Categoría: Medio Ambiente

Se estableció que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo deberá volver a votar la iniciativa de Andes Iron.

Como un grave retroceso en materia ambiental y un revés para las comunidades locales, la ciencia y la institucionalidad calificaron desde Alianza Humboldt el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que determinó que el proyecto minero portuario Dominga, del empresario Carlos Alberto Délano y que pretende instalarse en el Archipiélago Humboldt, vuelva a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Lo anterior, pese a las diversas instancias que decretaron su rechazo durante el proceso de evaluación ambiental y a la extensa evidencia científica que establece que la construcción del proyecto minero que incluye un megapuerto y una planta desaladora es incompatible con el ecosistema de esta zona y con las fuentes de trabajo sustentable que se desarrollan en el lugar.

Desde Oceana, su Directora Ejecutiva, Liesbeth van der Meer afirmó que “no podemos dejar que el desarrollo del país siga cimentándose en el corto plazo, a costa del medio ambiente, es algo contraproducente cuyos efectos ya hemos visto en las zonas de sacrificio a lo largo del país, donde el perjuicio es irreversible y ha causado la pérdida de empleos derivados de actividades como la pesca, el turismo y ha dañado a la salud humana producto de la contaminación generada por la industrialización de áreas que fueron altamente productivas. Hipotecar el futuro de algunas comunidades para privilegiar   a   otras   no   es   la   opción”   puntualizó.

Por   su   parte, Matías Asun, Director de Greenpeace en Chile manifestó que lo que ha ocurrido pone de manifiesto un problema estructural, pues un proyecto rechazado dos veces por ser técnica y ambientalmente nefasto siga a flote, luego de una campaña millonaria de presión y lavado de imagen. Pone, además, al gobierno de Sebastián Piñera a decidir sobre el proyecto de un conocido cercano al Presidente para optar si quieren preservar o destruir la riqueza ambiental y social de esas costas”.

En términos general el fallo señala que se acoge la reclamación presentada por la empresa Andes Iron y ordena que el proyecto minero portuario Dominga se vuelva a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, instancia que está compuesta por secretarios regionales ministeriales de distintas carteras. Al respecto, el Director Ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, afirmó que “es una decisión lamentable, por cierto. Principalmente porque pareciera que el Tribunal en lugar de resolver sobre la legalidad del rechazo, hace una apreciación sobre que decisión habrían tomado puestos en la posición del Comité de Ministros. Pero esa no es su posición ni tampoco lo que debían resolver. En lo importante, el proyecto sigue estando rechazado y la Corte Suprema deberá resolver sobre este juicio».

Foto: Jean Paul Faure.

Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades de la zona agregó que “es lamentable que la interpretación que hizo el Tribunal Ambiental del ordenamiento jurídico ambiental no se haga cargo de la magnitud del impacto que podría generar Dominga, de llevarse a cabo, ni de la capacidad de regeneración de la naturaleza frente a tal mega impacto. Es además gravísimo porque desobedece lo ordenado por la Corte Suprema anteriormente, y por ese motivo lo que corresponde es recurrir ante ella para que defina si esta sentencia, que se desentiende de la orden del tribunal superior, se ajusta o no a Derecho”.

Recordemos que en 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt.

“En innumerables ocasiones, destacados científicos han señalado que el Archipiélago Humboldt debe protegerse y que cualquier accidente que ocurra en el lugar provocaría un daño irreversible”, aseveró Max   Bello, Asesor   Ejecutivo   de Mission Blue.

En   tanto,    Flavia Liberona, Directora de Fundación Terram, explicó que “es urgente un ordenamiento de la zona costera y establecer áreas en las cuales no se puede ni debe intervenir con proyectos contaminantes, industrias extractivas, mega puertos u otras actividades que amenazan valiosos ecosistemas que deben permanecer sanos para paliar los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo”, sentenció.

Desde Alianza Humboldt concordaron en que este fallo da cuenta de las debilidades que presenta la institucionalidad ambiental en Chile, considerando que la Corte Suprema ya había ordenado al Tribunal Ambiental de Antofagasta fallar respecto de lo técnico y lo ambiental, algo que finalmente no ocurrió.

Golpe a la economía sustentable

En la zona donde pretende instalarse el proyecto Dominga, entre las regiones de Atacama y Coquimbo, se han conformado algunas de las áreas de manejo de recursos bentónicos más productivas del país. Administradas por los propios pescadores artesanales, han logrado transformarse en los principales productores de locos y lapas de toda la región de Coquimbo, desembarcando el 80% de la producción regional.

“Las primeras áreas de manejo que se inscribieron en todo el país fueron la de Los Vilos y Punta de Choros, en 1998. Comenzamos recolectando 90 mil unidades y gracias a la administración sustentable que nosotros mismos hemos hecho, y también a la riqueza de nuestro mar, hoy sobrepasamos las 800 mil unidades”, recordó Óscar Avilez, Presidente de la Asociación Gremial de Pescadores de Punta de Choros. “No podemos permitir que un proyecto que tiene una vida útil de unos pocos años, venga a destruir todo el trabajo que hemos realizado con tanta dedicación y que nos ha dado para sustentar a nuestras familias”, agregó.

Por otra parte, en las últimas décadas la actividad turística se ha transformado en uno de los motores económicos para el Archipiélago Humboldt. De acuerdo a cifras entregadas por CONAF, encargada de la administración de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en 2018 más de 60 mil turistas visitaron el lugar, siendo el área protegida más concurrida en el norte chico. Estas cifras positivas concuerdan con el resto de la región de Coquimbo, la cual ha duplicado la llegada de turistas en los últimos 15 años debido a sus atributos naturales, climáticos y patrimoniales, alcanzado más de un millón 200 mil visitantes anualmente.

Rodrigo Flores, dirigente turístico de la zona, enfatizó que Dominga promete la creación de empleos, pero eso sólo será por un tiempo. “La inversión y los puestos de trabajo son sólo por un par de años, ¿después qué? Nosotros nos dedicamos a actividades sustentables, cuidamos el patrimonio natural y somos conscientes de que esto quedará para las futuras generaciones, la Dominga en cambio vendrá, sacará su mineral, contaminará nuestro mar y después se irá”, dijo Flores.

“Siempre hemos trabajado esta campaña con optimismo, sin embargo, sabíamos que también podíamos volver a sufrir un revés en el Tribunal Ambiental y estamos preparados para volver con la misma fuerza a defender este territorio y su gente   en   la   Corte   Suprema”   dijo Nancy Duman, Directora de la organización Sphenisco y una de las voceras de Alianza Humboldt Atacama – Coquimbo. “Nuestro trabajo es con las personas, en el territorio, y mejor que nadie sabemos el rechazo que Dominga provoca en las comunidades, esperamos que las autoridades sean capaces de escuchar lo que realmente quiere la gente, que es proteger el Archipiélago Humboldt y sus fuentes de trabajo”, finalizó.

Se espera que en los próximos días los abogados de Alianza Humboldt presenten recursos de casación a la Corte Suprema buscando revertir el fallo del Tribunal Ambiental.

Alianza Humboldt está formada además   por   las   organizaciones   Oceana,   Greenpeace, Sea Shepherd, Parley, Chao Pescao, Fundación Terram, Chile Sustentable, ONG FIMA, Defensoría Ambiental, Geute, Mission Blue, Ecosistemas, Fundación Jane Goodall, Ayni, Chinchimén, Fundación Relaves, Aula de Mar, Panthalassa, Codesa y Cverde; junto a agrupaciones de la zona en conflicto coordinadas a través de Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, la cual está compuesta por Defensa Ambiental IV Región, MODEMA y Sphenisco, y otras 90 organizaciones regionales.

En una enriquecedora jornada con la comunidad y la Cooperativa de Agua Potable de la Islita, en Isla de Maipo, el subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, en conjunto con el Jefe de la División de Fiscalización, Rubén Verdugo y el Subdirector de Agua Potable Rural del Ministerio de Obras Públicas, Álvaro Solá, se reunieron a conversar sobre los problemas en el tratamiento de las aguas servidas en el sector.

En la ocasión, el subsecretario Naranjo le comentó a la comunidad la importancia de la regulación de los olores vigente y explicó el anteproyecto de normativa de olores específico para las plantas de tratamiento, mientras que el Jefe de Fiscalización de la Superintendencia recordó que ya se cursó una formulación de cargos a la Planta de Tratamientos La Islita por capacidad y emisión de olores. Las infracciones -una grave y cinco leves- dan cuenta del funcionamiento a una capacidad mayor de la que fue evaluada ambientalmente, no contar con autorización de la autoridad sanitaria y descargar sus residuos líquidos no tratados en un canal cercano a la comunidad que habita el sector, generando malos olores y denuncias.

Por su parte, el Subdirector de Agua Potable Rural del Ministerio de Obras Públicas, Álvaro Solá señaló que además trabajarían en conjunto con la Cooperativa que administra la planta para solucionar la operación del tratamiento de aguas servidas, debido a que “los olores molestos se deben principalmente al tratar un mayor caudal desde junio de 2018 a octubre de 2020, que el evaluado ambientalmente el 2010 y no contar con un sistema de respaldo eficiente, en caso de falla del sistema de aireación, que asegurare la debida continuidad del tratamiento”.

La señora Cecilia González, socia de la Cooperativa y quien convocó la presencia de las autoridades, agradeció la instancia de conversación e invitó a la comunidad a seguir trabajando en conjunto para solucionar de raíz  la situación de olores molestos y contar con mecanismos de respaldo para evitar futuros colapsos.

Tres relatores de la ONU afirman que los peligros radiactivos de la operación se han subestimado y podrían suponer un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente durante más de 100 años, poniendo en riesgo así  el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras de Japón.

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos manifestaron este jueves su profunda decepción por la reciente decisión adoptada por Japón por la que pretende verter en el océano agua contaminada procedente de la destruida central nuclear de Fukushima. Los especialistas afirman que el vertido podría afectar a millones de seres y a los medios de vida en la región del Pacífico.

“El vertido de un millón de toneladas de agua contaminada en el mar supone un riesgo considerable para el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras de Japón“, dijeron los expertos independientes* nombrados por el Consejo de Derechos Humanos.

Los tres relatores especiales de la ONU trasladaron su preocupación al Gobierno japonés debido a las posibles amenazas para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse del vertido de agua radiactiva en el océano Pacífico. Sin embargo, las respuestas del Gobierno Japonés sugieren que el agua tratada y almacenada en los tanques no está contaminada.

“La decisión del Gobierno es muy preocupante, dadas las advertencias sobre el efecto de tal vertido en la vida de tantas personas y en el medio ambiente en general. Llega tras años de debates y preocupaciones planteadas por las comunidades locales, en particular la comunidad pesquera, que ya se vio gravemente afectada por el desastre de 2011, las ONG medioambientales, los países vecinos y la sociedad civil. La decisión es especialmente decepcionante, ya que los expertos creen que existen soluciones alternativas al problema“.

Carbono-14 y otros isótopos radiactivos

Los relatores afirmaron que el agua puede contener cantidades de carbono-14 radiactivo, así como otros isótopos radiactivos como el estroncio-90 y el tritio.

Igualmente, afirmaron que la tecnología de tratamiento del agua conocida como ALPS no ha logrado eliminar por completo las concentraciones radiactivas en la mayor parte del agua contaminada almacenada en los tanques de la central de Fukushima Daiichi.

“La primera aplicación del ALPS no logró limpiar el agua por debajo de los niveles reglamentarios y no hay garantías de que un segundo tratamiento tenga éxito”, dijeron, y añadieron que la tecnología no eliminó tampoco el tritio radiactivo ni el carbono 14.

Pese a que Japón indica que los niveles de tritio son muy bajos y no suponen una amenaza para la salud humana, los científicos advierten de que el tritio presente en el agua se une de forma orgánica a otras moléculas, desplazándose a lo largo de la cadena alimentaria y afectando a las plantas, los peces y los seres humanos.

Afirman que los peligros radiactivos del tritio se han subestimado y podrían suponer un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente durante más de 100 años.

“Recordamos a Japón sus obligaciones internacionales de prevenir la exposición a sustancias peligrosas, de realizar evaluaciones de impacto ambiental de los riesgos que pueda tener el vertido de agua, de prevenir los daños ambientales transfronterizos y de proteger el medio ambiente marino”, afirman los expertos.

El vertido cuenta con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica

Este martes el Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que trabajará estrechamente con el Gobierno de Japón en el vertido al mar del agua que sirvió para enfiar la antigua central nuclear.

El director general del Organismo dijo que el método escogido por Japón es “posible técnicamente y está de acuerdo con las prácticas internacionales”.

Rafael Mariano Grossi explicó que la agencia de la ONU está preparada para “brindar apoyo técnico y revisar el cumplimiento seguro y transparente del plan”.

*Los expertos: Marcos A. Orellana, relator especial sobre tóxicos y derechos humanos; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; David Boyd, relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente.

 Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.