Denunciar y defender los derechos medioambientales puede tener un coste enorme, ya que los activistas han sido asesinados o sometidos a abusos, amenazas y acoso. Los Estados deben aprobar regulaciones que hagan responsables a las empresas de las violaciones de los derechos humanos.
El mundo debe ser un lugar más seguro para las personas que trabajan para proteger el planeta, que a veces pagan con su propia vida su activismo, dijo el martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
“La protección del medio ambiente va de la mano de la protección de los derechos de quienes lo defienden”, declaró Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que celebra su sesión anual de un mes de duración.
Bachelet reveló que denunciar y defender los derechos medioambientales puede tener un coste enorme, ya que los activistas han sido asesinados o sometidos a abusos, amenazas y acoso.
También afirmó que “corren un riesgo especial las personas que se manifiestan contra la deforestación, las actividades extractivas, la pérdida del patrimonio cultural o la identidad, o los proyectos de desarrollo y las empresas agrícolas a gran escala, incluidos los destinados a producir energía limpia, como las megapresas”.
Muchos defensores de los derechos humanos medioambientales son también pueblos indígenas o miembros de comunidades locales o grupos minoritarios, o quienes los representan. 
PNUMABerta Cáceres,líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, asesinada por su lucha en defensa de los derchos humanos.
Garantizar la responsabilidad
Dijo que comunidades enteras pueden enfrentarse a amenazas e intimidaciones cuando alguien habla en su nombre.
Bachelet subrayó que los Estados tienen la obligación de respetar y proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos medioambientales y de las comunidades a las que representan. Las autoridades también deben prevenir y garantizar la responsabilidad de los ataques.
Estas acciones están en consonancia con una resolución del Consejo adoptada el año pasado que defiende el derecho a un medio ambiente sano, dijo.
Regular las empresas para hacerlas responsables
“Además, es fundamental que los Estados regulen efectivamente a las empresas y las hagan responsables de las violaciones de los derechos humanos”, dijo, mientras que las propias corporaciones también tienen un deber similar que deben cumplir, como se indica en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Bachelet aconsejó que, antes de emprender cualquier proyecto de impacto climático, tanto los gobiernos como las empresas deben llevar a cabo evaluaciones de riesgo en materia de derechos humanos.
“Si los derechos de los pueblos indígenas corren el riesgo de verse afectados negativamente por estos proyectos, es crucial que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado”, alertó.
Además, los derechos a la información, la participación y la justicia también están protegidos por la legislación internacional de derechos humanos, y están estipulados en los acuerdos medioambientales.
Cuando se respetan estos derechos, “tanto la tierra como las personas que la defienden están mejor protegidas”, dijo Bachelet.
UNICEF/Patricia WillocqMujeres la asociación Amigos del lago, que lucha por la protección del lago Atítlan en Guatemala.
Apoyo de la ONU en todo el mundo
La jefa de derechos de la ONU también informó sobre el trabajo de su personal.
“En todo el mundo, mi Oficina se ha comprometido a apoyar a los Estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos medioambientales en todos sus esfuerzos por proteger nuestro planeta”, comentó.
Por ejemplo, más de 200 defensores de los derechos humanos de la región del Pacífico han recibido formación para ayudar a impulsar el desarrollo sostenible de las empresas con respeto de los derechos humanos y en el contexto del cambio climático.
En el sudeste asiático, la Oficina de Bachelet está supervisando los casos de acoso, detención, asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos medioambientales, al tiempo que trabaja con los gobiernos para poner fin a las medidas punitivas aplicadas a los activistas.
Mientras tanto, el personal de México y Kenia está apoyando a los defensores de los derechos humanos medioambientales y a sus redes.