Autor: Pagina V

Mario Delannays
Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente
Región del Biobío

Tal como lo ha planteado en innumerables ocasiones el intendente del Biobío, Jorge Ulloa, la región es tan variada que es una zona multirol. Esto, en pocas palabras, quiere decir que podemos encontrar todo tipo de iniciativas privadas o públicas, ya sea en ámbitos industriales, turísticos, académicos, entre otros.
Teniendo presente lo anterior, se hace fundamental que en nuestra zona trabajemos fuertemente en la educación ambiental, que nos permita tener claridad sobre los proyectos y actividades que se realizan, y tener una visión clara sobre lo que es beneficioso para nuestro medio ambiente.
“Pero el papel o el discurso aguanta todo”. Para evitar la frase anterior, tenemos que hacer esfuerzos, y demostrar con hechos concretos que el fortalecimiento de la educación ambiental es lo que queremos lograr.
Así es como el año 2018 incrementamos significativamente el número de escuelas sustentables certificadas en las tres categorías (básico, medio y excelencia) alcanzando 203, llegando a superar a la Región Metropolitana, y duplicando o triplicando –según sea el caso- a otras regiones del país. En esta oportunidad, podemos sentirnos orgullosos, y decir que somos por lejos, la región con mayor número de escuelas certificadas ambientalmente.
Ahora bien ¿qué significa que una escuela esté certificada? Simple: que cada colegio incorporó, desarrolló y evaluó en su malla curricular, o en actividades extraprogramáticas, el concepto de medio ambiente. ¡Es todo un éxito!
Junto con lo anterior, también estamos trabajando fuertemente en lo que respecta a los Fondos de Protección Ambiental (FPA).
El FPA, es el primer fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de Chile para apoyar iniciativas ambientales presentadas por la ciudadanía. Habitualmente, las juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de padres, agrupaciones culturales y ambientales, comunidades y asociaciones indígenas, son parte de los grupos humanos que postulan a estos recursos.
¿Qué nos permite esto? Que la gente pueda aprender sobre cuidados y protección al medio ambiente desde una perspectiva práctica. El FPA se convierte en un aliado para hacer realidad las iniciativas ciudadanas, para hacer de nuestro país un lugar más amigable con el medio ambiente.
En definitiva, lo que estamos haciendo desde la seremi del Medio Ambiente no tendría mayor sentido si nuestro eje principal fuese otro. La educación medioambiental es y seguirá siendo el pilar básico y estructurante, porque es a través de esta manera con la cual podremos tener una región con los cuidados, la conservación, educación y conocimiento que requiere.
El Presidente Sebastián Piñera y la ministra Carolina Schmidt nos han pedido que hagamos difusión de estas iniciativas con el único fin de conservar, proteger, cuidar nuestro entorno, y la educación sobre el medio ambiente es clave en el éxito de dicha misión.
Tenemos un gran desafío por delante, que es transformar a las nuevas generaciones en actores de cambio, y no solo de conciencia, sino que también de hábitos. Demos el primer paso para definir qué es lo que hace cada una de las personas, por sobre lo más simple, que es apuntar con el dedo por lo que el resto ha dejado de hacer por el medio ambiente.

Alfonso de Urresti
Senador de la República por la Región de Los Ríos

Hasta no hace mucho, hablar de humedales era tema de expertos, ajeno a quienes vivían en las ciudades, porque los que tomaban las decisiones sobre el territorio eran siempre otros. Pero eso cambió, pues la naturaleza forma hoy parte del plan de vida de muchas familias.
El cuidado del medio ambiente es ahora un bien común y no solo de aquellos preocupados de salvar ballenas y rechazar centrales nucleares. A la mayoría le interesa la calidad del aire, el reciclaje, disminuir el uso del plástico y ahora los efectos del cambio climático.
Es en ese contexto que un actor antes secundario de la vida en las ciudades cobra protagonismo: el humedal urbano. Porque a ese espacio que antes terminaba convertido en pantano o vertedero ilegal, hoy se le percibe jugando un rol vital para la existencia de una gran biodiversidad.
Un hito cercano en esta nueva mirada de los humedales se genera con la contaminación del Humedal Carlos Andwanter, en Valdivia, por la acción de la empresa Celco, que el 2004 movilizó a miles de personas reclamando por la muerte de los cisnes de cuello negro y la afectación de las aguas del Río Cruces.
De ahí en adelante el diálogo ha sido distinto. Se trata de una conversación sostenida por la organización de muchos ciudadanos que han entendido que el humedal no solo puede ser un buen vecino, sino que se trata de un integrante más de la comunidad, uno que merece respeto y cuidado, como los niños, los animales y las flores.
Así lo han entendido también muchas ciudades y municipios que, como en la Región del Biobío, han integrado progresivamente grandes humedales, que dejaron hace rato de ser un problema y hoy son parte de la definición urbanística, turística, recreativa y social de amplios territorios y comunidades.
Gracias a estas experiencias, que se replican en el país, hoy tenemos ordenanzas que buscan proteger los humedales, administraciones que han establecido como Reserva Natural Municipal a algunos de ellos, mientras otros aspiran a convertirse en Santuario de la Naturaleza. En tanto, el Ejecutivo trabaja en los 40 humedales incluidos en su plan nacional de protección.
Pero seguimos siendo testigos de cómo algunos siguen intentando deshacerse de los humedales que entorpecen sus proyectos inmobiliarios. En este escenario de preocupación ciudadana y resistencia privada, surgió el proyecto de ley para proteger los humedales urbanos y periurbanos, que presentamos a mediados de 2017.
Tras su paso por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, de haber escuchado al anterior y actual gobierno, a científicos y profesionales, municipios y a la sociedad civil, esta iniciativa se encuentra en su segundo trámite en la Cámara de Diputados. Confiamos en su pronta aprobación, porque se trata de una herramienta con la que hoy no contamos.
El mes pasado participé en la COP13 de la Convención Ramsar, este año dedicada a los humedales urbanos, ratificando nuestra convicción, pero también constatando la preocupación de organismos como la Unesco que ha otorgado a algunos la categoría de Patrimonio de la Humanidad.
Este camino de protección de los humedales no es nuevo. Estudios revelan que los huilliches, antes de los españoles, se relacionaban activamente con ellos. La diferencia es que ahora se trata de un camino sin retorno, porque lo que está en juego es el futuro y porque se ha entendido que no son las ciudades las que tienen humedales, sino que son los humedales los que han permitido la existencia de ciudades.

Ariela Muñoz Soto
Colectivo Muévete

El lunes 12 de noviembre de 2018, en el primer día hábil de la nueva Ley de Convivencia Vial (LCV) -a seis meses de su publicación en el Diario Oficial y luego de una larga tramitación en el Congreso- Carabineros controlaba a ciclistas en las ciclovías.
La nueva ley traía respeto al ciclista, respeto al peatón y limitaciones al motorizado para que lo anterior ocurriera, pero la fiscalización nos dio a entender todo lo contrario: ese día comenzó una cacería de ciclistas que duró algo más de dos intensas semanas. Vimos multas por no usar casco, o no usar chaleco reflectante (incluso a plena luz del día). Vimos a los uniformados en las ciclovías y no en las calzadas.
Parecía que el Ministerio de Transporte lanzaba con bombos y platillos esta nueva legislación para regular la convivencia entre modos de movilidad urbana, pero resultó ser un fracaso en su puesta en marcha.
Esta ley es de las pocas que se tramitan junto a la ciudadanía. Nació de ahí. No fue “un negocio de las municipalidades” para cursar multas. Tuvo que ver con el legítimo deseo de ciudadanos que no querían morir atropellados en la vía pública. Ambicioso anhelo de estos tiempos violentos.
Frente a las cifras de movilidad, resulta increíble que la industria automotriz siga dando números azules y nubes negras a la salud humana. Las ciudades se están saturando, respiramos gases tóxicos y escuchamos bocinas a diario, las personas están muriendo por los mal llamados “accidentes de tránsito”… ¿Y no íbamos a hacer nada para frenarlo?
Se batalló la rebaja de velocidad máxima, una de las medidas más importantes de la LCV. Los honorables congresistas (incluso los “pro-vida”) se excusaron en cifras inventadas y pobres argumentos para votar en contra de la medida que salvaría cientos de vidas al año, pero no lo consiguieron. Ganamos. Todos.
Se logró la estandarización de la infraestructura, una distancia mínima de adelantamiento para ciclos y excepciones para que los más vulnerables pudiesen circular en bicicleta por la vereda, entre otros.
No obstante, todo terminó limitándose a cascos y chalecos reflectantes. Dos elementos que nunca estuvieron en la nueva ley, pero que -de la noche a la mañana- comenzaron a fiscalizarse. Para que quede claro, el casco forma parte del Art. 80 de la Ley de Tránsito (N° 20.068, publicada en 2005), mientras que el chaleco reflectante forma parte del Decreto 116, publicado en 1988. Sí, 1988 y es -para desgracia de algunos- totalmente válido.
En seis meses -desde la publicación hasta la puesta en marcha de la LCV- poco hizo el Gobierno para educar. Carabineros prefirió cursar multas a ciclistas sin casco, pero no a automovilistas a exceso de velocidad (que podrían matar a ciclistas con casco). Y a su vez, la mayoría de los medios de comunicación focalizaron sus titulares en incrementar la mala fama de la ley.
En todo ese tiempo, los activistas hicimos más por la ciudad. Y lo hicimos gratis.