La ausencia de un plan de gestión y falta de coordinación entre organismos públicos con facultades para actuar frente daños en estos ambientes son algunas de las falencias mencionadas por los especialistas.
El aterrizaje de un helicóptero en la orilla de la playa en la zona del Humedal del Río Taucú (en Cobquecura) pone nuevamente de manifiesto la necesidad de fortalecer la conciencia en la sociedad sobre el valor de estos ecosistemas y de contar con herramientas que permitan su protección efectiva.
El episodio se suma al registrado hace unas semanas en la playa de Ritoque y humedal de Mantagua, donde una camioneta invadió el espacio de nidificación de las aves que habitan el lugar, amenazando sus vidas y la de sus polluelos.
Los humedales se caracterizan por ser sitios saturados de agua (dulce, salada o salobre, de forma permanente o temporal) y que, además, de ser el hábitat de un tipo de flora y fauna específicas, entregan importantes servicios a los humanos.
La provisión de alimentos y agua dulce, el secuestro de carbono y la reducción del riesgo de desastres son algunos de los beneficios que ofrecen estos entornos que también son espacios para la recreación y el contacto con la naturaleza.
El académico de la Facultad de Ciencias Ambientales e investigador del Centro Eula, Ricardo Figueroa Jara, señala que son varios los daños que puede provocar la presencia de un helicóptero en este tipo de hábitat.
“Por ser un humedal costero es rico en aves y el ruido puede causar un grave daño, al alejar a las aves de su sitio de nidificación. Además, estamos en una fecha en que también comienzan a llegar aves del otro hemisferio a poner sus huevos allí”, dice el Dr. en Ciencias Biológicas.
Desde esta perspectiva, explica, es un lugar cuya conservación va más allá de un interés nacional, tiene un valor global.
También anota el estrés que provoca el ruido sobre la población de la fauna costera -el helicóptero sobrevoló la lobería a baja altura- y el eventual daños que el aterrizaje pudo generar a otras especies, así como otros perjuicios ecológicos que deberán evaluarse en su momento.
El especialista en Sistemas Acuáticos recuerda que el río Taucú fue declarado Humedal Urbano en mayo de este año por el Ministerio del Medioambiente y como tal es un área protegida, a la vez que acota que en Chile esa declaración no es suficiente por sí misma para que haya una protección efectiva.
“Para proteger un lugar se requiere un plan de gestión, que define lo que se puede y no se pueda hacer ahí. Por ejemplo, ese lugar puede ser muy bien utilizado en turismo o educación, pero en espacios específicos para cada actividad, no en todo el humedal; pero cuando no existe un plan de gestión, no se puede hacer nada. Entonces, no existe una herramienta para prohibir, por ejemplo, que un helicóptero pase por ahí”, asevera.
La solución a este tipo de situaciones debiera venir desde el reglamento de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, publicada en septiembre del año pasado, cuyo reglamento aún no ha sido aprobado.
“Este reglamento viene a justamente a llenar este vacío, porque establece que en las áreas que han sido declaradas en alguna categoría de conservación hay cosas que ya no se pueden hacer, aunque no tenga plan de gestión; pero mientras no se apruebe, esto permanece en tierra de nadie”.
Por ahora, según el académico, la única consecuencia que pueden enfrentar los tripulantes del helicóptero es el repudio público, “salvo que se acredite que existió un daño ambiental como ocurrió en el caso de la camioneta en Ritoque”.
Coordinación institucional
Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administrativas, el académico Óscar Reicher Salazar señala que los impactos de la actividad humana en estos ambientes “siempre han presentado un desafío a la institucionalidad no solo ambiental, sino que en general al funcionamiento de la administración pública que debe resguardar estos ecosistemas”.
Lo que ocurrió en Cobquecura – dice el ex seremi de Medioambiente – es una muestra de esta falencia, en el sentido de que la Municipalidad “no tiene competencias para regular, en este caso, por dónde pasan los helicópteros y por eso van a presentar una denuncia a otro organismo público (la Dirección General de Aeronáutica Civil)”.
A juicio del académico, estos casos demandan una coordinación entre los organismos que sí tienen facultades para regular situaciones que pueden generar un impacto en ambientes que están bajo protección.
“Lo que corresponde ahora es avanzar hacia instancias institucionales que promuevan una actividad coordinada de los diversos servicios públicos. Por otra parte, se necesita que la ciudadanía comprenda efectivamente que, independiente de si (un lugar) está o no declarado como área protegida, éste tiene un ecosistema (…) y que cuando se introducen elementos externos genera defectos en el funcionamiento de ese sistema”, indica.
Por eso, opina que es necesario avanzar en la comprensión en torno a la importancia de estos ecosistemas y que se entienda “que estos son espacios valiosos no solamente para la naturaleza, sino también para los desafíos que la sociedad tiene en atención a los impactos que ya estamos viendo por el cambio climático”.
Para el Dr. en Ciencias Ambientales, el aterrizaje del helicóptero en el humedal tiene características similares a lo que pasó en Ritoque, donde -a su juicio- el conductor demostró no tener conciencia del valor ambiental del lugar.
“Si bien hemos avanzado como sociedad en comprender la importancia de estos espacios naturales, siempre van a existir ciertas situaciones en las que vemos que falta todavía (…) lo que se demuestra ahora en Ñuble es que todavía quedan espacios por avanzar y ahí, entonces, es importante tener una coordinación entre los distintos organismos públicos”.
El abogado también pone de relieve el papel de la academia en hacer conciencia en torno a estos ecosistemas y los impactos que generan ciertas actividades, como una forma de contribuir al resguardo de estos espacios pensando en las futuras generaciones.
