ConservaciónMedio Ambiente

Intendenta de Magallanes reafirma el interés del Gobierno Regional en realizar una acción eficaz en el control del castor

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El proyecto GEF Castor enfrenta su último año de ejecución con una abultada cartera de acciones desarrolladas desde su inicio en 2017, experiencias y aprendizajes que se plasmarán en el Plan Estratégico de Gestión, actualmente en elaboración.

Un año crucial es el que enfrenta el proyecto GEF Castor, iniciativa establecida en 2017 con el objetivo de generar una estrategia que permita al país hacerse cargo de los impactos que esta especie exótica invasora provoca sobre los delicados y valiosos ecosistemas de la Patagonia.

Durante la jornada del día lunes, el seremi del Medio Ambiente, Carlos Olave, y el equipo técnico del proyecto GEF Castor, presentaron a la intendenta regional, Jenniffer Rojas, los avances alcanzados y desafíos que la región enfrenta respecto a la invasión del castor.

“El castor se ha transformado en la principal amenaza de los ecosistemas de la Patagonia, impactando el patrimonio ambiental de nuestro país, y causando impactos valorados en más de 73 millones de dólares, en siete décadas de presencia en nuestra región, los que podrían ascender a 260 millones de dólares, en los próximos 20 años, si no se controla el avance de esta amenaza”, explicó Carlos Olave.

“Como gobierno regional, valoramos el sólido trabajo que este proyecto está desarrollando para generar una estrategia de gestión de esta especie, que se sustente en un conocimiento sistematizado y herramientas potentes”, expresó la intendenta Jenniffer Rojas, quien resaltó que las especies exóticas invasoras deben ser una aspecto a considerar en el marco de la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo 2021-2030, pues constituyen una de las mayores amenazas al patrimonio natural de la región y de la Patagonia en su conjunto.

Presente en la Patagonia desde 1946, cuando fue introducido intencionalmente en la porción argentina del Lago Fagnano con el fin de crear una industria peletera, el castor se ha expandido hasta impactar más de 27 mil hectáreas, equivalentes a siete veces la superficie de Punta Arenas. A 70 años de este suceso, se estima que la abundancia de castores en el archipiélago fueguino oscila entre 65.000 y 110.000 individuos.

Proteger los ecosistemas australes de la acción del castor tiene un impacto local, pero también global, por el rol que tienen en la mitigación del cambio climático. El 95% de las zonas de turbales con que cuenta Chile se encuentra en la región de Magallanes, cubriendo 3,1 millones de hectáreas y almacenando 4,7 veces más carbono que toda la biomasa forestal en Chile.

“El impacto causado por esta especie en los ecosistemas de la Patagonia es enorme, pero si no hacemos nada, podríamos lamentar el no haber protegido parajes tan valiosos como los que alberga el parque Nacional Torres del Paine y otros ecosistemas únicos en el mundo como el bosque lluvioso de Valdivia”, explica Felipe Guerra, coordinador nacional del proyecto GEF Castor.

En estos cuatro años de ejecución, el proyecto ha desarrollado una serie de acciones, cuyos resultados y aprendizajes están siendo ahora volcados en la elaboración de un Plan Estratégico de Gestión del Castor, el cual busca dotar al Estado de las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo sistematizado y eficaz en el control de la invasión, asumiendo este desafío, para darle continuidad a la labor desarrollada por este proyecto una vez que finalice.

Además, se elaboró la plataforma Sistema de Información y Alerta Temprana, potente herramienta tecnológica que centralizará toda la información sobre la especie, monitoreando la expansión de la invasión mediante aplicaciones para la participación ciudadana, de forma satelital y mediante modelos predictivos para contener la dispersión de la especie.

Esta iniciativa, que cuenta con financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) es implementada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y ejecutada por el Ministerio del Medio Ambiente, a través de su secretaría regional en Magallanes.

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