En el marco de la 26º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en la ciudad de Glasgow, Escocia, investigadores/as y organizaciones civiles convocadas por el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente (PROMA) de la U. de Chile abordan las acciones del nuestro país en materia medioambiental.
La COP26 congregará a más de 20.000 jefes de Estado, científicos, activistas e investigadores(as), quienes se reunirán desde el 31 de octubre al 12 de noviembre para fijar acciones que eviten que la temperatura promedio del mundo supere los 1,5° celsius. Durante la instancia, los países darán cuenta de sus avances en los objetivos propuestos por el Acuerdo de París firmado en la COP21 del año 2015.
El tratado busca aumentar la capacidad de las naciones para enfrentar los efectos del cambio climático, mejorar el financiamiento en estas materias y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El acuerdo destaca por ser la primera vez que se toman medidas globales concretas, lo que se ratifica en que 192 de las 197 partes han firmado el acuerdo.
Expertos y activistas medioambientales de todo el mundo, incluyendo de nuestra Casa de Estudios, han señalado que la conferencia es la última oportunidad para salvar nuestro planeta. Así, se espera que todos los países disminuyan sus GEI para el 2030 y lleguen a cero emisiones netas (Net Zero) al 2050.
¿Cómo se prepara Chile?
Nuestro país llevó la Presidencia de la pasada COP25 realizada en el año 2019 en Chile, previo a la pandemia. Si bien desde el Ministerio del Medio Ambiente han señalado que las propuestas con las que llega Chile a la COP26 son ambiciosas, no todas las voces de la sociedad civil, académica y científica están de acuerdo.
El reciente 26 de octubre el Ministerio del Medio Ambiente lanzó la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), que establece las acciones para obtener la carbono neutralidad y resiliencia al 2050. Según indicó la Ministra Schmidt en una conferencia de prensa, la acción contó con la participación de más de 4.000 personas, el Comité de Científicos del Cambio Climático y el Comité Asesor por la Acción Climática creados en la COP25. El documento señala 407 metas de transición y transformación de los sectores claves del país.
La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por su sigla en inglés) es uno de los compromisos voluntarios que los países firmantes del Acuerdo de París han asumido con el objetivo de reducir los GEI. Al respecto, Laura Gallardo, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académica del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, explica que la construcción de la NDC en Chile “fue un esfuerzo que logró la movilización del aparato del Estado, pero también de la academia, convocando a más 600 científicos y científicas del país”, destaca.
María Isabel Manzur, parte del directorio de Chile Sustentable, destaca que si bien el Estado avanzó en temáticas medioambientales, se requiere reforzar la institucionalidad ambiental del país. “Para esto sería fundamental el despacho de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; el despacho de la Ley de Protección de Turberas y el Proyecto de Ley de Protección de Glaciares, entre otros”, destaca.
La Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fue presentada durante el año 2011 y actualmente se encuentra detenida en la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados. Para Javier Simonetti, coordinador académico del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile (PROMA), coordinado por la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de investigación y Desarrollo (VID), los intereses contrapuestos de representantes de diferentes agencias gubernamentales y presiones de grupos de interés impiden la aprobación de este proyecto.
“Es impensado que el Estado de Chile, teniendo la capacidad y estando en un escenario inmejorable para ejecutar políticas ambientales en favor de todas y todos los chilenos, esté renunciando a su obligación de promover la creación de ese servicio”, enfatiza.
En la misma línea, Patricia Araya, coordinadora de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), considera deficiente el trabajo del Estado en materia medioambiental. “No es entendible, en este contexto, la aprobación de proyectos mineros como Dominga, que atenta contra un ecosistema único en el mundo; la desconsideración de la variable climática en la evaluación ambiental de los proyectos y la desprotección en la que se encuentran los glaciares y los pomponales”, subraya.
El rol de la ciudadanía
En el marco de la COP26, se destaca que Chile no es un gran emisor de GEI, pero será uno de los países más afectados por el cambio climático, ya que cumple siete de los nueve factores de vulnerabilidad establecidos por la Convención. Estas incluyen áreas costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible a desastres naturales; áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos.
Por esta razón, más allá del Estado, el llamado es a que la ciudadanía también tome mayor participación. La Coordinadora de SCAC es enfática: “La sociedad civil debe asumir un rol protagónico en impulsar cambios radicales, no solo protestando, sino también proponiendo y participando activamente de todos los espacios de deliberación”, afirma.
En la misma línea, Manzur destaca que “muchas comunas se han declarado en emergencia climática, lo que es un avance y se ha solicitado declarar el país en emergencia climática. También se debe avanzar en una mayor conciencia ciudadana en el cuidado de la biodiversidad”.
En el caso de la investigadora del (CR)2, acciones como la ECLP han convocado a muchos actores, sin embargo, “la dimensión de participación ciudadana en los territorios es el aspecto más débil, pero que deberá abordarse con fuerza en la implementación y revisión de las estrategias, a la luz de NDCs cada vez más ambiciosas”, destaca.
La COP26 llega en un momento clave en la historia de Chile, donde los desafíos planteados en la instancia también deberán ser abordados por la Convención Constitucional. Desde PROMA, organismo de la U. de Chile encargado de promover el desarrollo del conocimiento, la reflexión, el debate y la difusión de temáticas relativas al medio ambiente y el desarrollo del país, destacan este punto. Su coordinador académico, Javier Simonetti, señala que debido a los intereses que han demostrado los y las constituyentes “no cabe duda de que en la nueva Constitución la dimensión ambiental tendrá muchísima más importancia”, señala.
Estefanía Cortés Ecobedo, Periodista colaboradora PROMA
