los denominados “derechos de acceso”, referido al medioambiente y derechos humanos que configuran el centro de la democracia ambiental. Su naturaleza es de un instrumento jurídicamente vinculante (el único de la región) y cuenta con la CEPAL como secretaría.
A poco más de dos semanas de la adhesión, resulta fundamental explicar cuáles son los beneficios para Chile ser parte de este acuerdo. El seremi del Medio Ambiente de Ñuble, Mario Rivas, detalló que “el Acuerdo de Escazú ha sido valorado nacional e internacionalmente como un tratado pionero en beneficio del medio ambiente como una herramienta efectiva para enfrentar la crisis climática y ambiental. Como gobierno estamos trabajando en avanzar hacia en un nuevo modelo de desarrollo. Queremos poner a la naturaleza y a las personas en el centro de las decisiones. El Acuerdo de Escazú es una pieza clave en ese objetivo, porque promoverá más y mejor participación, así como información de la ciudadanía”.
El jefe de la cartera de Medio Ambiente en Ñuble agregó que “nos inspira en la región esta voluntad de cambio. La ratificación de este tratado internacional es la mejor forma de demostrar esa voluntad. También ratifica la vocación de participación ciudadana que caracteriza la gestión del Ministerio del Medio Ambiente y del gobierno del Presidente Boric”.
Entre los puntos que se destacan en el acuerdo, está que los Estados refuerzan su obligación de garantizar los derechos humanos, como lo es el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. También que los países robustecen su democracia, ya que los derechos de acceso mejoran la toma de decisiones y su implementación. Entre otros beneficios, permiten demostrar la existencia de problemas no visualizados con anterioridad, plantean soluciones alternativas, integran las preocupaciones y el conocimiento de distintos actores, aumentan las confianzas y contribuyen a construir consensos. Por lo mismo, los derechos de acceso son un instrumento poderoso para prevenir y reducir la conflictividad al fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de controversias.
Otro punto a destacar es que mejora la gobernanza contribuyendo a la rendición de cuentas y control de la corrupción en las decisiones ambientales. Ser parte de este Acuerdo envía una fuerte señal a los demás países, en la senda de una recuperación sostenible en el contexto de la crisis sanitaria. Además, se generará un círculo virtuoso en cuanto los derechos de acceso contribuyen a una decisión democrática a favor del medio ambiente y en consecuencia se benefician todos los derechos humanos ya que todos ellos dependen de un entorno sano.
Este Acuerdo refleja fielmente los principios de la Política Exterior de Chile (Respeto al derecho internacional, Promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos y Responsabilidad de cooperar). El acuerdo facilitará una plataforma para cooperar con la región al compartir las buenas prácticas, así como también el desempeño nacional, según lo recomendado, por ejemplo, por la OCDE en su evaluación del 2016. Junto a eso, se reforzará la implementación de instrumentos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Como instrumento internacional potencia una verdadera Política Ambiental de Estado que es indispensable para enfrentar la actual crisis climática y también permitirá retomar la consistencia y coherencia de la política internacional del país.
Entre los principios del Acuerdo figuran la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, así como otros fundamentales en la esfera ambiental como la prevención, precaución y el de no regresión en línea con la recientemente aprobada Ley Marco de Cambio Climático.
Ahora, Chile deberá hacer un plan de diagnóstico e implementación participativo sin perjuicio de las medidas en relación con los derechos de acceso que desde el Ejecutivo se puedan implementar o comenzar a desarrollar. Ejemplo de ello, es la conformación de una mesa para abordar medidas de prevención y protección en favor de las y los defensores de DDHH en asuntos ambientales cuya coordinación inicial reunió a las carteras de ambiente, relaciones exteriores y a la Subsecretaría de Derechos Humanos.