Los senadores conocieron la mirada de la gerencia de la compañía. El tema por el que se les invitó fue el potencial cierre de la refinería, sin embargo la materia dio para sincerar el difícil momento que vive la empresa.
Complementando una sesión anterior, los integrantes de la Comisión de Minería y Energíarecibieron a ejecutivos de Codelco para analizar el eventual cierre de la División Ventanas, ubicada en Quintero. Antes, los legisladores habían escuchado los temores de los trabajadores de esta refinería y fundición respecto a la decisión de la estatal.
Fue así como el presidente Ejecutivo de Coldeco, Octavio Araneda; y el gerente general de Ventanas, José Sanhueza, explicaron la importancia de la planta que procesa los concentrados de cobre para producir principalmente ánodos, cátodos y ácido sulfúrico. A su vez, explicaron que Codelco solo se hizo cargo de la planta el 2005, puesto que ésta dependía de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).
Ambos reconocieron que “no se puede dar garantía que los procesos se desarrollen como hasta hoy. Tenemos planificado seguir con Ventana el 2020, concentrándonos cómo podemos resolver el gran desafío de responder a las exigencias medioambientales crecientes y a la vez, ser competitivamente productivos. Nosotros evaluamos permanentemente todos nuestros procesos, porque si vemos un proceso que no renta, tenemos que evaluar si continúa o no”.
Ante esta respuesta, los congresistas empatizaron con esta dificultad pero a la vez hicieron ver la pertinencia de continuar con el funcionamiento de esta refinería y fundición, considerando los efectos que tiene en el empleo local. De hecho, 8 mil familias se verían afectadas considerando la mano de obra directa e indirecta. Más de la mitad de estos operarios viven en Quintero y Puchuncaví.
El cierre de la planta se ha relacionado con la falta de productividad y la cuantía de las inversiones que se han debido realizar para cumplir las normas ambientales. Los sindicatos manifestaron hace unos días, que “Ventanas ya no sería rentable, por eso se piensa desechar”.
En la comisión, la senadora Isabel Allende recordó que se habían dado respuestas ambiguas respecto al cierre de la división de parte del directorio. También hizo ver que en medio de la crisis ambiental se cuestionó el papel de la compañía, pero “me consta que cumplieron con las normas, por eso el trato que recibieron los trabajadores fue injusto. Aún no se conoce quiénes fueron los responsables de esos episodios de intoxicación”, admitió.
De la misma opinión es el senador Alejandro García Huidobro, quien aclaró que “hay mucha información falsa y eso afecta la imagen. Soy testigo del esfuerzo que han hecho los operarios”. A su vez solicitó el acuerdo de la Comisión para invitar a una próxima sesión donde se siga abordando esta situación, a representantes de ENAMI, de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), lo que fue respaldado.
Con dureza, el senador Guido Girardi cuestionó el rol que ha tenido Codelco históricamente. “Contamos con una empresa anacrónica que se disfraza de moderna. Les solicito que en cada proyecto hagan estudios de impacto ambiental, no declaraciones de impacto ambiental. Eso es hacer un cambio y dar una señal a la comunidad. Ustedes son los principales responsables de las zonas de sacrificio y estamos estudiando acciones legales contra ustedes”, sentenció.
MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD
Durante la exposición de Codelco, sus representantes hicieron ver que la compañía se inserta en un polo industrial donde operan más de 17 plantas procesadoras y “solo nosotros cumplimos con lo que se nos estaba exigiendo a todos: la norma del Decreto Supremo 28 del Ministerio de Medio Ambiente. Se revisó y aprobó nuestro plan operacional de episodios críticos que contempló entre otras acciones, una nueva metodología para medir el material particulado, la generación de un plan de manejo de acopio de material y el monitoreo continuo de la chimenea principal”, explicaron.
Sanhueza recordó que en diciembre del 2016, ya la división estaba a tono con la norma. “Con ocasión de la crisis ambiental en Quintero, hicimos una inversión de 159 millones de dólares que implicó la eliminación del humo visible, regular el material particulado y los límites de emisión, y potenciar la captura de azufre y arsénico. Pasamos de una captura de 94 a 95,7 porque la inversión ha crecido exponencialmente”, graficó.
Los ejecutivos reconocieron que lo que hoy les preocupa es cumplir con el Plan de Inversión y Descontaminación Ambiental. “Debemos congelar las emisiones de aquí al 2022. A fines de enero debemos presentar los plazos del estudio de factibilidad para precisar la inversión y plan de programación. Entre julio y agosto veremos si este plan se aprueba y se pone en marcha. El tema pasa por la inversión que debe hacerse, cuál es el costo adicional y si seguiremos siendo rentables”, mencionaron.
Araneda confesó que “si se quiere apretar más la normativa ambiental, como administración tenemos que ser responsables y decir ‘esto cuesta tanta plata y se demora esto, es posible o no es posible’, pero eso hoy no lo sabemos, va a depender de cómo avanza este tema’. Sus dichos responden al incremento exponencial de costos que implica elevar 1% la captura de gases de la división. Una exigencia de este tipo, además echaría por la borda el trabajo que impulsa actualmente porque se requeriría un cambio tecnológico completo que convertiría la idea de hacer una nueva fundición en una opción más rentable.