Por Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace
Hace algunos días, la fundación Terram publicó una completa investigación que revela una serie de infracciones de la industria salmonera a la normativa ambiental, que están prontas a prescribir si la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no formula los debidos cargos al respecto, dejando sin multas ni sanciones la cosecha ilegal de más de 67.000 toneladas de salmones, que habría reportado ganancias al sector por $660 millones de dólares.
El reportaje da cuenta que, desde que entró en vigencia la SMA para fiscalizar el cumplimiento de las RCA, sólo 27 procedimientos sancionatorios se han abierto por casos de sobreproducción de salmones al interior de la Reserva Nacional Las Guaitecas en la Región de Aysén. Aún cuando, según información obtenida del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) vía Ley de Transparencia, 53 centros de cultivo incurrieron en 84 casos de sobreproducción, los que a la fecha no han sido sancionados.
Peor aún, 74 de esos 84 casos se encontrarían prescritos (ya que la ley permite que las infracciones que cometen los titulares a sus permisos ambientales se pueden sancionar hasta tres años después de ocurridos los hechos, y ese período ya se cumplió), lo que implica absoluta impunidad para esa venta ilegal.
Frente a esta revelación, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, respondió relatando los esfuerzos para mejorar su capacidad fiscalizadora y coordinar a los diversos organismos que deben velar por el cumplimiento de las normativas, destacando su “enfoque correctivo”, en el cual los recursos del Estado son invertidos en la realización y envío de reportes sobre los niveles de producción de las empresas, para advertirles cuando estén pasando por sobre la ley, bajo el argumento de que este sistema “aumenta la eficiencia”.
Si esta estrategia la llevamos por ejemplo al combate de la delincuencia, metafóricamente, sería como si las policías, una vez conocido un delito e identificados los culpables, en lugar de llevarlos detenidos, los notificara para así convencerlos de que dejen de hacerlo, ejercicio que aplicaría incluso para reincidentes.
¿De qué sirve “dar aviso” a las empresas sobre sus reiterados incumplimientos, en lugar de aplicar sanciones que sean ejemplificadoras? La industria ha mostrado que sus sobreproducciones no son casos aislados, sino que están interiorizados en su modelo, permitiéndoles ganancias ilícitas por miles de millones de pesos, como comprobó la propia SMA en el caso emblemático de la empresa Nova Austral. Por eso, resulta insuficiente la respuesta del organismo ante la evidencia abrumadora sobre procesos sancionatorios no iniciados próximos a prescribir.
El Estado está en deuda con las comunidades y la protección de la naturaleza. La falta de comunicación entre organismos, los enredos en los datos y la incapacidad de fiscalizar cómo corresponde a una industria que una y otra vez ha mostrado su verdadera cara -la del engaño, la avaricia, la comisión de ilegalidades y la degradación profunda de los territorios donde opera- no sólo es grave, es también un síntoma de la necesidad de mejorar de raíz un sistema que no funciona: que no protege los bienes comunes naturales del país, que no sanciona donde duele a quienes se enriquecen ilícitamente y que, aún más grave, intenta castigar a aquellos que denuncian.
Sobre esto último, es importante recordar que, frente a casos donde la sociedad civil ha acudido al Tribunal Ambiental (TA) para exigir verdaderas sanciones en el marco de resoluciones de procedimientos sancionatorios, en más de una ocasión la respuesta de la SMA ha sido exigir a los TA que a las organizaciones se nos condene el pago de costas: mientras a las empresas se les pide que por favor cumplan la ley y -como el reportaje de Terram reveló- con frecuencia se mira al costado cuando no lo hacen, a la sociedad civil se le exige que pague monetariamente por judicializar resoluciones que atentan contra la salud y equilibrio de los ecosistemas marinos. Esto refleja la falta de visión de organismos que debieran valorar que defendamos en tribunales sus propias atribuciones y competencias para proteger el medio ambiente de manera efectiva.
Necesitamos un Estado que sea capaz de defender nuestros territorios; que privilegie el bien de las comunidades; que sea justo en la impartición de sanciones efectivas y que fomente la participación comunitaria en esos procesos, pues -al fin y al cabo- son estas las que sufren las consecuencias de la contaminación y destrucción ambiental. Necesitamos un Estado al nivel del desafío.