Chile será uno de los primeros países en Latinoamérica en completar el proceso de elaboración de su primer “Mapa de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida y el Planeta” (áreas ELSA, por sus siglas en inglés). Las ELSA son áreas esenciales para conservar la biodiversidad crítica, y para proporcionar a los seres humanos servicios ecosistémicos esenciales para su existencia y progreso, como el almacenamiento de carbono, la producción de alimentos y agua potable, la filtración de aguas y la reducción de riesgo ante desastres. La elaboración de este mapa se inserta en el marco de las acciones impulsadas por el programa Naturaleza para las Personas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en su elaboración han participado equipos de expertos/as nacionales e internacionales.
El mapa es desarrollado de manera participativa e intersectorial, con el apoyo de más de 40 expertos/as de servicios públicos tales como CONAF, INFOR, ODEPA, CIREN, DGA, el Ministerio del Medio Ambiente, como también de representantes de la academia (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y Bernardo O´Higgins) y diversas organizaciones no gubernamentales. Su elaboración ha tomado en cuenta, tanto variables ecológicas, como sociales y económicas, las que, identificadas a través de un proceso participativo, y combinadas a través de una metodología de Planificación Sistemática para la Conservación, el uso de herramientas tecnológicas de última generación, y el apoyo de un equipo científico internacional altamente calificado, con expertos/as de Australia, Estados Unidos y China, ha permitido identificar espacialmente las áreas críticas para la protección, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas en la escala nacional.
La identificación de las áreas ELSA se considera un paso fundamental en la búsqueda de mayor sustentabilidad a escala ecosistémica y territorial. Como explica Daniela Manuschevich, la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, “Hoy es imprescindible quebrar el espiral de la degradación de nuestro patrimonio natural y social, con toda la carga de desesperanza y sufrimiento que arrastra, y transitar hacia un espiral virtuoso de la sustentabilidad y de la resiliencia de los territorios y comunidades y ello no puede hacerse sin la protección, la restauración y la gestión sustentables de nuestros ecosistemas. Ninguna sociedad ha podido ni podrá sostenerse en el tiempo sin tener en cuenta los límites de la naturaleza. Ningún modelo de desarrollo puede prosperar descuidando este aspecto”.
El mapa preliminar creado durante esta sesión será luego revisado y ajustado de forma más detallada por expertos/as del Ministerio del Medio Ambiente y PNUD, revisión que permitirá contar con la versión definitiva del primer mapa ELSA de Chile. Luego de ello, herramienta sirva de orientación espacial para el cumplimiento de compromisos de múltiples políticas ambientales o con efectos ambientales, entre las que destacan, la Estrategia Nacional de Biodiversidad; la Estrategia Climática de Largo Plazo; la Política Nacional Forestal; la Estrategia de sustentabilidad Agroalimentaria, y el Plan Nacional de Restauración a escala de Paisaje, entre otras.
Respecto de la utilidad de la versión final del mapa ELSA de Chile Paloma Toranzos, la jefa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD-Chile, ha señalado que “En tiempos en donde tenemos la certeza de que la acción humana tiene una altísima capacidad de modificación de los sistemas socionaturales en cualquier escala, pero donde al mismo tiempo, y paradójicamente, la incertidumbre sobre los escenarios futuros que dicha capacidad de cambio puede acarrear es cada vez más alta, la posibilidad de contar con herramientas e información de la calidad proporcionada por el proyecto ELSA son de altísimo valor. Difícilmente podremos prevenir, conservar, mitigar, gestionar sosteniblemente o restaurar, si no desarrollamos la capacidad de observar y usar la información y tecnología disponible de forma estratégica e integrada”.
Tras del anuncio del plan “Siembra por Chile”, realizado por el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, será el encargado de llevar a cabo tres de las acciones dadas a conocer: mejorar y crear nuevos espacios de comercialización para la Agricultura Familiar Campesina, impulsar la siembra de cultivos tradicionales apoyando la compra de insumos y apoyar a los pequeños agricultores con forraje, fertilizantes, semillas y equipamiento para riego tecnificado, etcétera, que se vean afectados por emergencias agrícolas.
Ante el actual escenario nacional y mundial, marcado por los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia por Covid-19, especialmente en el mundo rural, el Presidente Gabriel Boric anunció una serie de medidas que apuntan a la reactivación económica del país. Complementariamente a ello, el Ministerio de Agricultura dio a conocer el plan “Siembra por Chile” que tiene como objetivo impulsar la reactivación económica de la Agricultura Familiar Campesina y la producción del sector silvoagropecuario por medio de la recuperación y generación de nuevos empleos.
“Este programa incluye temas con apoyo en la seguridad hídrica, fertilizantes -que además esperamos que muchos de ellos sean agroecológicos-, mejoramiento de suelo, un programa de comercialización campesina y de nuestros pueblos y naciones originarias por todo el país, en un conjunto de proyectos que buscan acompañar y motivar al sector agrícola a tener confianza, sembrar, a pesar de la grave crisis y costos de fertilizantes, insumos y energía. Debemos sembrar por Chile y seguir asegurando la alimentación para nuestro pueblo”, dijo el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
En la implementación de este plan ministerial, INDAP tendrá un rol relevante, especialmente en aquellas tres líneasvinculadas a la AFC: mejora y apertura de nuevos espacios de comercialización de ferias y mercados agroecológicos, relanzamiento de la Expo Mundo Rural (nacional y regional), ampliación y consolidación de la Red de Mercados Campesinos e impulso a ferias temáticas (vino, miel, artesanía, turismo rural); con un presupuesto de $1.080 millones generará cerca de 5.500 empleos (directos e indirectos).
En otras de las acciones, el plan “Siembra por Chile” impulsará el establecimiento de cultivos tradicionales, entregando apoyos económicos que pueden llegar hasta los cinco millones de pesos por agricultor; tendrá un presupuesto ministerial (reasignado) de $10.000 millones y se implementará entre las regiones Metropolitana y Los Lagos, focalizando su acción en la inclusión de mujeres jefas de hogar y reactivando 10.000 empleos.
La tercera línea de trabajo en la que INDAP cumplirá un rol clave corresponde a las emergencias agrícolas que, a partir de la entrega de apoyos, busca que los pequeños agricultores recuperen el capital de trabajo afectado y sus actividades productivas; esta medida se ejecutará conjuntamente con los municipios rurales y para ello se reasignarán $14.500 millones de pesos y pretende recuperar puestos de trabajos que reactiven las economías locales.
“En el marco del programa Siembra por Chile, tendremos un rol principal y asumimos ese desafío con responsabilidad. Enfrentar la crisis climática que afecta a la agricultura como también a otros rubros productivos y, por cierto, a la sociedad en su conjunto, nos obliga a actuar rápido y con precisión para ayudar a miles de pequeños productores y productoras que requieren del apoyo de INDAP. Trabajaremos para que nuestros usuarios y usuarias accedan a ayudas de emergencia, pero con nuestros programas regulares de asesoría apoyaremos la producción con enfoque agroecológica y también la comercialización con el impulso de la Expo Mundo Rural, tanto nacional como en regiones, la Red de Mercados Campesinos, entre otras acciones”, detalló el director nacional de INDAP, Santiago Rojas Alessandri.
Con la implementación de este plan ministerial se busca, además de reimpulsar la actividad productiva de los pequeños agricultores y sus familias, asegurar el funcionamiento de la cadena de alimentos y resguardar la seguridad alimentaria y la producción agrícola.
LabCity busca reactivar la economía a partir de los retos de los gobiernos locales y las soluciones propuestas desde emprendedores y universitarios, gracias al apoyo de Corfo.
Este martes 12 de abril entre las 10:00 y 11:00 hrs. vía Zoom se llevará a cabo el lanzamiento del programa de innovación abierta LabCity, iniciativa organizada por la asociación Sinérgiame y la Universidad Austral de Chile (UACh) sede Puerto Montt, la colaboración de la Municipalidad de Puerto Montt y el apoyo de Corfo, que busca convocar a emprendedores, potenciales emprendedores GovTech y estudiantes universitarios, con el objetivo de dar soluciones tecnológicas para la modernización del gobierno local municipal.
El término GovTech proviene de las palabras inglesas Government y Technology, y reúne a las prácticas orientadas en la digitalización de procesos administrativos públicos a través de la innovación para mejorar distintos procesos y servicios a los ciudadanos, y si bien existen diversos sectores privados que cuentan con programas de innovación abierta para resolver sus desafíos a través de startups, el espacio en el sector público recién está surgiendo.
Desde la Dirección Regional de Corfo invitan a participar de este importante hito en nuestra región, donde la innovación y el emprendimiento vienen a aportar a la solución de desafíos del sector público,la tecnología está transformando el mundo y los gobiernos no pueden quedarse atrás. Es necesario que se puedan aplicar las últimas innovaciones para mejorar la vida de los ciudadanos. En esta actividad de lanzamiento expertos compartirán dos charlas: “La importancia de la colaboración entre el Estado y startup” y “La experiencia de colaborar con un municipio en Chile”.
El director de la Asociación de Emprendimiento e Innovación “Sinérgiame”, Julio Brintrup, destacó que “Labcity es un hito importante como organización, porque empezamos a hablar de desarrollo económico local desde hacernos cargo de los desafíos emanados de gobiernos locales como lo es la Municipalidad, donde startups, proyectos tecnológicos y emprendimientos dinámicos, buscan dar una respuesta, valorando la búsqueda del beneficio colectivo en este tipo de iniciativas que se han realizado exitosamente en otros sectores”.
En esa línea es que el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, invitó a inscribirse en este lanzamiento “porque sin duda se traduce como una gran área de oportunidades para abordar los requerimientos de la ciudadanía desde la innovación tecnológica del sector público para impulsar el incremento en calidad de vida a través del Smart Cities, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. De la misma forma, con el E-Goverment para proporcionar servicios más eficientes para la ciudadanía en nuestra comuna”.
La titular de Medio Ambiente realizó una presentación sobre la Ley Marco de Cambio Climático que está pronta a ser promulgada.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, participó de la primera reunión de este año del Equipo Interministerial de Cambio Climático (ETICC), instancia que forma parte de la institucionalidad del país para enfrentar el cambio climático de manera coordinada.
En la oportunidad, la secretaria de Estado expuso ante los profesionales presentes los énfasis medioambientales del Gobierno del Presidente Boric, en donde destaca impulsar una transición socio ecológica justa.
Asimismo, la ministra hizo una revisión detallada del contenido de la Ley Marco de Cambio Climático, la que ya fue despachada del Congreso y se espera que próximamente sea promulgada para dar inicio a su implementación.
Durante su presentación, la titular de Medio Ambiente también destacó los últimos informes de Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que señalan que la evidencia científica indica claramente que este fenómeno es una amenaza para el bienestar y la salud del planeta, por eso se requiere urgentemente acelerar la acción climática.
Sobre el ETICC
El Equipo Interministerial de Cambio Climático es uno de los organismos que la Ley Marco de Cambio Climático institucionaliza y que reúne a representantes de 17 ministerios, tres subsecretarías y diez distintos servicios.
Este organismo, coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, colabora en el diseño, elaboración, implementación, actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático.
La Ministra enfatizó la importancia del ETICC para lograr la transversallzación del cambio climático en todos los niveles, de manera coherente y coordinada. El rol del ETICC es crucial en la implementación del enfoque de transición socio-ecológica justa con la que se ha comprometido el Gobierno.
Un total de 250 pymes de los rubros forestal y metalmecánico, podrán iniciar un proceso de transformación digital al interior de sus empresas para mejorar sus procesos.
Poner a disposición de pequeñas y medianas empresas una cartera de soluciones y herramientas tecnológicas que les permita transitar hacia lo digital, es el objetivo de la Red de Asistencia Digital “Fortalece Pyme”, iniciativa que impulsa el Centro de Industria 4.0 de la Universidad de Concepción, financiado por Corfo y donde participan la Corporación Chilena de la Madera, Pymemad y gremios de las industrias metalúrgicas y metalmecánicas de la Región del Biobío.
El proyecto en su primer año tiene como meta alcanzar a 250 empresas, inicialmente con un diagnóstico y luego con un plan de servicios para lograr la digitalización y transformación de las pymes.
El gerente de Fortalece Pyme Biobío, Benjamín Germany, explica que el objetivo del proyecto “es la transformación digital a través de la implementación de tecnologías tanto de gestión y de administración, como también productivas. En particular se ha tomado como foco el mundo manufacturero, con un especial énfasis en el forestal maderero y en el metalmecánico”.
El director del departamento de Aserraderos y Remanufacturas de Corma, Rodrigo Inostroza, afirma que “lo que más destacamos de este proyecto es el trabajo colaborativo entre la academia, los gremios y empresas, generando un acompañamiento real y efectivo para las pymes. Ellas representan el 70% de nuestros asociados y por lo tanto son nuestra prioridad”.
Para Víctor Sandoval, presidente regional de Pymemad, este acompañamiento será muy positivo ya que ayuda a reducir “el proceso de prueba y error que muchas veces las pymes tenemos que pasar para llegar a soluciones que realmente sean útiles para nosotros, este programa nos ayuda a que ese proceso sea mucho más rápido y de mejor implementación”.
Por su parte, la gerente de Forestal Regnans, Magdalena Lisboa, valora la oportunidad ya que dentro de la empresa tienen brechas que abordar “sobre todo en el manejo de bases de datos y manejo de stock de madera en el aserradero. Todo eso quita tiempo. También tener un sitio web y el e-commerce, son cosas que podríamos implementar en la empresa y que nos ayudarían bastante”.
También valora la oportunidad de participar en este programa el gerente de ventas de Alto Horizonte, Sergio Aguilera, quien expresa que “podríamos buscar probablemente temas de KPI dentro de la producción del aserradero, lo que hoy hacemos, pero de forma incipiente. El tema de culturizarnos también es fundamental”, concluyó.
En la cita se planteó una serie de desafíos para el sector, como los costos de insumos, entre otros.
La seremi de Agricultura, Pamela Yáñez se reunió con la directiva de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), en la comuna de Los Ángeles, para analizar los temas agrícolas más relevantes a nivel regional.
Durante el encuentro, se planteó una serie de desafíos para el sector, entre ellos, la situación para enfrentar la temporada de siembra, la inversión en infraestructura de riego para la Región del Biobío y costos de los insumos, entre otros.
“Conversamos con Socabio por la relevancia que tiene para el sector, para la provincia de Biobío y a nivel regional. En esta reunión conversamos la necesidad y problemas que nos aquejan como el costo de los insumos, crisis hídricas, entre otros”, detalló la seremi Pamela Yáñez.
Mientras que el presidente de Socabio, José Miguel Stegmeier, manifestó que “planteamos las problemáticas más urgentes del día a día aquí en la provincia, el tema del agua, costo de insumos, todo lo que está pasando con el tema de la logística, que se vive en el sector agrícola”.
Ambas autoridades valoraron la instancia y destacaron seguir trabajando en conjunto para el desarrollo del mundo agrícola a nivel regional.
También se explicó el programa “Siembra por Chile”, anunciado por el ministerio de Agricultura, plan para mitigar alza de precios de alimentos.
El encuentro tuvo como finalidad dar a conocer los alcances de la nueva institucionalidad espacial de Chile y del Programa Espacial Nacional.
En el marco de la FIDAE 2022, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar, encabezó la presentación del Consejo Interministerial de Política Espacial, el cual está compuesto por los ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Transporte y Telecomunicaciones y de Bienes Nacionales. Su objetivo es dar a conocer los alcances de la nueva institucionalidad espacial de Chile y del Programa Nacional Espacial.
El Consejo Interministerial de Política Espacial, se enmarca dentro del proyecto SNSat, el cual ha sido diseñado por el Ministerio de Defensa Nacional e implementado por medio del Ministerio de Ciencia y la Fuerza Aérea Chile, iniciativa que busca llevar al país a ser un actor relevante dentro del ámbito del uso del espacio.
Respecto de la reunión interministerial, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar, dijo que esto es producto de años de preparación e investigación que culmina con una ley que establece este comité que preside este ministerio y que junto a otras carteras y en articulación con la Fuerza Aérea de Chile, “vamos a planificar y desarrollar el programa aeroespacial del país que involucra el desarrollo de satélites, pero también de tecnologías e investigaciones asociadas a la observación y las comunicaciones que serán potenciadas por este programa”.
“En estos programas de nivel nacional el Estado debe articularse para abrir espacios de inversiones, tanto públicas como privadas. Los ministerios desde sus propias atribuciones deben contribuir a esto, obteniendo insumos y entregando ideas respecto a áreas en las que este programa puede tener aplicaciones relevantes para su propio ministerio”, agregó.
Las mujeres y los niños son los más afectados por el cambio climático que profundiza las desigualdades y vulnerabilidades que ya enfrentan como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y los derechos humanos básicos. Sin embargo, las mujeres no son víctimas: son sobrevivientes, creativas y multiplicadoras de soluciones que merecen participar en la toma de decisiones. Dos activistas colombianas nos explican por qué.
El cambio climático no es neutral en cuanto al género se refiere, y para la activista Fátima Muriel, este hecho es demasiado real para miles de mujeres en su país de origen, Colombia.
En 2017, un desastre de grandes proporciones golpeó su ciudad natal Mocoa en el departamento de Putumayo. Justo antes del amanecer del sábado 1 de abril, lluvias inusualmente fuertes provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que sepultaron varios barrios y sus habitantes a lo largo de las orillas de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato.
Aunque la región, situada en el extremo sur de los Andes en Colombia, es conocida por sus lluvias frecuentes, ese año Mocoa recibió un tercio de la cantidad de lluvia que cae en un mes en una noche, y quienes pagaron por este cambio en los patrones climáticos fueron principalmente las mujeres y los niños.
“El 90% de las víctimas fueron mujeres. Ocurrió un viernes, que es cuando todos los hombres salen a parrandear y las mujeres se quedan en la casa cuidando a la abuela, a los niños y atendiendo a todos. A algunas mujeres las encontramos hasta con dos hijos amarrados en su cuerpo ahí ahogados, eso fue desastroso”, Fátima narra a Noticias ONU.OCHAEl desastre de Mocoa en 2017 causó la muerte de al menos 300 personas.
‘¡Es por esto por lo que luchamos!’
Mocoa estuvo sin electricidad ni ningún tipo de comunicación durante varios días, en algunas zonas, durante semanas. Fátima fue testigo de lo peor de la tragedia antes de viajar a la capital para buscar ayuda.
Varias agencias de la ONU y otras organizaciones sin fines de lucro se hicieron presentes después del desastre.
“Yo pensé que no íbamos a salir de esa crisis tan horrible allá. A mí me dolió mucho tener que cavar fosas comunes para enterrar niños de 3 y 4 años, sin contar aquellos que sobrevivieron a la avalancha, pero no pudieron volver a encontrar su casa y se perdieron. ¿Ellos qué culpa tienen de todo esto?”
Aunque las autoridades lo han considerado un “desastre natural” potenciado por el cambio climático, expertos académicos y activistas afirman que otros factores, incluida la deforestación en las montañas, podrían haber contribuido a la tragedia que mató a más de 300 personas y afectó a 45.000.
“Es por esto que luchamos, no queremos que vuelva a ocurrir. Putumayo está en medio de dos grandes montañas. Al escarbar esas montañas, las petroleras y mineras lo que hacen es desestabilizarlas y eso hace que los ríos se desborden cuando llueve”, denuncia la activista.
Fátima Muriel es la presidenta de la red de mujeres Tejedoras de Vida, que comprende 120 organizaciones femeninas en la región que buscan protegerse y apoyarse entre sí.
Ellas también reclaman abiertamente su derecho humano a un medio ambiente sano, incluso a costa de poner en riesgo sus vidas.Alianza Tejedoras de VidaFatima Muriel, Presidenta de la Organización Alianza Tejedoras de Vida.
Mujeres sobrevivientes
Lamentablemente, el dolor que enfrentaron las mujeres y los niños tras la tragedia en Mocoa es solo la punta del iceberg, ya que los habitantes del Putumayo han tenido que luchar desde hace décadas por su derecho a la vida al estar en el centro del conflicto colombiano.
Putumayo fue un bastión de la guerrilla de las FARC, la región sufrió masacres y desapariciones a manos de grupos paramilitares así como violaciones de derechos humanos por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, como se documenta en informes realizados a través de los años por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Además, el departamento es tierra fértil para la hoja de coca, por lo que su propio suelo fue víctima de una campaña masiva de fumigación aérea lanzada a principios de la década de los 2000 como parte de la guerra de los gobiernos contra las drogas. En las zonas rurales, la fumigación es vista como una causa de graves problemas económicos, ambientales y de salud.
Según Fátima, las mujeres han pagado el precio más alto por todas estas circunstancias: han sido sometidas a esclavitud sexual, prostitución y trabajo forzado, mientras otras han sido violadas, asesinadas o desaparecidas.
Como víctimas y sobrevivientes, las mujeres han tenido que asumir la carga familiar provocada por el desplazamiento o el hambre derivada de las fumigaciones que no solo erradican la hoja de coca, sino que destruyen otros cultivos y contaminan los ríos.
Testigo del dolor
La propia Fátima ha sido víctima de la guerra. Grupos armados desplazaron a toda su familia luego de apoderarse de sus tierras y secuestrar y atacar a su esposo dejándolo discapacitado.
“A dos de mis hermanos también los mataron las FARC y mi cuñado sigue desaparecido. Es por eso por lo que trabajo con otras mujeres que han sufrido lo que yo sufrí”, la activista cuenta a Noticias ONU sin poder contener las lágrimas.
Supervisora de educación de profesión, Fátima ha viajado por toda la región y sido testigo de una violación sistemática de derechos humanos, especialmente a mujeres y niños, incluso en las zonas más remotas y aisladas.
Ella ha acompañado y apoyado a docentes de comunidades rurales víctimas del conflicto armado, se enfrentó a los exguerrilleros de las FARC para detener el reclutamiento forzado de niños y niñas, acompañó a madres en la búsqueda de sus hijos y esposos desaparecidos por grupos paramilitares, y fue testigo de los asesinatos de maestros y líderes sociales.
“En uno de mis viajes al municipio de San Miguel, vereda San Carlos, cinco taxis fueron quemados con sus ocupantes, las puertas de las escuelas tenían marcas de disparos de diferentes tamaños, mientras que mujeres asesinadas yacían en el suelo con sus genitales y senos completamente destruidos”, narró durante una entrevista en 2020.Lucía Benavente LisoArtesanías elaboradas por una víctima de la violencia en Colombia, beneficiaria de Mocoa programa Formándonos para el Futuro.
Una red de esperanza
La red Mujeres Tejedoras de Vida, nacida como respuesta a la crisis humanitaria desatada por la guerra en Putumayo, se encuentra en funcionamiento desde 2005.
“Lo más importante en nuestra organización es llenar de esperanza a las mujeres, ellas son las que crían y cuidan a los niños. Donde deja de existir una mujer, se destruye un hogar, por eso nos llamamos tejedoras de vida porque tejemos todos los proyectos, programas, ideas, sueños, y esperanzas. Es como tejer y no permitir que nadie vuelva a romper las fibras como sucedió durante la guerra”, explica la activista.
La red se centra en tres prioridades: derechos humanos y consolidación de la paz; políticas públicas; y cultura y el medio ambiente. Ellas llevan a cabo sesiones de capacitación para ayudar a educar a las mujeres sobre sus derechos y brindarles habilidades prácticas. También les ofrecen apoyo psicosocial, recreativo y legal.
Hasta ahora han subsistido solicitando subvenciones de organizaciones internacionales, incluidas algunas agencias de la ONU y países europeos que las ayudan a implementar proyectos específicos para apoyar el empoderamiento de las mujeres.
“Estaba trabajando con otras organizaciones y docentes, y en un momento contamos 1000 mujeres asesinadas y nos preocupamos mucho por los niños que quedan solos. Ahí nos dimos cuenta de que teníamos que organizarnos y ayudarnos”, dice, y agrega que desearían tener más recursos para ir más allá de su trabajo actual, y poder tener la capacidad de acoger a mujeres y niños desplazados.
Fátima hizo parte de un panel de mujeres líderes que abordaron los riesgos de seguridad relacionados con el clima durante la sexagésima sexta sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) celebrada en marzo en la sede de la ONU en Nueva York.Mision de Verificación de la ONU en ColombiaPutumayo, Colombia.
Luchando por un medio ambiente sano
Actualmente, 150 mujeres integrantes de la organización están creando un mapa de todos los ríos de su territorio y las actividades de las industrias mineras y petroleras, así como los proyectos del Estado que están afectando o pueden afectar su calidad de vida.
“La mayoría de las mujeres en Putumayo han sido desplazadas por el conflicto. Ellas han encontrado un hogar en las orillas del río porque así no tienen que pagar por el agua. El agua es vida para ellas y sus familias, por eso luchan para que sea limpia y no contaminada por las grandes empresas. Si a esto le sumas las inundaciones provocadas por el cambio climático esto significa que estas mujeres se están viendo hasta tres veces afectadas”, explica.
Natalia Daza, quien trabaja para la ONG colombiana DeJusticia como investigadora de justicia ambiental, explica a Noticias ONU que los estudios muestran que cuando los ríos están contaminados, las mujeres son las primeras en darse cuenta.
“Esto cambia la productividad de los cultivos, lo que lleva a una mayor inseguridad alimentaria. Los estudios han demostrado que las mujeres tienden a pasar la comida a sus hijos, a sus padres, a sus maridos… y siempre son las últimas en comer”, afirma la experta.
La realidad es que, tal como sucede durante las guerras, la carga de los impactos climáticos y ambientales recae predominantemente sobre las mujeres y los niños.
La razón es la vulnerabilidad: más del 70% de las personas más pobres del mundo son mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a los derechos humanos básicos, como la libertad de circulación o la capacidad de adquirir tierras. Sin embargo, constituyen hasta el 70% de la mano de obra agrícola en algunos países.
Esto significa que cuando ocurren desastres o fallan sus cultivos de subsistencia, no tienen los medios para hacer frente. Además, también se enfrentan a una violencia sistemática, que aumenta durante los períodos de inestabilidad. Esto incluye el matrimonio infantil, el tráfico sexual y la violencia doméstica.
Una investigación realizada en China por ONU Mujeres, por ejemplo, también mostró que más allá de la falta de acceso a recursos y protección, la mayoría de las mujeres de ese país (hasta el 80 %) no estaban familiarizadas con los planes de emergencia para desastres. Esto las hace más vulnerables a eventos climáticos extremos, como el que azotó a Mocoa.
Mientras tanto, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente afirma que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, y estas también tienen un mayor riesgo de quedarse sin hogar, así como de ser víctimas de violencia sexual y enfermedades.
Según la agencia, existe además un consenso global emergente de que el cambio climático pondrá presión sobre los sistemas económicos, sociales y políticos que sustentan a cada nación.
Y es que el cambio climático es un “multiplicador de amenazas” que agrava situaciones ya frágiles y puede contribuir a aumentar las tensiones y el conflicto social.
“De hecho, el cambio climático crea condiciones que exacerban el conflicto armado en Colombia. Se ha reportado que ha habido un mayor número de disputas relacionadas con el acceso al recurso hídrico en los últimos años, y se sabe que quienes son mayormente desplazadas por estos conflictos suelen ser mujeres afrodescendientes”, agrega Natalia.
Así, el cambio climático es una causa y una consecuencia cuando se habla de conflicto y sus variadas repercusiones, y las mujeres y los niños son los más afectados por ambos problemas.
“Cuando las condiciones del suelo se deterioran por el cambio climático, ya sea por cambios en las precipitaciones o aumento de las temperaturas extremas, se traduce en condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones. Esto hace que los jóvenes sean más propensos a ser reclutados por grupos armados por la falta de oportunidades y el hambre”, explica Natalia.
Los desastres naturales exacerbados por el cambio climático también afectan el futuro de los niños y su educación.
“Cuando las niñas dejan la escuela, hay una alta probabilidad de que no regresen. Y esto sucede cuando ocurren desastres y los servicios esenciales como la salud y la educación no se restablecen rápidamente. Las más afectadas siempre son las mujeres”, añade Daza.Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Laura SantamarìaLas mujeres y los niños se enfrentan a las peores consecuencias de los conflictos y el cambio climático.
Circunstancias complejas
Pero en Putumayo, los riesgos que enfrentan las mujeres lideresas sociales y defensoras ambientales es aún mayor.
“Las mujeres ambientalistas son las que corren mayor riesgo. Están comprometidas con el territorio, un territorio que está en disputa por muchos actores armados, son las más desfavorecidas y están en peligro”, advierte Fátima Muriel.
La activista cuenta que algunas mujeres en Tejedoras de Vida han recibido amenazas por exigir su derecho a un medio ambiente sano, y algunas incluso han sido asesinadas.
“Hemos tenido que ir a recoger sus cuerpos cuando las matan. Hemos tenido que ver a niños que se quedan solos. Es muy doloroso”.
Fátima agrega que, lamentablemente, la guerra ha regresado a su territorio, con varios grupos de disidentes de las FARC y otros actores armados que ahora están obligando a las mujeres a cultivar hoja de coca y venderla al precio que quieran, amenazando sus vidas si se niegan.
“Cuando se firmó el acuerdo de paz, nosotras pensamos que la guerra al fin había terminado. Estábamos realizando tantos proyectos para las 3000 mujeres a las que ayudamos, todas víctimas de la violencia. Pero la guerra se ha recrudecido nuevamente, con grupos armados tomando los mismos territorios donde antes estaban las FARC”
Según el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, al menos 100 defensores de derechos humanos, incluidas defensoras ambientales, fueron asesinados en 2021.Mision de Verificación de la ONU en ColombiaLas FARC en Putumayo entregaron sus armas en 2017 como parte del Acuerdo de Paz de Colombia. Aquí la ONU las transporta en un contenedor.
Políticas de seguridad y medio ambiente
Fátima afirma que se necesita una política de seguridad para proteger a las mujeres ambientalistas, incluso de los propios actores legales.
“Están expuestas. Las grandes empresas han militarizado el territorio y cuando intentan intervenir y detener la contaminación de los ríos y el mercurio, se exponen a ataques o a ser judicializadas como criminales”, lamenta, y agrega que cualquier proyecto de desarrollo debe venir con garantías y protección ambiental para las comunidades.
“Vienen con kits, gorras y mochilas para la gente. Pero ¿de qué te sirve eso hoy, si mañana no vas a tener agua para vivir?”.
Natalia Daza, quien también participó del panel de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer apoyado por la Oficina de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, explica que las industrias extractivas, e incluso algunas de energía renovable, a menudo vienen junto con actores de seguridad estatales y no estatales.
“En muchos casos, estos actores están para proteger la mina o el proyecto, pero también para desalentar la oposición, que termina amenazando a los líderes sociales, especialmente a las defensoras ambientales”, explica.
Natalia argumenta que los actores de seguridad, si están involucrados en la política climática, deben partir de una “idea de seguridad humana” cuando actúan, teniendo en cuenta las consideraciones ambientales.Noticias ONU/Laura QuiñonesFatima Muriel y Natalia Daza visitan el estudio de Noticias ONU en Nueva York.
Otro tema que señala es que actualmente en Colombia no existen leyes específicas sobre participación comunitaria en la elaboración de leyes ambientales.
“No hay mecanismos para asegurar que las comunidades puedan decidir si quieren actividades extractivas en sus territorios y la información que tienen disponible para ir en contra de los proyectos es muy difícil de leer. En otros países hay recursos para que la gente haga contraestudios sobre el sitio donde, por ejemplo, se va a montar una mina, pero en Colombia eso no existe, entonces la gente está tratando de hacer lo que puede. Y cuando intentan ir a una audiencia pública, que ni siquiera define nada, los amenazan”, denuncia Daza.
El informe de 2020 de ONU Derechos Humanos nota la contaminación por mercurio en algunos ríos de Colombia, que afecta particularmente a los pueblos indígenas, afrocolombianos y comunidades rurales.
Asimismo, expresa su preocupación por las consecuencias negativas de las medidas antinarcóticos, como el efecto de la fumigación aérea en la seguridad alimentaria, así como sus impactos adversos en la salud y la privación de medios de subsistencia.
La Oficina también ha documentado casos de proyectos controlados por el Estado y empresas mineras privadas que han impactado negativamente el derecho de las poblaciones rurales a un medio ambiente seguro, limpio y saludable.Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Laura SantamarìaUn mural en una zona rural de Colombia muestra la relación entre las mujeres y el medio ambiente.
La ‘ética del cuidado’ como solución
Fátima Muriel y Natalia Daza son ambas de Colombia, pero provienen de entornos, ciudades y experiencias muy diferentes. Sin embargo, coinciden de manera contundente en cuál es la solución para proteger el medio ambiente y hacer que su país sea más pacífico y resiliente: la participación de las mujeres.
“Las mujeres tienen que estar involucradas en la prevención de desastres, tienen que estar involucradas en la adaptación al cambio climático, en la educación, en la salud, porque somos el 50% de la población”, insta Fátima. Natalia dice que la clave está en la ‘ética del cuidado’, una teoría ética-normativa desarrollada por feministas en la segunda mitad del siglo XX.
“La ética del cuidado nos muestra que hay mejores formas de relacionarnos con la naturaleza, con los demás, y de construir un planeta saludable e igualitario para todos, incluidos los más jóvenes”.
Ella argumenta que actuar a partir de este marco moral como punto de partida significaría que las comunidades son alertadas de los desastres a tiempo, por ejemplo.
“Cuidar a los demás es asegurarse de que tengan la información para tomar decisiones en el momento oportuno. También significaría que los recursos estarían mejor distribuidos”.
La experta pone como ejemplo el huracán Iota que diezmó la isla colombiana de Providencia en 2020.
“Había estudios sobre cómo Providencia era altamente vulnerable al cambio climático, pero las estrategias de resiliencia no se habían implementado por completo, y eso deja a la gente sin atención, los deja solos. Si las personas se quedan atrás, no hay atención para ellas, desde una perspectiva feminista de cuidado esto nunca hubiera sucedido”, explica Natalia.
“Cuidarlos sería asegurarse de que tengan los recursos para ser más resilientes, asegurarse de que dispongan de la información necesaria para tener opciones y apoyo después del desastre. Ha pasado más de un año desde el huracán y muchos servicios todavía no funcionan, incluyendo de salud y educación”, añade.
Mujeres como Fátima, Natalia y las 3000 integrantes de la red Tejedoras de Vida son un ejemplo de lo que significa ser un “multiplicador de soluciones” frente al ‘multiplicador de amenazas’ que es el cambio climático.
“No somos enemigos de los hombres sino del sistema patriarcal. El sistema que tanto daño nos ha hecho. Por eso tenemos que luchar, para que los programas, los gobiernos y las instituciones trabajen con las mujeres. Mientras no participemos, no habrá paz”, concluye Fátima.
A través del programa de acompañamiento Fortalece TP y con la asesoría directa de Inacap y Chile Dual, el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo -CILED- , acompañará a liceos técnicos profesionales con el fin de mejorar su vinculación con el sector productivo y la educación superior, potenciando la continuidad entre las distintas etapas de la trayectoria educativa de los y las estudiantes de Educación Media Técnico Profesional.
Entendiendo el desafío que conlleva liderar establecimientos técnico profesionales (TP), el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, CILED–conformado por 5 instituciones: Universidad del Desarrollo, Universidad de Tarapacá, INACAP, Chile Dual y el Tecnológico de Monterrey-, acompañará durante 7 meses a 36 liceos TP de todo el territorio nacional, con el fin de formar a líderes educativos en procesos de alternancia con la educación superior y el sector productivo, potenciando la continuidad entre las distintas etapas de la trayectoria educativa de los y las estudiantes.
«Nos encontramos en un contexto desafiante: en un mundo post pandemia en el que, tanto la educación como las dinámicas socio productivas son distintas, en constante cambio. Los y las estudiantes tienen una nueva noción de trabajo: sus ideales y decisiones los conducen a proyectos diversos y más complejos que las generaciones anteriores. Así, la Educación Media Técnico Profesional es una alternativa formativa que debe entregar libertad a jóvenes para que puedan tomar decisiones sobre sus proyectos de vida, asegurando la continuidad entre las distintas etapas de su trayectoria» señala Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del CILED, enfatizando la importancia de éste programa.
Este es el segundo año consecutivo que el CILED lleva a cabo programas de acompañamiento Fortalece TP, los cuales, durante 6 a 8 meses, trabajan junto a los equipos directivos de liceos TP con el fin de potenciar su vinculación, ya sea con la educación o el sector productivo.
La Dra. Valentina Echeverría Morán obtuvo en Estados Unidos la patente de invención para el compuesto, resultado de una investigación de la USS en conjunto con el “Departamento de Asuntos de los Veteranos”, institución en que la Dra. Echeverría es también investigadora principal.
Cerca del 40% de las personas que padecen depresión por estrés postraumático y depresión por estrés crónico son resistentes a los tratamientos farmacológicos que existen hoy en el mercado, incluyendo ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos, que además generan efectos secundarios no deseados.
Con esa necesidad en mente, la Dra. Valentina Echeverría Morán, investigadora de la Universidad San Sebastián sede Concepción, se propuso crear un nuevo compuesto farmacéutico basado en productos naturales con propiedades terapéuticas, que no tuviese efectos colaterales. Así, diseñó una formulación de uso nasal, cuyo principal componente es la cotinina, un alcaloide presente en plantas como papas, berenjenas, tomates y tabaco.
En marzo fue concedida la patente de invención en Estados Unidos para este compuesto, obtenida en conjunto con el “Departamento de Asuntos de los Veteranos”, institución estadounidense en la que la Dra. Echeverría es también investigadora principal, y que ha apoyado sus estudios en Chile dado el interés por enfrentar los trastornos que sufren los veteranos de guerra.
De acuerdo con un estudio realizado por la investigadora y su equipo en modelos animales, la cotinina intranasal sería capaz de prevenir los síntomas relacionados al estrés (como las alteraciones cognitivas) y restablecer el equilibrio del estado de ánimo. Además, previene los cambios anormales a nivel de las células de las regiones del cerebro fundamentales para la resiliencia al estrés. Los resultados de este estudio fueron publicados en la prestigiosa revista Experimental Neurology (2020).
La académica destaca que todo el trabajo tras esta innovación fue realizado en el país. “Eso tiene mucho valor, porque demuestra que, como investigadores chilenos, y aquí en la Universidad San Sebastián, estamos en capacidad de originar un producto de primer nivel mundial”, señala, recalcando también el valor del trabajo colectivo que hizo posible este logro.
“Los frutos del trabajo sólo pueden darse cuando existen las condiciones adecuadas, y en ese sentido, la Universidad ha ido desarrollando las capacidades para que esto sea posible. Es una muestra del avance que ha logrado en estos últimos años”, comenta.
Valor agregado a nuestros recursos marinos
La formulación diseñada por la Dra. Echeverría contiene además aceite de krill, un antioxidante rico en omega-3 y astaxantina -también presente en los arándanos, moras, granadas y el maqui-, los cuales previenen el estrés oxidativo, reducen los efectos nocivos del estrés sobre la función cerebral y mejoran las capacidades cognitivas.
La investigadora destaca que el krill es un recurso que no ha sido aprovechado suficientemente en el país. “Utilizar el krill del sur de Chile en productos elaborados permite darle un valor agregado, en lugar de únicamente venderlo a precios muy bajos a otros países como Noruega y Canadá, que sacan mucho provecho de este recurso”, señala.
Agregar el aceite de krill a la fórmula, explica, no solo permite facilitar la absorción intranasal de la cotinina, sino que añade un factor antioxidante que potencia su acción.
Una necesidad urgente en tiempos de crisis
“A diferencia de otros tipos de enfermedades mentales menos complejos, el trastorno de estrés postraumático no responde adecuadamente a los fármacos actuales, lo que conlleva una mayor susceptibilidad a otras enfermedades, demencia, problemas cardiovasculares, dolor crónico, entre otros”, señala la Dra. Echeverría.
En ese sentido, sostiene que la alternativa que representa este potencial tratamiento es una necesidad urgente en las circunstancias actuales, con situaciones de crisis simultáneas a nivel global como la guerra en Ucrania, la pandemia, los conflictos sociales, el cambio climático, entre otros.
Si bien este nuevo compuesto podría a ayudar a cualquier persona aquejada de estrés o ansiedad, está dirigido fundamentalmente a personas con enfermedades psiquiátricas más graves y resistentes, como es el estrés postraumático. Asimismo, la investigadora destaca que la aplicación intranasal del compuesto permite utilizarlo en situaciones de emergencia y episodios críticos, ya que permite una llegada rápida al cerebro.
Con la patente concedida, el siguiente paso es realizar un estudio clínico y atraer inversiones para desarrollar el producto, para luego realizar el proceso de concesión de licencias de la patente, y con ello la producción del fármaco a gran escala. Para esta fase se cuenta con el apoyo conjunto de las oficinas de transferencia y licenciamiento de la Universidad San Sebastián y del Departamento de Asuntos de los Veteranos, entidades clave en la obtención de esta patente.
