Luis Felipe Slier Muñoz
Director de Ingeniería Comercial y Programas Advance
Universidad San Sebastián
Recientemente se dio a conocer el Índice Ipsos de Confianza del Consumir. El estudio arrojó que la confianza de los consumidores chilenos alcanzó 38,5 puntos en junio, aumentando 0,7 respecto al mes anterior. Este es el resultado más alto obtenido por nuestro país desde diciembre del 2019, en pleno estallido social. A pesar de esta alza, Chile se mantiene en una zona de pesimismo, ubicándose en el puesto 23 de 28 economías estudiadas. Sólo superamos a Hungría, Japón, Sudáfrica, Argentina y Turquía.
El escenario de pesimismo se ha mantenido aproximadamente desde junio del 2019, situación que se agravó por el movimiento social y la pandemia. Como país tenemos un desafío mayor, que es mejorar la percepción y confianza de la población. Para eso necesitamos políticas que apunten a incrementar la inversión y que promuevan la creación de empleo.
Se espera que en el mediano plazo y en función de la materialización de incentivos y mayor inversión pública y privada, estas cifras debiesen mejorar o mantenerse estables. Factores preponderantes son las elecciones presidenciales, así como también el funcionamiento de la convención constitucional. Pero no podemos negar que estamos en un escenario de incertidumbre que impacta en la confianza. El último período quedará marcado por una de las mayores pandemias de la historia y sus efectos sanitarios, culturales, sociales y económicos. Así, la incertidumbre ha marcado a fuego a la población, sobre todo respecto a las condiciones de salud, a las expectativas laborales, a la educación y a las condiciones económicas.
Aumentar la confianza de los consumidores depende de factores como la consistencia en aspectos económicos, políticos y sociales ante las transformaciones que están sulfurando nuestro país. Sabemos que generar, mantener y proyectar la confianza en los agentes económicos incentiva la consolidación de vínculos entre los sectores público, privado, academia y sociedad civil para la obtención de beneficios económicos (crecimiento), políticos (estabilidad institucional) y sociales (generación de capital social). Esto permite establecer nuevas políticas para la creación y/o puesta en marcha de proyectos de innovación e inversión que contribuyan a impulsar el desarrollo.