Organizado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, en la Universidad de Chile se llevó a cabo el seminario “Acuicultura y áreas protegidas: el caso de la Reserva Nacional Kawésqar”, que tuvo como invitados a Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile y Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. La instancia, además, generó un espacio para que ambas organizaciones pudieran debatir sobre el estado de esta industria en la región austral.
Por parte de los industriales, Odebret realizó una presentación en la que describió la eficiencia de la salmonicultura en términos de cultivo y territorio; entregó detalles de los que, según sus mediciones, son los bajos impactos ambientales de este tipo de producción proteica, y destacó el buen comportamiento legal de la industria. Por último, abordó los desafíos que enfrentan las empresas a las que representa para ser “más ambientales”, cuya solución, a su juicio, está en la relocalización de las zonas de cultivo,lo que no sería posible debido a las trabas gubernamentales.
Desde Greenpeace, en tanto, rebatieron cada una de estas afirmaciones. “Tenemos evidencia de la basura que la industria salmonera deja en Magallanes, en fotos que pudimos registrar en visitas a la zona, lo que luego fue confirmado por una fiscalización de la Gobernación Marítima de Punta Arenas”, afirmó González. “Esto se contradice con un buen comportamiento ambiental”, agrega. Añade que, además, el 50% de los centros de la región ha presentado condiciones de anaerobia y que fenómeno como las Floraciones Algales Nocivas (FAN) se ven favorecidos por la contaminación persistente de la industria” relacionada con el alimento de salmones no consumido, las mortalidades y fecas de los salmones que propician que estos organismos proliferen fuera de los estándares normales, contaminando ecosistemas completos”.
Sobre el comportamiento legal de la industria, la vocera de Greenpeace recordó el historial de fraudes e incumplimientos del sector, que acumula el 74% de los procesos sancionatorios del sector pesca y acuicultura “y que tiene a las empresas sancionadas con importantes multas y revocación de permiso ambiental”. Por último, sobre relocalizaciones, la subdirectora de Campañas opina que “mientras la industria no respete la normativa vigente en las operaciones que mantiene activas, no es posible plantearse la opción de abrir nuevos centros de cultivo”.