Decenas de presos han perdido la vida en incidentes ocurridos en cárceles de Venezuela, Colombia y Perú, y se han producido intentos de fuga en muchos otros países. El coronavirus se expande rápidamente y miles de internos se han infectado en América del Norte y del Sur. ONU Derechos Humanos pide una investigación por los motines que han ocurrido en las últimas semanas.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.
El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. “Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur”, dijo el portavoz.
El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.
“La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.
Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas “extremadamente severas” que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.
“Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, advirtió la Oficina de Bachelet.
Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.
Investigaciones, acción y justicia
“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela”, aseguró el portavoz de Bachelet.
La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.
También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.
Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.
Liberación en la pandemia sin impunidad
Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.
“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, dijo.
También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.
Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.
“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, expresó el portavoz.
Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.
