- Encuesta aplicada por el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo recogió la opinión de la población regional en diversas áreas.
Para un 41% de los habitantes de la Región del Biobío, la salud es el principal derecho social que debería estar plasmado en la nueva Constitución. Un tema que, sin embargo, muestra una marcada brecha de género; mientras para el 46% de las mujeres es el asunto de mayor prioridad, la cifra baja a un 37% de preferencia en los hombres.
Son datos de la encuesta aplicada en 26 comunas, que reflejan que después de la salud, las pensiones y la educación son los temas que se tienen que privilegiar en la Carta Magna, con un 21% y un 19%, respectivamente.
Además de los derechos sociales, el estudio realizado por el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo consultó la opinión en otras tres áreas: régimen político, derechos de los pueblos originarios y descentralización. Respecto al primer tema, el 39% de los encuestados opina que se debe fortalecer el rol del Congreso por sobre el del Presidente, mostrando también una marcada brecha entre las respuestas de mujeres (30%) y hombres (48%).
En contraste a la pregunta anterior, un 24% de los habitantes del Biobío afirma que prefiere fortalecer el rol del Presidente por sobre el del Congreso, mientras que un 22% no sabe y un 15% opta por mantener el régimen actual.
En relación a los derechos de los pueblos originarios, un 52% declara que se tendría que privilegiar el reconocimiento a todos los pueblos originarios, un 19% manifiesta que debiera haber escaños reservados en el Congreso y un 12% prioriza la declaración de un estado plurinacional.
Finalmente, en cuanto a la descentralización, un 39% de los encuestados espera que las autoridades regionales tengan competencias en definiciones de políticas locales como salud, educación o vivienda. Detrás le siguen: entregar autonomía regional en decisiones presupuestarias y cobro de impuestos con un 22%, y transitar a un sistema federal con regiones independientes en algunas materias de ley con un 16%. En tanto, un 7% opta por mantener la actual administración del Estado.