Por Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace
En agosto de 2018, la subsecretaria de Telecomunicaciones del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Pamela Gidi, acusaba un ‘lobby feroz’ de la industria debido a las decisiones del Ejecutivo previas al despliegue del 5G. En una entrevista con un medio nacional, la autoridad señaló que “cada vez que se ha querido hacer un cambio de políticas públicas en beneficio de usuarios y la competencia, las empresas han reaccionado con un gran lobby“.
Parece el cuento de nunca acabar. Cada vez que se busca legislar sobre una materia que pone a la ciudadanía y al medio ambiente en primer lugar, la industria arremete con un lobby implacable para detener o demorar la puesta en marcha de las iniciativas planteadas.
En esta oportunidad, cambian los personajes pero la historia es la misma: el próximo 13 de agosto se cumplía el plazo estipulado hace tres años, para la entrada en vigencia de la última etapa de la Ley 21.368 -que regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas- y que establece la prohibición a todos los locales de expendio de alimentos de entregar productos desechables dentro de los establecimientos. Sin embargo, todo indica que esta puesta en marcha será nuevamente aplazada.
El lobby de las diferentes empresas responsables de esta contaminación, especialmente el llevado a cabo por Arcos Dorados, operador de McDonald’s en América Latina, y la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), han logrado que el aparataje público les entregue un verdadero perdonazo: el pasado miércoles 7 de agosto la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en Sala un proyecto de ley que modifica estos plazos y le entrega al sector 18 meses adicionales para acatar la normativa, sumando un total de 54 meses de plazo: casi 5 años.
La excusa de la industria (junto a los senadores que presentaron esta modificación) fue que sin la publicación del reglamento les resulta imposible cumplir con esta normativa, pero lo cierto es que este fundamento es inconsistente y se aleja de la realidad, ya que, según lo estipulado en la ley, la obligación principal del artículo 3° (prohibición de entrega para consumo dentro del establecimiento) no depende de ningún reglamento y se puede aplicar desde ya.
Durante tres años hemos esperado para que se materialice el cumplimiento efectivo de la ley, siendo testigos de las graves consecuencias medioambientales del uso de plásticos en nuestros entornos, y hoy, tristemente, vemos que dos grandes poderes del Estado (el Legislativo con respaldo del Ejecutivo) se alejan del espíritu de esta ley, que busca proteger a la naturaleza, y muestran su real falta de voluntad y compromiso para asumir su responsabilidad y rol de liderazgo en la actual crisis climática, generando así un pésimo y regresivo precedente en materia ambiental.
Lo único que se ha logrado con la aprobación de esta dilatación es abrir la puerta para que continúen las presiones de ciertos sectores para modificar la ley. Cabe recordar que la fundación Oceana recientemente publicó un reportaje que da cuenta de los esfuerzos liderados por McDonald’s y la industria del papel en Europa, cuando en febrero de 2023 se discutía el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, financiando estudios, creando websites, desplegando enormes campañas de desinformación y reuniéndose con una enorme cantidad de parlamentarios europeos para frenar esta nueva normativa.
Es triste pensar que las autoridades de nuestro país están permitiendo que esta historia se repita, y que la histórica ley promulgada en 2021 -y que puso a Chile a la vanguardia de estas materias- quede seriamente amenazada y que el ‘lobby feroz’ pueda cobrar una nueva víctima: nuestra naturaleza y, con ella, nuestra forma de vivir en ella.