De forma conjunta revisarán el texto sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Tras la aprobación de la Cámara del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Senado acordó que el texto sea analizado por las Comisiones unidasde Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Ambas instancias especializadas se darán cita hoy lunes, desde las 17:30 horas, para aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica.
Cabe hacer presente que se incluye la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
¿QUÉ DICE EL ACUERDO?
Así, el objetivo del Acuerdo Regional es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales.
Asimismo, crea y fortalece las capacidades y la cooperación necesarias para la implementación del Acuerdo. Lo anterior, con el fin de contribuir “a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
La norma contempla -además del acceso a la información ambiental (accesibilidad, denegación, condiciones aplicables para la entrega de información y mecanismos de revisión independientes)- generación y divulgación de información ambiental; participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; acceso a la justicia en asuntos ambientales; defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; centro de intercambio de información, Fondo de Contribuciones Voluntarias, Conferencia de las Partes, Secretaría, Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento; solución de controversias; entre otros aspectos.
Respaldan proyectos de acuerdo que insisten en la ratificación del Acuerdo de Escazú
Desde la Cámara se aprobó una “declaración interpretativa”, que contiene, entre: apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno; reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental.
Se propone también precisar el sentido y alcance de la cooperación para la implementación del acuerdo en el país. Destaca que no aplica para demandas limítrofes ni exigencias que no son parte del tratado internacional; y establece que la autoejecutabilidad se implementará de acuerdo a las posibilidades y prioridades nacionales, respecto al acceso a la información pública, participación ciudadana y derecho al acceso a la justicia en materia ambiental.
El Acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de once de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a doce Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.