(Por: Luis Francisco Sandoval. Agencia Inés Llambías Comunicaciones).
El quinto decreto de la Ley Ricarte Soto, que permite el ingreso de nuevas tecnologías y tratamientos para cobertura a través de esta política pública, tiene al menos 180 días de atraso, según advirtieron agrupaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes.
Si bien Chile no dispone de un catastro de personas diagnosticadas, se calcula que entre el 10% y el 15% de la población podría verse afectada por alguna de las más de nueve mil patologías huérfanas o de baja prevalencia.
El decreto debió promulgarse el pasado 31 de diciembre, tras un proceso de estudio técnico sobre nuevas tecnologías y tratamientos, y entrar en vigencia el pasado 1 de julio. Según acusan desde agrupaciones de pacientes, no existe información de que este proceso esté en curso.
De esta forma, se renueva la vigencia del cuarto decreto, lo que significa que no habrá nuevas enfermedades financiadas por esta política pública por los próximos tres años.
“Este problema pasó de un gobierno a otro, y son los pacientes los que quedan expuestos a que este decreto siga congelado”, expuso Myriam Estivill, directora ejecutiva de la Fundación de Enfermedades Lisosomales de Chile (FELCH) y miembro de la Comisión de Vigilancia de la ley 20.850.
El retraso en la promulgación del quinto decreto de la ley Ricarte Soto coincide con un informe de sustentabilidad financiera emitido por el Ministerio de Hacienda del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que daba cuenta de los problemas de financiamiento de la ley. De acuerdo a este análisis, no es posible incorporar nuevas enfermedades y el fondo que centraliza los recursos de la iniciativa quedará en saldo negativo en el transcurso de la década.
“Si bien el actual Gobierno del Presidente Boric anunció la creación de un fondo nacional único, el proyecto aún no se presenta, quizás a la espera de lo que ocurra con el plebiscito. Sin embargo, en el interinato no se ha tomado ninguna decisión respecto a la ley Ricarte Soto, el Plan Auge o los programas de drogas oncológicas”, explicó la abogada y especialista en derecho de la salud, Andrea Martones.
“En definitiva, todo lo que implica coberturas de salud de alto costo están paralizadas desde el Ministerio de Salud”. Añadió Martones.
Las agrupaciones de pacientes exponen que el retraso en los trámites para un nuevo decreto de la ley Ricarte Soto es una verdadera condena a muerte, ya que por la naturaleza misma de estas enfermedades, la única esperanza la constituyen los nuevos tratamientos o tecnologías. Del acceso a nuevas terapias depende su sobrevivencia y calidad de vida, subraya Estivill.
“Mientras se esperan definiciones trascendentales para los pacientes de enfermedades catastróficas, la realidad es que muchos de ellos hoy están muriendo, en algunos casos sin acceso a terapia y otros con un acceso tardío, y además con una política pública no da el ancho para responder de manera efectiva a lo que significa que una familia se vea enfrentada a una condición de este impacto”, enfatizó Estivill
Promulgada en junio 2015, la Ley Ricarte Soto (20.850) constituyó la principal expectativa para que pacientes de enfermedades de alto costo o poco frecuentes pudieran acceder a terapias y medicamentos, pero miles de pacientes y decenas de patologías continúan al margen de esta política pública de seguridad social. La regulación creó un sistema de protección financiera para dar cobertura a diagnósticos y tratamientos de alto costo.
Recursos en el sistema financiero
El fondo de la ley Ricarte Soto dispone casi tres veces el presupuesto ejecutado cada año, y al menos tres veces el promedio del gasto realizado en los últimos cinco años. Las inversiones en fondos de bajo riesgo (bonos del estado, entre ellos) han rentado recientemente a la baja, ocasionando pérdidas por más de 2 mil 500 millones durante 2021.
Se trata de recursos independientes a las partidas del Ministerio de Salud y Fonasa, y que, por ejemplo, no forman parte de la discusión de la Ley de Presupuesto. Por diseño, al momento de su promulgación en 2015, se instruyó que los dineros serían centralizados en una cuenta fiscal, donde se sumarían a los recursos y garantías no ejecutados en los años anteriores y su rentabilidad en el mercado financiero.
“Los recursos existen, el reporte de Hacienda habla de un problema presupuestario en el largo plazo, aunque también es cierto que hay un problema en el cálculo de los fondos. Pese a todo esto, ninguna proyección económica justifica dejar a niños con enfermedades devastadoras sin acceso a cobertura. Más bien, debería poner a las autoridades a trabajar para ver cómo solucionar el problema”, afirma Estivill.
Andrea Martones advierte que la solución podría estar en la promulgación de un decreto extraordinario, pero la incomunicación entre las autoridades y las organizaciones que representan a los pacientes alimenta pocas expectativas de que esto se pueda modificar. De esta forma, la ley Ricarte Soto seguirá vigente con el cuarto decreto, del año 2019.
Esto significa que la política pública no considera tres años de evoluciones biotecnológicas, nuevas alternativas terapéuticas o tratamientos que responden de mejor forma a condiciones aún no del todo comprendidas por la ciencia. “Este gobierno ha ratificado lo que decidió la anterior administración: que no se financien los nuevos tratamientos de enfermedades poco frecuentes y sin solución a la vista, porque no hay ninguna propuesta”.
El retraso del decreto surge tras la elaboración de un informe de sustentabilidad financiera de la ley, por parte de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda durante el primer semestre de 2021, que pronosticó el colapso del fondo en siete años, ante lo que determina que es inviable incorporar nuevas enfermedades. Pese a esto, los recursos acumulados en el fondo dispuesto por la normativa continúan en el sistema financiero.
“Además de que el dinero no se destina a los pacientes, se encuentra en el sistema financiero y con una rentabilidad negativa. Son dos aspectos que llaman la atención. Es decir, se dice que no hay recursos, pero el dinero se invierte y se pierde, el año pasado fueron más de mil millones de pesos”, enfatiza Martones.
Y agrega: “El año pasado se había comenzado un estudio de evaluación que nunca terminó, y tampoco se explicó por qué. Por otro lado, consideramos que el informe de Hacienda tiene graves errores metodológicos, pues calcula el costo de las tecnologías en forma lineal, y lo que ocurre en el tiempo es que estas bajan. La subsecretaría de Salud Pública, la entidad responsable del tema, no ha explicado de qué manera resolverá el tema”.
Retraso podría durar años
Los recursos de la Ley ascienden cada año a cien mil millones de pesos, reajustables por el IPC, de los cuales se debe ejecutar un 80% y el restante 20% resguardar como una garantía estatal en caso de una mayor necesidad de montos. En 2021, su presupuesto alcanzó los 110 mil millones de pesos, totalizando en el fondo 265 mil millones de pesos.
Se trata de recursos independientes a las partidas del Ministerio de Salud y Fonasa, y que, por ejemplo, no forman parte de la discusión de la Ley de Presupuesto. Por diseño, al momento de su promulgación en 2015, se instruyó que los dineros serían centralizados en una cuenta fiscal, donde se sumarían a los recursos y garantías no ejecutados en los años anteriores y su rentabilidad en el mercado financiero.
La abogada Andrea Martones, quien fue parte del equipo de juristas que redactó el texto legal, afirmó que se necesitaría promulgar de manera extraordinaria un decreto para incorporar nuevos tratamientos, aunque la situación para las agrupaciones de pacientes es de total incertidumbre. Incluso, aseveró, se han rechazado solicitudes de reunión vía ley de lobby.
De promulgarse un decreto, la CENABAST necesitaría de al menos seis meses para cotizar opciones en la compra de medicamentos. Del mismo modo, aun si los proyectos de ley o cambios en la institucionalidad avanzan de manera expedita, tardarían varios años en materializarse en beneficios concretos para las personas ya diagnosticadas o que se diagnosticarán en los próximos años.
La especialista en derecho de salud manifiesta dudas sobre lo que ocurrirá en el corto plazo con las políticas públicas para patologías poco frecuentes y sus impactos sobre los pacientes y sus familias. Según Martones, se necesita de una mirada de largo plazo, pero también una de corto plazo. “Los pacientes están esperando sin ninguna esperanza concreta y eso no puede ser posible. No es posible que no tengan nada”.
“Estando paralizados los mecanismos de nuevas tecnologías y los proyectos de ley que apuntan a crear un nuevo sistema, el escenario es absolutamente desfavorable. Y que además no sabemos cuánto va a durar. Toda norma importante tardará un buen tiempo en discutirse en el Congreso antes de implementarse. Por ejemplo, si la nueva Constitución se aprobara, probablemente no tendríamos una nueva política pública en cinco o seis años”.
Actualmente, de acuerdo a una estimación de Fonasa, 34 mil personas son beneficiarios. Del total de pacientes que recibe financiamiento actualmente, 25 mil ingresaron por el primer decreto, 4 mil 900 por el segundo y 700 por el tercero. La cifra solo aumentará si pacientes de este grupo de enfermedades, 27 en total, son diagnosticados.
La realidad es que, a la fecha, la Ley financia menos patologías de las que están esperando por recibir cobertura para tratamientos y medicamentos de alto costo, exponen desde FELCH. Myriam Estivill asegura que las autoridades de ambos gobiernos han dejado a los pacientes de enfermedades poco frecuentes abandonados a su suerte.
“Existen los recursos y la postergación del quinto decreto deja sin oportunidades a niños cuya única esperanza son tratamientos de última generación. Por la naturaleza misma de las enfermedades, la regulación debe reconocer y actuar con más agilidad para incorporar el avance de la medicina como un criterio técnico, ya que estos nuevos adelantos son los únicos que pueden marcar un cambio significativo en el curso de las patologías, la calidad de vida, la supervivencia y la inserción social de las personas afectadas”
